El sector judicial apoya a un forense suspendido
Abogados, procuradores, funcionarios, jueces y secretarios judiciales de los Juzgados de Arrecife han recogido 186 firmas que el Colegio de Abogados entregó en la Consejería de Justicia para mostrar su apoyo al médico forense Jorge Cyro Suárez Rivacoba.
Los firmantes del escrito consideran “intachable” la labor de este médico, del que dicen que siempre ha actuado “con objetividad e imparcialidad en todos los procedimientos en los que ha tenido que intervenir”. El doctor Suárez, de 59 años, ejerce su labor en Arrecife desde hace nueve años y entre 2008 y 2010 fue miembro del Consejo de Dirección del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.
La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias le abrió un expediente administrativo por la denuncia de otro forense que trabaja en Arrecife, el doctor Jesús Esparza, y le suspendió en enero de este año de funciones durante seis meses sin ni siquiera haberle tomado declaración previamente. Se enfrenta a una sanción de cinco años de de suspensión de empleo y sueldo, pero puede ser aún peor: a raíz de esa denuncia también se inició un procedimiento penal.
La denuncia de Esparza, presentada en mayo de 2012, está basada en un vídeo grabado seis meses antes por este médico sobre el cadáver de un ciudadano británico para tratar de demostrar que la muerte se produjo por una causa distinta a la que dictaminó el doctor Suárez. Su abogado, José Luis Sáez, destaca que el vídeo debe ser declarado nulo (y con él la denuncia y el expediente) porque viola el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen del fallecido y sus familiares, ya que se grabó sin consentimiento ni de la familia ni del Juzgado donde se tramitaban las diligencias sobre su muerte.
La familia del fallecido, que reside en Londres, aún desconoce la existencia de ese vídeo, a pesar de que el doctor Suárez ha solicitado en varias ocasiones a la Consejería que se les informe, sin que se haya accedido a esa petición. José Luís Sáez considera que hay múltiples irregularidades en el expediente abierto, que han sido puestas de manifiesto mediante las diferentes alegaciones, sin que se haya hecho caso alguno.
Ante esta negativa, el doctor Suárez pondrá este hecho en conocimiento de los familiares y del Cónsul General del Reino Unido en España.
Una cadena de cinco cargos
Lo que comenzó como una denuncia de un caso particular se ha acabado convirtiendo en una especie de causa general contra este forense. En el expediente ya figuran cinco cargos contra él: falsedad documental por el caso del británico, dos cargos más por otro caso de un extranjero que se había ahorcado, otro por no realizar una autopsia en una muerte por infarto (cuando quien decide si se hace o no la autopsia es el juez amparado en el artículo 778.4 de la Ley de enjuiciamiento criminal) y, finalmente, otro más, que no aparecía en la denuncia pero que se incorpora al pliego de cargos que se presenta en octubre de 2012, por realizar embalsamientos para funerarias privadas en su horario de trabajo en el Juzgado.
Este último cargo se basa en unas actas de confeccionadas por el Delegado de Sanidad en Lanzarote que, según la defensa de Suárez, reúnen muchos indicios de constituir una falsedad documental, ya que aparece la hora en que el funcionario de Sanidad la firma, pero que no coincide con la que se realizan los embalsamamientos. Además, hay tres médicos tanatólogos y dos empleados de funerarias que han declarado a favor del doctor Suárez en relación al horario que aparece reflejado en esas actas.
Como en el expediente se acusaba al forense de posibles delitos penales, en julio de 2012 la instructora de la Consejería decidió suspenderlo hasta su resolución judicial para no prejuzgar el asunto dentro del ámbito penal, pero un mes después lo volvió a abrir. Ahora, tres de esos cargos los dirimirá un juez de Fuerteventura porque los cuatro jueces de instrucción de Arrecife se han abstenido de la causa alegando amistad con el procesado, mientras que los otros dos cargos siguen su proceso en la Consejería.
El doctor Suárez declaró dentro de ese expediente dos meses después de que se le suspendiera, y se le han negado otras diligencias, como la declaración de la anterior subdirectora del Instituto de Medicina Legal, porque la instructora lo consideró irrelevante. El abogado destaca que no han encontrado nada parecido a este caso en España y que como mucho se trata de diferencias de contenido científico pero nunca como causa de un expediente disciplinario y menos aún de un delito.
En su informe de denuncia, el doctor Esparza dice que había detectado irregularidades en el proceder del doctor Suárez desde el año 2009, aunque no denunció hasta 2013 e incluso esperó casi seis meses para formalizar la denuncia sobre el vídeo que grabó al ciudadano británico.
Perito en juicios
A pesar de estar suspendido y de que la Consejería emitió un dictamen por el que el doctor Suárez no puede participar en ningún acto de un órgano judicial, la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias le autorizó expresamente para dar testimonio como perito en los juicios, lo que ha hecho en varias ocasiones desde enero. En el primer juicio con jurado celebrado en Lanzarote esta semana también intervino y el presidente del Tribunal manifestó que conocía su situación pero que su declaración era legítima.
A finales de julio termina la suspensión y el doctor Suárez podría recibir una sanción de hasta cinco años y seis meses que podría recurrir ante la Justicia ordinaria pero que comenzaría a cumplir mientras se tramita su caso. Su abogado destaca que cuando se resolviera el contencioso ya sería tarde y pone como ejemplo el hecho de que la vista para resolver el contencioso que han interpuesto para recurrir la medida cautelar de suspensión de funciones de estos seis meses se ha fijado para el 29 de noviembre de 2015.
La Consejería de Justicia, consultada por este caso, no ha querido hacer declaraciones al respecto.
