Vox sobre el juez Alba: “Hasta marzo no se iniciará el proceso de formación de candidaturas”

“Hasta el mes de marzo VOX no iniciará el proceso de formación de candidaturas y será, a partir de ese momento, cuando serán conformadas como dictaminan los estatutos de la formación”, ha dicho el partido de Santiago Abascal en un comunicado enviado desde Madrid a este periódico para tratar de desmentir la información publicada este lunes bajo el titular de “El juez Alba prepara su desembarco en Vox colocando a su mujer y a un abogado amigo en la ejecutiva de Las Palmas”. Según ese comunicado, el juez, que se encuentra suspendido disciplinariamente por el Consejo General del Poder Judicial a la espera de juicio, “no tiene ninguna vinculación con esta formación”.

Efectivamente, de manera formal Salvador Alba no tiene vinculación con Vox, afirmación que nunca ha hecho este periódico, pero sí que forman parte de su ejecutiva en la capital grancanaria su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, y su abogado y amigo Eduardo López Mendoza, extremos que no son negados en ningún momento por el responsable de prensa de la formación. Es más, que Salvador Alba prepare “su desembarco” en Vox no se contradice en absoluto ni con que aún no mantenga vínculos formales con el partido ni con que pueda llegar a ser candidato en algunas de las próximas citas electorales.

El coordinador de Vox en Las Palmas de Gran Canaria, José Luis Moyano, ha declarado al periódico Canarias7 que el partido cuenta en la provincia con cerca de 700 afiliados, y que en ese número no se incluye el “montón de simpatizantes que, por su profesión de militares y guardias civiles no pueden estar inscritos con nosotros”. Por su condición de juez en activo, a pesar de su suspensión disciplinaria, Salvador Alba no puede ni militar ni integrarse en ningún partido político ni ser designado cargo de designación política sin antes solicitar una excedencia voluntaria.

Salvador Alba está a la espera de sentarse en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para responder por la presunta comisión de cinco delitos (cohecho, falsedad documental, negociación prohibida a funcionario público, revelación de secretos y prevaricación judicial) por los que la Fiscalía pide para él 10 años de prisión y 29 de inhabilitación.