SCTF estudia expropiar viviendas a los bancos
El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín Bethencourt, se muestra proclive a estudiar que en la capital tinerfeña se aplique una medida semejante a la puesta en marcha en la localidad valenciana de Alzira por medio de la cual se obliga a que tanto los bancos como los particulares propietarios de viviendas garanticen su adecuado mantenimiento.
En caso contrario procederán a su expropiación para alquilarlas a personas que han sido desahuciadas o se encuentran atravesando una delicada situación económica. “La idea me parece bien pero habría que estudiarla mucho y hacerlo con muchas condiciones”, señaló. De hecho, en la ordenanza que en estos momentos tramita la Gerencia de Urbanismo ya se contempla la posibilidad de expropiar las propiedades que se encuentran en estado de abandono por parte de sus dueños en caso de que estos se nieguen o no puedan repararlas.
La ordenanza ha permanecido en exposición pública sin que al concejal le conste que se hayan presentado hasta ahora alegaciones. Según se recoge en la texto la expropiación, sin embargo, sería un recurso “extraordinario y alternativo” y se aplicará “cuando confluyan motivos de interés general, y en su caso, cuando los trabajos y obras a realizar rebasen el límite del contenido normal del deber de conservar y no sea efectiva la ejecución subsidiaria” por parte del Ayuntamiento.
Los dueños de las casas que sean expropiadas recibirán un justiprecio y si se trata de su residencia habitual el Ayuntamiento de Santa Cruz tendrá que garantizarles el realojo, poniendo a su disposición viviendas en las condiciones de venta o alquiler en régimen de protección pública. Un extremo este último que no ocurriría en el caso de las entidades bancarias a las que se les desahucie las propiedades. “Estamos hablando de expropiar edificaciones que se encuentren en un estado deplorable, no sería lo habitual sino el último recurso”, matiza el concejal. La novedad ahora sería que una vez que el Ayuntamiento recupere esas viviendas que pertenecen tanto a particulares como a bancos se les daría un uso social.
En el caso de la Corporación local valenciana ya se cuenta con una partida inicial de 400.000 euros para poner en marcha esta iniciativa de los que la mitad se destinarán a la compra de las viviendas y el resto a un programa de empleo por medio del cual trabajadores del municipio en paro se encargarán de su remodelación. A partir de aquí la nueva casa se entregará a una familia que la necesite bajo la modalidad de alquiler social, con el pago de una cantidad simbólica al mes. “Queremos ser inflexibles con los bancos como ellos lo son con nosotros”, ha señalado la alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Tenerife, Inma Évora no sólo está de acuerdo con esta iniciativa sino que considera que se debería hacer extensiva a todos los inmuebles que se encuentren vacíos.
“Para nosotros el derecho a una vivienda está por encima al de la propiedad privada”, apunta. Évora no sabe cuantas casas desahuciadas por los bancos podrían incluirse dentro de esta posible medida pero recuerda que en los últimos años en Canarias se han expulsado a 30.000 familias de sus hogares. “Muchas de las viviendas tal vez no se encuentren en mal estado pero seguro que sí están abandonadas”, apunta. Otro problema al que está teniendo que hacer frente la Plataforma es que los antiguos propietarios se están viendo obligados a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ya que las entidades bancarias se niegan a cambiar la titularidad. “Nos parece que éste es otro fraude bastante grave que se está cometiendo”, apunta.
