Primera sentencia firme por fraude fiscal
Pocos días después de que la Audiencia Nacional haya sentenciado por segunda vez en un año de que dos administradores de la entidad Playa de Las Teresitas SA deben abonar más de once millones de euros por el impago del impuesto de sociedades en 1998 tras la venta de los terrenos a Inversiones Las Teresitas (ILT) ahora acaba de trascender el primer fallo firme. Se trata del que se refiere a José Antonio Joan Bagué al que a finales de 2012 ya la Audiencia había ratificado la obligación de pagar 6,2 millones por el impuesto y una sanción de más de 4,7 millones.
En realidad el contenido de todos estos pronunciamientos son básicamente iguales. La entidad poseía más del 59% del parcelario de la playa y tras recibir 18,7 de los 33 millones que abonó la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia no declaró el impuesto de sociedades, sino que dejaron en manos de sus miembros que estos ingresos figuraran como incrementos del patrimonio.
La estrategia no dio desde luego el resultado esperado y ahora se están produciendo una serie de sentencias condenatorias a los antiguos administradores como responsables subsidiarios. En teoría una vez que ya existe una sentencia firme sobre Bagué y que hace escasas fechas se produjo un primer pronunciamiento en este sentido sobre el también antiguo tesorero de la Junta de Compensación, Clemente Martín, se espera que pueda ocurrir lo mismo con los demás administradores. Se trata de Jerónimo Delgado, presidente de la Junta, y de Mauricio Hayek, asesor de ambas entidades.
Todos ellos, además, permanecen como acusados por supuesta apropiación indebida dentro de una de las piezas separadas del caso de Las Teresitas y la Fiscalía les solicita penas de entre cinco años y medio y ocho de cárcel y el abono de dos millones de euros por parte de Hayek.
Multas inasumibles
Precisamente, al abogado se le considera el cerebro que ideó esta estrategia para eludir las obligaciones fiscales y que ahora está dando lugar a multas que superan las ganancias obtenidas por los antiguos propietarios y resultan inasumibles para los mismos. Bagué señala en su defensa que no se encuentra acusado de dentro de la causa penal y apunta a Delgado y Hayek como auténticos culpables de este desaguisado, “como causantes solidarios de la infracción tributaria”.
Bagué estima que deben ser ellos los que afronten estas multas y no los posibles responsables subsidiarios, entre los que se encuentra. El ex administrador argumentó sin éxito razones de salud y que en el momento de los hechos ya no ostentaba el cargo de administrador.
Pero de poco o nada ha servido ya que el Supremo incluso le obliga a pagar las costas judiciales que pueden ascender a 6.000 euros.
