El presupuesto de Obras Públicas para 2020 garantiza la financiación de las obras ya empezadas

Los presupuestos de la consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda contarán con 90 millones de euros fruto del convenio de carreteras del 2018, más 57 millones de fondos propios que garantizarán que las obras ya iniciadas finalicen y no causen en caso contrario “un perjuicio mayor”.

Así lo ha expresado la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Carolina Darias, en su comparecencia este jueves en la comisión parlamentaria para hablar sobre los presupuestos del departamento para 2020 en sustitución del consejero del área, Sebastián Franquis, de baja temporal tras sufrir un infarto el pasado mes.

La consejería contará con un presupuesto para el área de Obras de 363 millones de euros para el 2020, un 14% inferior respecto a la anterior partida (422 millones) porque en el convenio de carreteras solo aparece una parte hasta que el nuevo Gobierno de España formalice su compromiso de entregar lo restante.

Darias ha explicado que existe un compromiso por parte del Gobierno de España de incorporar los 400 millones restantes al convenio del 2018, y que con respecto a los 101 millones que adeudaban del convenio del 2017, se incorporaron en su momento 37,5, pero faltaban casi sesenta, que serán fondos propios.

“Es el tránsito intermedio hasta que, una vez constituido el Gobierno de España, se incremente al nuevo convenio del 2018. Estos 57 millones de fondos propios tienen como única finalidad que no se paren las obras que están en marcha y no causar un perjuicio mayor, pero con la reivindicación de que los compromisos adquiridos sean incorporados al nuevo convenio tan pronto se constituya ese nuevo Gobierno”, ha añadido. En ese caso, ha agregado, se salvaría la diferencia actual y se demostraría, según Darias, que la inversión en esta cartera seria “superior” a la anterior partida.

Según Darias, el Gobierno de Canarias está “determinado” a recuperar todo el dinero que le corresponde del convenio de carreteras, pero, ha añadido, también se quiere evitar una sentencia judicial que lo haga posible. “Vale más un mal acuerdo que un buen pleito. Pero es que este es un excelente acuerdo (con el Gobierno de España)”, ha subrayado la consejera.

Todo esto se debe, entre otros asuntos, a que los convenios tienen unas anualidades y unos “arrastres” de convenios anteriores, lo que provoca toda una serie de parámetros normativos a los que deben ajustarse.

Las cuentas en Obras Públicas, en todo caso, están “consensuadas” con todos los cabildos insulares para que, de esta forma, el Ejecutivo regional sepa cuáles son las obras de mayor interés en cada isla, un detalle que han alabado la mayoría del resto de grupos.

Han dispuesto igualmente 35 millones de euros para compensar al transporte marítimo de residentes, 2 millones para la descarbonización del transporte de mercancías, un millón y medio al transporte de combustibles en las islas verdes o 600.000 euros para la innovación del sector del taxi.

Además, el Gobierno tiene previsto invertir 27,5 millones para la política tarifaria y la renovación de la flota del transporte público, 10 millones para el bono residente canario y otros 10 millones para los planes de movilidad urbanos sostenibles (PMUS), entre otros.

En cuanto a la vivienda, una materia “de obligado cumplimiento”, según Darias, se incrementará un 19,5% la dotación al Instituto Canario de Vivienda (94 millones de euros totales), una de las medidas, ha añadido, que posibilita la inclusión social y rebaja la desigualdad social.

Se aumentará con respecto a las anteriores cuentas la dotación al fomento de las viviendas protegidas (47,8 millones), promoción de la vivienda pública (18,4 millones), así como 500.000 euros para el programa 'Canarias + Vivienda x Familia', que aborda el alojamiento temporal de familias.

También se tratará de crear una bolsa de vivienda vacía (2 millones de euros) para, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos; de fomentar la adquisición de suelo (de 3 a 5,6 millones de euros); y distintas medidas para la “solución habitacional” y la posibilidad de alquilar viviendas de jóvenes (3 millones de euros).

Los cuatro ejes sobre los que pivota esta partida presupuestaria del área responden, ha insistido Darias, a los criterios de “sostenibilidad, eficiencia económica, vertebración del territorio y conectividad”, además de la “cohesión social”. Todos los grupos parlamentarios han coincidido en que las cantidades que el Estado adeuda a Canarias del convenio de carreteras deben reclamarse.

Pero el diputado del grupo mixto Ricardo Fernández ha mostrado dudas en torno al compromiso del Gobierno canario sobre dichas cantidades, y ha calificado a los presupuestos de “continuistas”.

La diputada de Nueva Canarias, Esther González, ha reprochado al grupo nacionalista de Coalición Canaria que “engañase” a la ciudadanía en anteriores mandatos con unos proyectos presupuestales en materia de carreteras que, a su juicio, eran “mentira”.

Una crítica similar, aunque en otro apartado, ha expresado el diputado por Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, a Coalición Canaria, porque, en su opinión, las políticas en materia de vivienda fueron “un erial” cuando es “fundamental” para que los ciudadanos establezcan proyectos de vida “estables”.

Y el diputado del grupo popular, Manuel Domínguez, ha lamentado que “en términos generales” los presupuestos se reduzcan a subir la carga impositiva y ha considerado que también reducen la inversión.