Vecinos contra el traslado de la Comisaría Centro
Los vecinos de Ciudad Jardín han rechazado frontalmente el posible traslado de la Comisaría de Distrito Centro de Las Palmas de Gran Canaria, que en la actualidad permanece en la calle Agustín Millares Carló, a otra sede ubicada en la calle Albéniz, unas instalaciones que la vicepresidenta de la asociación vecinal Defensa de Ciudad Jardín, Isabel Torón, ha calificado de “ratonera”.
Torón recordó que las personas que vivían en las casas aledañas al antiguo edificio de oficinas de Televisión Española, que permanecía cerrado desde hace años y donde se ubicará la nueva comisaría, comenzaron a preguntar extrañadas por las obras que se estaban llevando a cabo en el complejo. Fue entonces cuando se enteraron de los planes del Gobierno central, propietario de ambos espacios, de hacer el traslado.
La vicepresidenta de la asociación denunció la falta de aparcamiento que sufre el vecindario y advirtió de la estrechez de las calles que rodean el edificio. Este aspecto, unido a las aglomeraciones de tráfico que se producen “cada dos por tres” a la salida de los túneles de Julio Luengo, situados a escasos metros de la zona “haría que, en el supuesto caso de que coincidiese una emergencia policial con un accidente, los agentes tuvieran que salir saltando por las paredes o por helicóptero”.
Para Torón, la Administración central no ha tenido en cuenta las características del barrio a la hora de hacer esta elección y reivindicó la falta de intimidad que sufrirán las casas aledañas, así como los ruidos que pueda ocasionar la detención de alguna persona “con sus familias en la puerta”. “Las comisarías tienen que estar ubicadas en sitios amplios, no en una ratonera”, insistió.
La Asociación anunció que enviará una solicitud a la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, para mantener un encuentro en el que le trasladarán su preocupación por este tema, ya que “probablemente ninguno sepa dónde está el sitio este”. Motivo por el que emplazaron a Hernández Bento a que visite las infraestructuras ubicadas en la calle Albéniz, para que “tome consciencia y por una vez se oiga a la voz de la vecindad”.
Torón concluyó que el proyecto “va a tener un grandísimo problema con los vecinos, no sólo con los de la misma calle, sino con todos los aledaños” y no descartó futuras movilizaciones, ni llegar a tomar medidas judiciales para evitar el traslado.
Obras de bajo coste
El presidente regional del Sindicato Profesional de Policía (SPP), el secretario provincial de la Unión Federal de Policía (UFP), Alberto Morales, y secretario regional del CEP en Canarias, Tomás Domínguez, cuestionaron los motivos y beneficios que llevan al Gobierno central a ceder a la Administración canaria una sede que atiende a uno de los distritos más grandes de la ciudad capitalina y que en 2012 asumió unas 19.000 denuncias, convirtiéndose en la que mayor volumen de trabajo acumula de las tres comisarías de distrito de la capital grancanaria.
Domínguez afirmó que las gestiones llevadas a cabo por la Dirección General de la Policía para iniciar el traslado se encuentran “muy avanzadas” y que el proceso se inició en noviembre del año pasado, sin embargo, lamentó no haber obtenido dicha información de forma oficial. Por este motivo, anunció que los sindicatos enviarán una carta a la comisaria provincial de Las Palmas, Sagrario de León Cruz, para que ésta a su vez reciba una respuesta al respecto de la Dirección General de la Policía.
En referencia al edificio de la calle Albéniz, señaló que fue elegido por unos arquitectos que viajaron a la Isla y ni tan siquiera pasaron por la actual Comisaría para conocer sus necesidades. Otros establecimientos que se barajaron, añadió, fueron la antigua sede de Televisión Española ubicada en la plaza Milton y el chalet de un extranjero.
Morales recordó que el Gobierno de Canarias lleva cuatro años detrás de la adquisición del edificio y señaló los terrenos que la Institución española tiene en la localidad de Siete Palmas destinados a una nueva Comisaria. Unas instalaciones que se podrían construir en poco más de un año y tendrían un coste que rondaría los cinco millones de euros, pero “siguen sin hacerse”.
En este punto, Domínguez remarcó que las obras llevadas a cabo en las instalaciones de Ciudad Jardín son “de bajo coste”, que no servirán para llegar a unas “mínimas condiciones” y que la inversión no incluirá la colocación de cámaras de seguridad en los alrededores del complejo.
Los sindicalistas denunciaron que se traslade la Comisaría a unas oficinas con un espacio notablemente inferior, que pasa de las tres plantas con garaje a sólo dos y un sótano que Morales definió como una “mazmorra”, ya que no cuenta con la ventilación mínima indispensable. El presidente regional del SPP advirtió de los problemas que entraña el no poder introducir a un detenido directamente en el garaje y tener que parar el vehículo en medio de una calle de sentido único para luego llevarlo al subterráneo por una escalera lateral.
Los sindicatos advierten que tomarán “todas las medidas que legalmente podamos”, para evitar el traslado.
