La sociología no es solo el estudio de las estructuras macroeconómicas o de los grandes movimientos de masas; es, ante todo, la lupa que nos permite observar los hilos invisibles que mantienen en pie la cotidianidad. Hoy, en Castilla-La Mancha, esos hilos tienen nombre de mujer, manos agrietadas por el desinfectante y una espalda que cruje bajo el peso de una demografía que no espera. Al observar los últimos datos de ejecución presupuestaria de 2025 y las proyecciones para este 2026, nos encontramos ante una paradoja que define nuestra época: nunca hemos invertido tanto en dependencia y, sin embargo, nunca ha sido tan frágil el suelo que pisan quienes cuidan.
Empecemos por el dato que suele copar los titulares institucionales. Castilla-La Mancha ha cerrado el ejercicio anterior consolidándose como una de las comunidades autónomas más ágiles en la gestión de la Ley de Dependencia. Con una media de 176 días para resolver expedientes —frente a los más de 300 de la media nacional—, la administración regional presume de una maquinaria engrasada. Pero, como sociólogos, nuestra obligación es preguntar: ¿qué ocurre después de que el sello oficial llega al buzón del dependiente?
La realidad es que el sistema de cuidados en nuestra región se ha convertido en una estructura de 'pies de barro'. El presupuesto récord para Bienestar Social, que en este 2026 roza los 1.000 millones de euros, parece diluirse antes de llegar al bolsillo de la trabajadora de ayuda a domicilio o de la auxiliar de residencia. Existe una desconexión sangrante entre la macroeconomía de los cuidados y la microeconomía de la supervivencia de las cuidadoras. Mientras el PIB regional se apoya en el sector servicios, las mujeres que sostienen la vida de nuestros mayores perciben salarios que, en muchos casos, apenas rozan el Salario Mínimo Interprofesional, a menudo lastrados por contratos de parcialidad no deseada.
Para entender por qué el sector de los cuidados es el “pariente pobre” del mercado laboral, debemos acudir a la construcción social del género. Históricamente, el cuidado ha sido considerado una extensión natural de las capacidades femeninas; algo que se hace “por amor” o por “instinto” y, por tanto, algo que no requiere una remuneración justa ni una cualificación técnica reconocida.
Esta herencia cultural sigue pesando en 2026. El 85% de las plantillas del sector de dependencia en Castilla-La Mancha son mujeres. Al analizar sus trayectorias, observamos un fenómeno de “guetización” laboral. No es casualidad que sea un sector con una altísima presencia de mujeres migrantes. La interseccionalidad —esa herramienta que nos permite ver cómo se cruzan la clase, el género y el origen— nos muestra que estamos delegando el cuidado de nuestra generación más sagrada en las personas a las que, como sociedad, menos valoramos económicamente.
Estamos ante una 'externalización del amor' que el mercado ha convertido en mercancía de bajo coste. Las empresas concesionarias de servicios de ayuda a domicilio en nuestros municipios compiten en licitaciones donde el criterio económico suele imponerse al social. El resultado es una precarización del tiempo: trabajadoras que tienen 15 minutos para asear, vestir y dar el desayuno a una persona con movilidad reducida. En esos 15 minutos no hay espacio para la palabra, para el consuelo o para la detección de la soledad. Se ha industrializado el cuidado, despojándolo de su dimensión humana más esencial.
Los datos de salud laboral de este último año son alarmantes. El 90% de las trabajadoras de cuidados en la región declara sufrir patologías musculoesqueléticas crónicas. Pero el dolor no es solo físico. La carga mental —el llamado burnout del cuidador— está provocando un éxodo silencioso. En 2026, estamos empezando a ver algo inaudito en una región con nuestras tasas de desempleo: vacantes que no se cubren en el sector de los cuidados. Las mujeres ya no quieren romperse la espalda por 1.200 euros al mes si pueden encontrar empleo en sectores con menos carga emocional y física.
A esto se suma la realidad de la 'Generación Sándwich'. En Castilla-La Mancha, miles de mujeres de entre 45 y 60 años se encuentran atrapadas en una doble pinza: son cuidadoras profesionales de los padres ajenos por la mañana y cuidadoras informales (y gratuitas) de sus propios padres y nietos por la tarde. Esta sobrecarga está destruyendo el capital social de nuestros pueblos. El relevo generacional en el cuidado familiar se ha roto, y el sistema institucional no está preparado para absorber ese vacío si no es a costa de la salud de las trabajadoras.
