El Supremo obliga a pagar una subvención a la desalación
El Tribunal Supremo (TS) ha emitido una sentencia firme por la que obliga al Ministerio de Medio Ambiente a pagar alrededor de 153.000 euros a la empresa Suministros de Aguas La Oliva SA por las inversiones realizadas encaminadas a la mejora de la desalación en este municipio de Fuerteventura.
En el año 2007 el Estado consideró que la construcción de una planta fotovoltaica ejecutada por esta compañía no era subvencionable lo que fue recurrido ante los tribunales que en dos ocasiones han venido a darle la razón a la empresa adjudicataria de este servicio. Suministros de Aguas La Oliva SA concurrió al concurso abierto por aquellas fechas por el Gobierno central para abonar los gastos que ocasionaban las mejoras en la desalación, sin embargo, rechazó que la actuación emprendida por esta empresa se pudiera acoger al pliego de condiciones hecho público en aquel entonces.
Sin embargo, la compañía pudo demostrar que efectivamente el Estado sí había abonado una de las facturas presentadas mientras que se negó a hacer lo propio con las restantes. “De lo anterior se deduce que las cantidades reclamadas a la Administración eran procedentes y que se justificaron documentalmente en el momento oportuno con arreglo a las normas de convocatoria”, por lo que procede estimar su derecho a percibir 153.000 euros, señala el Supremo. De esta cifra, 86.200 euros corresponden a una de las fases del proyecto iniciado en 2006 y 67.000 a otra, mientras que el Estado tan sólo reconocía la obligación de abonar apenas 2.000.
El TS ahora, al igual que hizo la Audiencia Nacional con anterioridad, considera que el Ministerio incurrió en una lectura “estricta y formalista” de las bases del concurso y que la empresa cumplió con todos los trámites necesarios para aportar en tiempo y forma las facturas correspondientes. Además, el Gobierno central deberá abonar otros 2.000 euros en costas judiciales.
Hace escasas fechas el Supremo emitió otra sentencia por medio de la cual también obligaba al Estado a aumentar la subvención que otorga para sufragar los gastos que generan las potabilizadoras de agua del mar de Tenerife de las cuales una está situada en Santa Cruz y la otra en Arona. El tribunal aceptaba así el recurso interpuesto por el Consejo Insular de Aguas de la isla en el que mostraba su disconformidad con la concesión de 1,1 millones de euros frente a los 3,6 que había solicitado correspondientes al año 2008.
El Cabildo tinerfeño defendió ante los tribunales sus discrepancias en cuanto que el Estado no había contemplado las partidas por la realización de inversiones mediaoambientales. El Consejo consideró que las obras realizadas por este concepto cumplen los requisitos legales que regulan las subvenciones a las plantas encargadas de la desalación del agua del mar.
