Ser canario, un 22% más caro
Ya es un hecho asumido que si se desea garantizar el acceso a servicios públicos básicos en igualdad de condiciones, el sector público canario debe incurrir en costes extraordinarios como consecuencia de la ultraperiferia. Pero, ¿a cuánto asciende ese sobrecoste con respecto a cualquier Comunidad Autónoma peninsular?
Según el último informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos Tomillo para la Consejería de Hacienda, que data del año 2001, es un 22% más caro ser una autonomía enclavada a 2.000 kilómetros en el Atlántico que ser continental.
En una época de sucesivos recortes para contener el precepto constitucional del déficit público, cuando desde Canarias se reivindica una financiación diferenciada para compensar la fragmentación y la lejanía de la España peninsular, enarbolando los artículos nunca cumplidos del Régimen Económico y Fiscal (REF) para recibir la inversión media que perciben el resto de españoles, se hace necesario poner sobre la mesa datos objetivos que sirvan para encauzar el siempre enrarecido debate político.
El Gobierno de Canarias lo hizo en 2001, pero han pasado doce años y la crisis más profunda desde el año 1929 sin que se haya renovado un estudio sobre el coste extraordinario que supone ser la Comunidad Autónoma más alejada de España, motivo por el que el Ejecutivo regional ha encargado un nuevo informe al Centro de Estudios Económicos Tomillo para actualizar los anticuados, aunque reveladores, datos.
CANARIAS SEMANAL ya publicó lo que la insularidad alejada representa para el sector privado y cómo la ultraperiferia lastra incluso la recuperación económica. Si eso es así ¿también dificulta el hecho autonómico? Pues la respuesta es afirmativa.
Según el Informe Tomillo sobre el coste de la ultraperiferia en el sector público (elaborado por Juan Carlos Collado y Berta Moreno-Torres) éste “soporta costes de ultraperiferia relacionados con los recursos humanos, el comercio, los servicios prestados a las empresas y las exigencias de infraestructuras múltiples”.
En conjunto, estos costes “representan el 22% del Valor Añadido Bruto (VAB) público de Canarias”, es decir, 124.536 millones de las antiguas pesetas.
Para hacer más comprensible el dato, hay que explicar que el VAB representa el valor económico generado por una unidad productiva y se obtiene como saldo de la cuenta de producción, es decir, mediante la diferencia entre la producción de bienes y servicios y el consumo intermedio.
Como ha quedado dicho, estos sobrecostes ascendían, sólo en el año 2001, a 124.536 millones de pesetas. En términos porcentuales, los costes más importantes son los de infraestructuras públicas (47% del total), seguidos de recursos humanos(34%).
Los servicios prestados a las empresas eran responsables del 11% del coste público de la ultraperiferia y el comercio generaba el 8% restante hace 11 años.
El análisis de los consumos intermedios realizado en el Informe Tomillo evidenció que “ciertos inputs intermedios están generando mayores costes intermedios en las ramas del sector público de Canarias que de España”.
Así, destacan “las compras a la rama de comercio, que representan un 1,9% del valor de la producción del sector público de Canarias, porcentaje muy elevado en comparación con el registrado en España (0,5%)”.
También se aprecia en el informe que “los servicios prestados a las empresas generan unos costes intermedios unitarios significativamente más elevados en Canarias que en España” o que los consumos de caucho y plástico, hoteles y restaurantes, y comunicaciones “generan costes intermedios unitarios superiores en el sector público de Canarias, aunque en menor medida que las ramas anteriormente mencionadas”.
En la rama de administraciones públicas, inmersa en un proceso de reestructuración impulsado por la Consejería de Presidencia que dirige el socialista Francisco Hernández Spínola al calor de los recortes estatales para contener el déficit, el estudio de 2001 destacaba “los elevados costes intermedios unitarios que soporta Canarias derivados de los consumos de servicios prestados a las empresas y comercio”.
