Zerolo dejó una deuda de 84 millones irrecuperable

El último año completo en el que gobernó el ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, registró una deuda de dudoso o imposible cobro que suma los 84 millones de euros. El informe de la Audiencia de Cuentas de 2010 es el reflejo de un ejercicio marcado por la crisis y por la particular manera que Zerolo tenía de gestionar el dinero público. En ese año empeoraron todos los indicadores económicos; disminuyó la eficacia en la recaudación, el ahorro neto, el cumplimiento de pagos y de cobros, la liquidez inmediata y la solvencia a corto plazo, entre otros. Lo que sí se incrementó fue el endeudamiento por habitante que pasó de los 445,3 euros de 2009 a 452,3, lo que implica un aumento de 171 euros en apenas cuatro años.

El presupuesto de ese ejercicio ascendió a 180 millones pero fue tal el número de modificaciones presupuestarias que se incrementó esta cifra en otros 150 millones más. No obstante, el Ayuntamiento mantiene ante la Audiencia que ese año tuvo un superávit de 12 millones y una disponibilidad en efectivo de 32. Estas cuentas reflejan también, por ejemplo, que Santa Cruz tarda 131 días en pagar pero 92 en cobrar o que realizó una inversión por habitante que apenas llegó a los 176 euros.

Pero especialmente grave es el caso de los organismos autónomos. Ese año funcionó por primera vez el Instituto Municipal de Atención Sociosanitaria (IMAS) que había sido creado a mitad de 2009. Las cuentas demuestran que casi el 50% de los cinco millones de euros con los que contó esta entidad dirigida por el entonces concejal, Ignacio González, se tuvieron que emplear en gastos de funcionamiento y de personal y el resto se destinó a ayudas sociales. Hay que recordar que este organismo se creó con el fin de atajar los efectos de la crisis sobre la población más desfavorecida y la idea era implantar un sistema por medio del cual el pago de las ayudas fuera casi inmediato.

De forma paralela la ciudad fue la primera y única de España que se declaró en emergencia social, aunque un año después se levantó esta declaración dado que no arrojó resultado alguno. El resto de organismos autónomos reflejan esta misma situación deficitaria. El de Fiestas presentó un déficit de casi un millón de euros, el de Deportes de casi 850.000, la Gerencia de Urbanismo de 6 millones, el IMAS de casi medio millón y Cultura registró valores negativos de más de 700.000 euros.

El año 2010 fue el último ejercicio completo en el que gobernó Zerolo después de venir ocupando el puesto de alcalde desde 1995 y dejarlo a mitad de 2011. En ese momento apelando a la crisis el ex alcalde quiso conformar un gobierno de concentración en el que participaron los concejales del Partido Popular (PP), el único representante del Centro Canario Nacionalista (CCN), Ignacio González, mientras que a Guillermo Guigou se le entregó la presidencia de la Comisión de Quejas y Sugerencias y a su compañero de partido, Ángel Isidro Guimerá, la dirección de la Sociedad de Desarrollo. Sólo los siete ediles del PSOE optaron por no participar en las tareas de gobierno y así cobrar la exclusividad que rondaban algo más de cinco mil euros mensuales.

A parte de todo ello, el alcalde se rodeó de casi un centenar de asesores. Ese mismo verano un grupo de técnicos elaboró un estudio en el que se apostaba por reducir tanto los miembros del grupo de gobierno como los cargos de confianza, recomendaciones que el ex alcalde nunca llegó a aceptar.

El resultado es que cuando José Manuel Bermúdez y su equipo tomaron las riendas de la ciudad se encontraron con una situación que hasta los propios compañeros de partido del anterior alcalde han criticado abiertamente. El concejal de Hacienda, el nacionalista Alberto Bernabé, indicó durante una reciente sesión plenaria que se han “visto obligados a vencer al tsunami en el que estaban sumidas las cuentas municipales”. El concejal admitió que Zerolo dejó el Ayuntamiento en “quiebra técnica” y que los nuevos responsables “tendrán que pagar durante 10 años, y con 16 millones de intereses a los bancos, lo que los anteriores políticos no atendieron en los últimos 10 años”, más 2 millones de euros por intereses de demora a proveedores por no cobrar a tiempo.

“No estoy contento con lo que se hizo en el área de Hacienda en la última legislatura. Desde que llegamos mis neuronas han tenido que estar concentradas en resolver problemas del pasado. Tenemos que recuperar el control de los gastos y generar menos operaciones que no estén incluidas en el presupuesto”, añadió Bernabé. La oposición, sobre todo Ciudadanos, Por Tenerife y Sí se puede, fueron todavía más explícitos. Hablaron de “pufos” y de “corrupción” en el anterior mandato y exigieron al actual grupo de Gobierno que se investiguen las irregularidades que se cometieron y que se tomen medidas concretas.