El testaferro de Fórum Filatélico, condenado a pagar medio millón a Hacienda
El empresario José Ana Pérez Labajos ha sido condenado por la Audiencia Nacional a abonar 511.591,88 euros por incumplimientos con Hacienda tras la venta en 2002 de los derechos para construir la urbanización Valle Tahodio a Fórum Filatélico por valor de 1,2 millones de euros.
El promotor permanece desde 2007 como imputado en la conocida como Operación Lavandera, una de las ramificaciones del caso Fórum Filatélico. Las investigaciones se centran en la posible comisión de cohecho, estafa y otros presuntos delitos por parte de esta entidad cuyo representante, José Manuel Llorca, se encuentra en paradero desconocido y también está imputado por el caso Ballena Blanca y el caso Malaya por supuesto blanqueo de dinero.
Las inversiones de Fórum en Tenerife precisamente eran la construcción de un puerto deportivo en el litoral de San Andrés y de esta urbanización situada en Santa Cruz. Labajos después de vender los activos que poseía en ambos proyectos pasó a convertirse, según las investigaciones desarrolladas desde 2006 en el testaferro de Fórum en la isla.
La Audiencia Nacional viene así a ratificar una resolución del Tribunal Económico Administrativo en la que ya había impuesto la multa a la entidad Valle Tahodio SA por el resultado de la liquidación del Impuesto de Sociedades de 2002. La inspección fiscal se inició después de que el empresario intentara acogerse a los beneficios fiscales de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). Un argumento que tanto el Tribunal como la Audiencia rechazan de plano: “No hay prueba alguna de que los terrenos fueran otra cosa que rústicos y que la venta constituyera una operación ordinaria, dentro de la actividad de promoción aún no iniciada que generase beneficios aptos por ello para sustentar la dotación económica a la RIC”, se indica en la sentencia.
El convenio para la recalificación de rústico a residencial de 42 hectáreas situadas en Valle Tahodio en Santa Cruz fue declarado ilegal a finales de 2010 por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) durante el segundo intento para aprobar el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz. El acuerdo fue cerrado en el año 2002 por el propio Llorca, después de mantener un encuentro con Labajos en el Hotel Botánico del Puerto de La Cruz. El representante en la isla de la sociedad permanece imputado desde 2007 a raíz de que el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón remitiera a los juzgados de Tenerife un escrito en el que aparecían indicios de la posible comisión de cohecho por parte del empresario, el ex presidente de Puertos, Luis Suárez Trenor, y el ex alcalde, Miguel Zerolo, entre otros.
Legalidad urbanística
La Cotmac apuntó en su informe de 2010 que el contenido del convenio “no se ajusta a la legalidad urbanística”. Los técnicos consideraron que esta recalificación de suelo de rústico a urbanizable no atendía al interés general sino al particular.
La Cotmac ya había advertido en 2008 que el proyecto iba en contra del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) que impide construir en este suelo por ser de protección económica para la explotación agraria y tratarse de laderas. Según el convenio el Ayuntamiento recibiría 335.000 metros cuadrados de terrenos con más de un 50% de pendientes, con lo que resultaba imposible edificar en la zona. A cambio, Fórum Filatélico conseguiría un aprovechamiento de 130.000 metros cuadrados, de los que el 85% se destinarían a edificaciones de venta libre y el 15% para la construcción de residencias para la tercera edad.
Sin embargo, la Cotmac apunta que aunque la facultad de clasificar el suelo constituye una potestad discrecional de la Administración y por lo tanto su ejercicio no es objeto de pacto con los particulares, se debe tener en cuenta que esta decisión “debe responder a la satisfacción de las necesidades de crecimiento objetivamente apreciadas por la administración”.
En el convenio figuraba el traslado a Valle Tahodio del colegio Hispano-Inglés que ahora está en la Rambla. El acuerdo fue aprobado por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en 2002 y ya entonces los técnicos alertaron sobre las anomalías que se recogían en el mismo. Los principales reparos se centraban en que parte de los terrenos estaban situados en pleno parque Rural de Anaga de especial protección y bajo la supervisión del Plan Rector. Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y los de la unidad de planeamiento pidieron desde un primer momento que se estudiara la conveniencia y oportunidad de reclasificar estos terrenos de rústicos a urbanizables, al considerar que no se daban las condiciones para ello.
