El PSC pide transparencia en los contratos menores
El PSC en el Cabildo de Gran Canaria defenderá este viernes una moción en el pleno con el objeto de que la Corporación establezca convenios de colaboración con los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros, para que éstos establezcan una rotación de profesionales del sector a la hora de adjudicar los contratos menores relacionados con estudios y trabajos técnicos previos a proyectos de inversión.
En el Presupuesto General de Gastos del Cabildo Insular se prevén dos tipos de partidas que tiene como objeto la elaboración de estudios y detalles de proyectos, con vistas a implementar servicios o inversiones futuras. Estas partidas son: Estudios y Trabajos Técnicos, en el Capítulo II, y Honorarios y Proyectos Técnicos, en el Capítulo VI.
“La gran capacidad financiera del Cabildo Insular, a pesar de la crisis, le sigue otorgando la posibilidad de realizar las inversiones que, para otras administraciones, son inviables”, explica el viceportavoz socialista en la Corporación insular, Augusto Hidalgo. En los últimos años el plan de inversiones del Cabildo ha rondado los 100 millones de euros, lo que lleva aparejado la redacción de estudios y análisis previos que den cobertura a la realización de los mismos, así como la evaluación de los costes de los proyectos futuros que el Cabildo de Gran Canaria tenga previsto desarrollar.
En total, los gastos previstos superan los 2.600.000 euros, a lo que hay que añadir que, sólo en los dos últimos meses ,se han remitido a aprobación del pleno modificaciones de crédito por valor de más de 400.000 euros en estos dos conceptos para proyectos que se reparten en cuantías que van de los 10.000 a los 50.000 euros.
El Grupo Socialista denuncia el “troceo” de las cuantías presupuestarias en proyectos cuyos costes son inferiores a los estipulados en las partidas, que determinan la utilización de procedimientos de contratación directa, al tratarse de contratos menore,s o, en muchos casos, utilizando el procedimiento negociado sin publicidad. “Se trata de millones de euros anuales adjudicados por procedimientos que no se corresponden con concursos públicos, dada la escasa cuantía de los mismos, de forma individualizada. Se hacen de forma legal, justificados incluso por el hecho del volumen y diversidad de acciones planificadas por una institución como el Cabildo que, en virtud de sus competencia, tiene la capacidad de adjudicar obras y servicios de gran cuantía e importancia que, indefectiblemente, precisan de estudios y trabajos previos, así como la elaboración de los proyectos pertinentes”, señala.
En este sentido, Hidalgo señaló que “en los últimos meses hemos vivido el esperpento relacionado con las adjudicaciones de los concursos de los Complejos Medioambientales, que dio pie a que se pusiera de manifiesto la ingente cantidad de contratos que, sólo Obras Públicas, adjudica de forma directa o con procedimientos negociados sin publicidad”. “La manera de evitar suspicacias y profundizar en la transparencia de la gestión del dinero público empieza por garantizar la rotación de los profesionales cualificados en el reparto de estos contratos, impidiendo la acumulación de contratos por un despacho profesional u otro”, añade Hidalgo.
Las cantidades que maneja el Cabildo en esta materia “son inmensas, más si pensamos en la que está cayendo”. Además, los socialistas afirman que están repartidas por varias consejerías, aunque sean Obras Públicas, Planeamiento, Medio Ambiente y Presidencia las que concentran el mayor gasto.
“La discrecionalidad no puede ser la herramienta del Gobierno del PP para adjudicar contratos. Tiene que haber un consenso con los colegios profesionales, ya que es en ellos donde está representado el colectivo del sector, donde pueden establecer una prevalencia justa en la adjudicación de proyectos y estudios. Es lo mínimo que se puede exigir hoy a los responsables de lo público”, concluyó Hidalgo.