La fragmentación en Islas obliga a mantener servicios hospitalarios a pesar de que la población sea reducida
Mientras que “los consumos de servicios prestados a las empresas suponen, en el conjunto de España, el 7,1% del valor de la producción de administraciones públicas, en Canarias se alcanza el porcentaje del 10,8%.”
En el caso de los consumos de comercio, “representan el 0,6% del valor de la producción de administraciones públicas en España, porcentaje muy bajo en comparación con el registrado en Canarias (2,2%)”.
Por último, hoteles y restaurantes, y comunicaciones generan, igualmente, costes intermedios unitarios en Canarias superiores a los de la Península.
El sector público en Canarias soporta un coste de recursos humanos que, en relación a su valor añadido bruto, es superior, en 7,5 puntos porcentuales, respecto al resto de España, lo que en términos monetarios “supone un sobrecoste de 42.527 millones de pesetas en el año 2001”.
Sanidad
El coste de la Sanidad pública en Canarias siempre ha estado en el ojo del huracán político y todos los gobiernos autonómicos han reivindicado el pago del déficit de inversión estatal en esta materia.
Según la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, en el año 2013 la deuda sanitaria del Estado a Canarias asciende ya a 2.000 millones de euros, que previsiblemente no será satisfecho por el Ejecutivo del PP, pese a que la exconsejera conservadora Mercedes Roldós fue una de las más beligerantes en este asunto cuando los socialistas gobernaban desde La Moncloa
¿Pero hay razones objetivas para pedir ese sobre esfuerzo inversor? Según el Informe de 2001, si.
Los consumos intermedios de comercio suponen el 0,7% de la producción de la rama en España, porcentaje que se eleva hasta el 2,8%, en el caso de Canarias.
“Servicios prestados a las empresas” genera unos costes intermedios unitarios equivalentes al 1,5% del valor de la producción de la sanidad pública en España, mientras que en Canarias se alcanza el porcentaje del 3,4%.
En cuanto a los consumos de caucho y plástico, representan el 0,7% y el 2,4% de la producción de la sanidad pública en España y Canarias, respectivamente.
Por otra parte, hay otras ramas que generan costes intermedios unitarios más elevados en Canarias, especialmente, hoteles y restaurantes, construcción y comunicaciones.
En España, en 2001, había un total de 802 hospitales, de los que 325 tenían carácter público y 477 eran privados. En Canarias, el número de hospitales en 2001 ascendía a 50. De este total, 21 eran hospitales públicos y 29 tenían carácter privado.
Una medida relevante de la oferta absoluta de recursos de sanidad es el número total de camas instaladas en los hospitales. En el año 2001, había 161.217 camas instaladas en los hospitales españoles (públicos y privados).
De este total, 109.140 camas pertenecían a hospitales públicos y las 52.077 restantes a hospitales privados. Canarias contaba, en 2001, con 8.422 camas instaladas en hospitales (5.295 en hospitales públicos y 3. 127 en hospitales privados).
En el conjunto de España, por cada hospital público hay 127.954 usuarios potenciales. Canarias, sin embargo, sólo tiene 92.943 usuarios potenciales por hospital público. De hecho, se encuentra entre las comunidades autónomas que tienen un menor número de usuarios potenciales por hospital público.
Según el informe, estos datos “muestran que Canarias tiene una dotación elevada de hospitales, habida cuenta del número de usuarios por hospital”.
¿Dispendio? No. Esta es una de las consecuencias de la insularidad: “la fragmentación en Islas obliga a mantener servicios hospitalarios a pesar de que la población sea reducida”.
En España, hay 381 usuarios potenciales por cama instalada. En Canarias, esta cifra es inferior, igual a 369 usuarios por cama, lo que indica “una oferta relativa superior a la media nacional”.
