El Supremo reabre el caso Canódromo
El Tribunal Supremo reabre el caso Canódromo. La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha admitido el recurso interpuesto por AVECALTA contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del pasado 27 de abril en la que se desestimaba la petición de los vecinos de anular el acuerdo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se aprobó el Plan Especial que permitía a la empresa Realia construir las torres del Canódromo.
En un auto dado a conocer este jueves, el Supremo desestima las cuestiones de inadmisibilidad planteadas tanto por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como por la constructora Realia y admite el recurso de los vecinos, que denunciaron que había hasta seis irregularidades en el auto del TSJC, entre ellas la composición del pleno de la sala y la ausencia en el mismo de Inmaculada Rodríguez Falcón, ponente en la sentencia de 2008 que anuló la licencia de obra a Realia.
La sentencia del pasado 27 de abril del tribunal canario contó con el voto particular en contra de la magistrada Cristina Páez, que apuntó a una “desviación de poder” por parte de la Administración local para beneficiar un interés particular en detrimento del interés general, como consideró el TSJC en su primer fallo de 2008.
En 2002 el Ayuntamiento acordó el cambio de la parcela que hoy ocupa el parque del Canódromo, en Schamann, mediante un convenio urbanístico que se incorporó al Plan General vigente con la aprobación de un Plan especial. El convenio fue negociado entonces por el concejal de Urbanismo, Juan José Cardona, siendo alcalde José Manuel Soria, pero el Plan Especial se aprobó cuando ya era alcaldesa Pepa Luzardo.
El Plan aprobado permitía la permuta con Urbacan del antiguo Canódromo de Schamann a cambio de tres parcelas de suelo urbano, entre ellas la que sostienen las torres de 15 plantas a medio construir paralizadas desde 2008. Días después por Realia adquiría ese suelo y otra de las parcelas lo que reportó a Urbacan nueve millones de beneficio por la venta, todavía bajo investigación por la vía penal.
