Las ''dos varas de medir'' con las casas en dominio público
Para Mayca Coello, concejala de Sí Se Puede en Candelaria, el derribo de Cho Vito “es una muestra clara de cómo las autoridades, tanto del Estado como del Cabildo y del Ayuntamiento, utilizan dos varas de medir para solucionar la problemática de las casas que ocupan el dominio público marítimo-terrestre, de forma que se derriban las viviendas de las personas con menos recursos económicos y se mantienen los chalets y las construcciones de otras personas que pueden pagar abogados y mejores defensas jurídicas”. Asimismo -añade- “los vaivenes en las declaraciones de unas y otras administraciones y las promesas dilatadas en el tiempo y finalmente incumplidas solo han provocado la prolongación de la agonía de un proceso sentenciado judicialmente y que afecta a la vida de un grupo de ciudadanos y ciudadanas”.
En el municipio de Candelaria hay otros casos sangrantes de ocupación ilegal del dominio público, como es el caso de Punta Larga, reconocido por la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, y de indisciplina urbanística en el resto del territorio municipal, tanto en suelo de asentamiento rural como en suelos urbanos y rústicos, absolutamente tolerados por el Ayuntamiento. También existen concesiones otorgadas por Costas en la época franquista que deberían suprimirse porque implica la privatización injustificada de tramos de costa obligadamente públicos.
Según Mayca Coello “el escaso diálogo con las personas afectadas, la inexistencia de documentos firmados que comprometan las propuestas hechas y los reiterados incumplimientos por parte de las administraciones han sido las peores herramientas con las que buscar soluciones en este conflicto, por todo esto es perfectamente comprensible la reacción de los vecinos y vecinas de Cho Vito que ven como sus viviendas son las únicas que son derribadas en nuestro Municipio después de años de acoso mediático y jurídico, y al mismo tiempo y a menos de trescientos metros se mantienen casas, piscinas e infraestructuras privadas que igualmente incumplen con la ley”.
Desde Alternativa Sí Se Puede, exigen a la Dirección General de Costas y a todas las Administraciones Canarias “el cumplimiento de todas las leyes, incluyendo la revisión de las concesiones otorgadas en dominio público por el Régimen franquista, sin sentar diferencias, ya que la Constitución y nuestro Estado de derecho se asienta sobre el principio básico de la igualdad de todas las personas ante la Ley”. Por ejemplo, “podrían continuar derribando el chalet de un conocido constructor en Punta Larga, las urbanizaciones promovidas por éste en el Puertito de Güímar, las viviendas que superan la edificabilidad permitida en suelo rústico o las viviendas y piscinas privadas que lindan con la marea a poca distancia de Cho Vito”.
