Trabajadores públicos denuncian el “impacto dañino” de los recortes
La Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes (Pepar) ha criticado este martes la “indignante ceguera” del Gobierno de Canarias ante el “evidente deterioro” de los servicios públicos ocasionado por la puesta en práctica de la medida de reducción salarial y de jornada.
Así lo ha manifestado tras las palabras del presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, quien, en una intervención parlamentaria en respuesta a una pregunta del diputado de Nueva Canarias-Grupo Mixto, sostuvo que “la Administración está funcionando razonablemente bien”, y que “los recortes no afectan a los servicios esenciales”.
A juicio de la Pepar, estos recortes “improvisados” generan un “pésimo” clima general y tienen un “impacto dañino” en la evaluación de la Ley de Dependencia, en el Servicio Canario de Empleo, en la tramitación de las becas de la Viceconsejería de Educación y en Medio Ambiente, entre otros departamentos y servicios gravemente afectados, además de ocasionar “severos” perjuicios económicos en los propios trabajadores, muchos de ellos con salarios entre 600 y 800 euros al mes.
La Plataforma también rechaza que se tome esta medida de reducción salarial y de jornada para evitar el despido masivo de empleados públicos, “como si no hubiera otras opciones, mientras se mantienen en los presupuestos autonómicos partidas millonarias destinadas a trabajos e informes externos, que podrían llevar a cabo los propios trabajadores de la Comunidad Autónoma”.
Por ello, pide nuevamente al Gobierno de Canarias que retire esta medida “arbitraria y discriminatoria”, y así se evite continuar en un proceso judicializado, cuyo último capítulo ha estado protagonizado por la solicitud de unificación --y consiguiente parálisis-- de las más de 1.000 causas judiciales individuales interpuestas en distintos juzgados de lo social por parte del Gobierno canario, abriendo la vía a un conflicto colectivo, lo que ha dado lugar ya a la presentación de un preaviso de huelga para el 15 de abril por parte de los sindicatos canarios.
“Las actuaciones del Ejecutivo demuestran que la medida de reducción de jornada y sueldo a 3.000 trabajadores públicos nunca contó con informes jurídicos que avalaran su adecuación a Derecho, caracterizándose en todo momento su proceder por la negligencia y falta de rigor”, subraya.
