El TSJC se niega a desalojar a los vecinos de Las Huertas
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado la petición de la empresa Desurcic -formada por los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia y la aseguradora Maprfre-, para que desalojara a los vecinos de la zona de Las Huertas en la trasera de la playa de Las Teresitas. En este entorno se están intentando llevar a cabo desde hace años unas obras de urbanización que se han dado de frente con la oposición de un grupo de más de un centenar de vecinos que reivindican la titularidad de 32 parcelas. Hasta ahora los tribunales y la propia Gerencia de Urbanismo se ha puesto en la mayoría de las ocasiones de su lado y les han reconocido que los terrenos fueron vendidos y comprados sin su consentimiento y sin recibir dinero alguno a cambio.
En el mes de marzo del año 2010 la empresa Desurcic llevó a cabo una ofensiva para intentar entrar con sus palas mecánicas y camiones en las parcelas cuya propiedad se reivindica lo que dio lugar a una fuerte protesta vecinal a lo largo de toda una jornada. A partir de aquí Desurcic acudió a los tribunales exigiendo sin éxito primero en el Juzgado de lo contencioso y ahora en el TSJC que se ordenara a la Gerencia de Urbanismo que “de forma inmediata y a través de los medios compulsorios de que dispone y la asistencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad, realice todo aquello que sea necesario para evitar cualquier actuación que impida o dificulte las obras de urbanización”.
Los empresarios y la aseguradora quería que la prohibición se aplicara “a cualquier persona ajena” a Desurcic o a la empresa que en aquel momento estaba ejecutando los trabajos. Igualmente solicitaban que el TSJC declarara “la prohibición absoluta de transitar por las zonas donde se están ejecutando las obras a toda persona ajena a la entidad recurrente o la contratista que las está ejecutando”. Un año antes la Gerencia de Urbanismo había tomado el acuerdo de que fuera la propia empresa la que solicitara a los ocupantes de las fincas su desalojo voluntario. En caso contrario se instaba a Desurcic a que ejerciera las acciones judiciales pertinentes “al objeto de poder ejecutar en su totalidad las obras de urbanización al amparo del proyecto de urbanización aprobado”.
Ante la inactividad del Ayuntamiento la empresa optó por recurrir a los tribunales para que le reconocieran la propiedad sobre la totalidad de Las Huertas y además pidió que como medidas cautelares se procediera al desalojo de los vecinos. A partir de aquí las sentencias emitidas consideran que en caso de acceder a esta petición se estaría adelantando ya el resultado del futuro fallo judicial. Además, se sostiene que los daños que se le puedan producir a la empresa son únicamente económicos y por lo tanto no pueden ser considerados como “irreparables”, tal y como alegaban los empresarios.
El TSJC sentencia que la responsable de las obras de urbanización es la Junta de Compensación de Las Teresitas, ya que precisamente ese fue el objeto de su creación y sólo pueden vender los terrenos en caso de que las actuaciones sean imposible de ejecutar. “Sin embargo, aquí nos encontramos con la paradoja de que los terrenos fueron vendidos precisamente para urbanizarlos”, señala el abogado, José de La Rosa, que representa a algunos de estos vecinos. Por todas estas razones Desurcic está obligada, además, a pagar 400 euros a la Gerencia de Urbanismo. Desde hace varios meses el concejal de este área, José Ángel Martín Bethencourt, ha ordenado la paralización de gran parte de estas obras al considerar que el proyecto no se ajusta a la legalidad.