No podemos hablar de las trabajadoras sin mirar a quienes reciben el cuidado. Los últimos informes de 2025 señalan que el 20% de los mayores de 75 años en Castilla-La Mancha vive en situación de soledad no deseada. En una región marcada por la dispersión geográfica y el despoblamiento de zonas como la Serranía de Cuenca o el Señorío de Molina, la trabajadora de ayuda a domicilio es, en muchas ocasiones, el único contacto humano que el anciano tiene en todo el día.
Aquí reside la gran tragedia sociológica: hemos convertido a la cuidadora en un 'remiendo' de la comunidad que hemos perdido. Pedimos a una profesional precaria que supla la ausencia de la familia, la falta de tejido vecinal y la carencia de espacios públicos de convivencia. La soledad no se cura con un presupuesto de dependencia; se cura con una arquitectura social que permita a los mayores seguir siendo parte activa de la comunidad. Sin embargo, estamos apostando por un modelo de 'asistencialismo de paso', donde la cuidadora entra, ficha, realiza la tarea física y sale corriendo hacia el siguiente domicilio para cumplir su ruta algorítmica.
La espalda de las cuidadoras es un archivo social. En ella se inscriben, día tras día, las decisiones políticas que hemos tomado —y las que hemos evitado tomar— como sociedad. Cada contractura crónica, cada baja que no se reconoce como enfermedad profesional y cada jornada que se prolonga más allá de lo soportable son el resultado de un modelo que prioriza la eficiencia administrativa sobre la dignidad laboral.
No estamos ante un fallo puntual del sistema, sino ante su normalización. Hemos naturalizado que cuidar sea un trabajo mal pagado, feminizando el sacrificio y despolitizando el desgaste. Mientras celebramos récords presupuestarios y plazos de resolución cada vez más cortos, seguimos aceptando que quienes sostienen la vida lo hagan a costa de la suya propia. Esa es la verdadera paradoja del estado del bienestar en los territorios envejecidos: funciona porque hay cuerpos que se desgastan en silencio.
Cada vez que una auxiliar de ayuda a domicilio se toma un antiinflamatorio para poder terminar su ruta, el sistema está siendo subsidiado por su salud. Cada vez que una trabajadora decide abandonar el sector, no estamos ante una anécdota laboral, sino ante una señal de alarma colectiva. No hay sostenibilidad posible si el relevo se construye sobre la renuncia y el agotamiento.
El debate sobre los cuidados no puede seguir reducido a cifras, ratios o expedientes. Es un debate profundamente político, porque interpela a la idea misma de comunidad. ¿Quién cuida? ¿En qué condiciones? ¿Con qué reconocimiento social? Mientras no respondamos a estas preguntas, seguiremos parcheando un modelo que confunde asistencia con acompañamiento y gestión con cuidado.
En esta línea, los resultados preliminares del proyecto nacional 'CUIDARES, Trabajo de cuidados de larga duración en residencias de personas mayores: retos e iniciativas para una atención centrada en la persona' apuntan con claridad a una idea clave: no es posible avanzar hacia modelos de atención centrados en la persona sin transformar, de manera estructural, las condiciones laborales de quienes cuidan. La personalización del cuidado, la continuidad relacional y el respeto a los ritmos de las personas mayores requieren estabilidad en las plantillas, tiempo suficiente y reconocimiento profesional. Sin estos elementos, la atención centrada en la persona queda reducida a un enunciado normativo sin capacidad real de implementación.
Cuidar no es solo realizar tareas; es sostener vínculos, detectar fragilidades, generar seguridad. Cuando ese trabajo se precariza, lo que se resiente no es únicamente la trabajadora, sino la calidad democrática del conjunto. Una sociedad que acepta que el cuidado se haga deprisa y mal es una sociedad que ha renunciado a pensar el envejecimiento como una etapa con derechos plenos.
En Castilla-La Mancha, donde la despoblación y el envejecimiento avanzan al mismo ritmo, el cuidado debería ser una política de primer orden. No como un gasto a contener, sino como una inversión social estratégica. Proteger a quienes cuidan es proteger el presente y el futuro del territorio. Lo contrario es condenarnos a un modelo asistencial frágil, incapaz de sostenerse sin explotación invisible.
La pregunta no es si habrá alguien que nos atienda, sino en qué condiciones lo hará. Y esa respuesta se está escribiendo hoy, en los convenios colectivos, en las licitaciones públicas y en el silencio —o la valentía— de quienes gobiernan.
Sobre este blog
Este blog es un espacio de colaboración entre elDiario.es de Castilla-La Mancha (elDiarioclm.es) y el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha para abordar diversas cuestiones sociales desde la reflexión, el entendimiento y el análisis.
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