Visocan sigue desahuciando a familias sin recursos
La denominada Coordinadora Popular Avance Social acusó este viernes a la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) de desahuciar a familias sin recursos económicos de casas de su propiedad pese a que el Gobierno Autónomo lo niega y le exigió paralizar esa política.
Dicha organización, cuyo nombre completo es Coordinadora Popular por la Vivienda y los Derechos de la Clase Trabajadora Avance Social, reclama, en concreto, a Visocan que paralice el lanzamiento de una familia de la vivienda de su propiedad en el barrio de Las Torres y restituya la que ocupaba otra familia desahuciada en La Majadilla, en ambos casos en Las Palmas de Gran Canaria.
Así se explica en un comunicado difundido por la organización y firmado en su nombre por los exdirigentes de Izquierda Unida Canaria María Puig y Segundo Martínez, y en el que se critica que casos de desahucios como los aludidos se siguen produciendo, a pesar de las declaraciones que ha hecho negándolo la Consejera de Vivienda autonómica, Inés Rojas, presidenta de Visocan.
Aunque desde el Gobierno de Canarias se declaraba hace unos meses que “ninguna familia que ocupe una vivienda social en régimen de alquiler podrá ser desahuciada por motivos estrictamente económicos”, la empresa pública no ha dado marcha atrás en sus actuaciones en sentido contrario, aseguran los portavoces de la coordinadora.
Ejemplos de ello son los dos casos citados en su escrito, el primero de los cuales, según se detalla, afecta a una mujer con una hija menor de 11 años que reside desde hace 14 años en una vivienda de promoción pública que se le adjudicó en Las Torres y que ha contraído una deuda que ha ido creciendo “de forma brutal” a partir del impago de una derrama de solo 90 euros.
Todo ello debido a que, tras haber estado pagando sus alquileres regularmente hasta 2009, “su situación laboral cambió radicalmente y tuvo que afrontar, además, una serie de problemas personales de la que informó”, se apostilla en el texto.
En él se detalla que la negativa de Visocan a abrir cauces para facilitar que la mujer actualizara sus pagos, incluso después de que, “a pesar de todo y con muchos sacrificios, consiguiera ponerse al día hasta octubre de 2009, tanto en lo que se refiere al alquiler como al pago de las cuotas de la comunidad de vecinos”, ha agravado su situación hasta que actualmente esté esperando el desahucio.
Ya que Visocan, a pesar de que la mujer estaba en paro, “se negó rotundamente a la actualización de los alquileres y fue cargando a esa familia sin ingresos las cuotas de 264 euros, mes a mes, hasta sumar una deuda de 6.029 euros en dos años, hasta el 2011”, generándole “una deuda engrosada injustamente, una deuda impagable”, se añade.
El otro caso al que se refiere la coordinadora es el de una familia que vivía también desde hace 14 años en una casa de promoción pública que se le adjudicó en La Majadilla y que, pese a tener a su cargo tres hijos de 18, 15 y 13 años, “se ha visto en la calle recogida por familiares de una forma injusta”, en especial porque el inmueble del que les echaron permanece vacío, se relata.
En la nota se concluye que, antes esos hechos, la Coordinadora Avance Social se dirigirá a la consejera de Vivienda regional para pedir que se paralice el lanzamiento de la familia de Las Torres y que siga vigente el contrato de la de La Majadilla, a fin de que pueda volver a su hogar de los últimos 14 años, y que también pedirá su intervención al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