No obstante, las disparidades no son tan elevadas como en el caso de los hospitales. Ello sugiere, según el Informe Tomillo, que “para salvar la ultraperiferia y la fragmentación, se deben multiplicar infraestructuras hospitalarias (equipamiento fijo) pero, en cada una de ellas, el equipamiento variable (las camas) se ajusta a las necesidades de la demanda potencial”.
Había en 2001, por tanto, una “elevada dotación relativa de infraestructuras sanitarias de Canarias, que cuenta con 10,8 hospitales por cada millón de usuarios potenciales, frente a los 7,8 del conjunto español”.
Puesto que los hospitales canarios públicos que constituyen oferta diferencial son el 28% del total, el Informe Tomillo certifica que “el coste público de la ultraperiferia en la sanidad sería igual a 27.671 millones de pesetas en 2001”.
Educación
En 2000, había en toda España un total de 22.190 centros docentes, de los que 21.198 impartían enseñanzas de régimen general y 992 de régimen especial.
En Canarias, el número total de centros, en el año 2000, 1.140, de los que 1.099 impartían enseñanzas de régimen general. Esto supone que la región se sitúa al 5,1% de los centros docentes de España, porcentaje algo inferior en caso de los centros de enseñanzas de régimen especial (son un 4,1% del número total de estos centros existentes en España).
El coste público de la ultraperiferia en la educación era 30.577 millones de pesetas en 2001
El primer toque de ultraperificidad aparece cuando el Informe asegura que “llama la atención la participación especialmente elevada de Canarias en los centros de educación a distancia”, que es el 8,7% del total nacional.
En un momento en el que la Ley Wert tiene movilizados a todos los partidos y sectores educativos por entender que desmantela el sistema público educativo, conviene resaltar que en el año 2000 en Canarias, 972 de los centros docentes, equivalentes al 85% del total regional, eran públicos hace trece años.
Además, la participación pública en los centros docentes era máxima en los centros de educación a distancia (el 100% del total nacional era público) y en los de educación primaria (un 94% y un 98% del total de centros existentes en España y Canarias, respectivamente, son públicos).
Canarias, como en el resto de los sectores estudiados, es una de las regiones de España que tiene menos usuarios potenciales por cada centro docente público existente.
En total, hace trece años había “330 usuarios potenciales por cada centro”, cifra solamente superior a la de Galicia, Navarra y Cantabria y muy por debajo de la del conjunto de España (411 usuarios potenciales por centro docente público).
Los datos anteriores muestran que, en Canarias, “hay un número muy elevado de centros docentes en relación al número total de usuarios, indicativo de unas necesidades de infraestructuras superiores a las de la media española, como consecuencia de la ultraperiferia, entendida ésta en el sentido de lejanía y fragmentación de las islas”, afirma el informe.
Con todo, hay que añadir el siempre determinante factor de la doble insularidad, puesto que las islas capitalinas tenían una dotación algo superior a la media española, al contar con cerca de 2,8 centros docentes por cada 1.000 usuarios potenciales, frente a los 2,4 de España.
Pero donde se encuentran las mayores disparidades es en las islas menores, que tienen entre 3,6 (Lanzarote) y 10,9 (El Hierro) centros docentes públicos por cada 1.000 usuarios.
“Estas disparidades extremas, ilustrativas de unas dotaciones de infraestructuras de servicios muy superiores a las de la Península, evidencian el impacto de la lejanía y, especialmente, de la doble insularidad”, certificaba el estudio.
Por ello, y para garantizar que los habitantes de todas las islas y, en particular, de las islas menores tienen acceso a servicios de educación básica, de acuerdo con nuestro texto constitucional, “deben crearse y mantenerse un número de centros docentes desproporcionadamente elevado en relación al número total de usuarios”.
Y es que si en España había 411 usuarios por centro y en Canarias 330, en las islas menores se alcanzan cifras como 139 usuarios (La Gomera) y 92 usuarios (El Hierro) por cada uno de los centros públicos existentes.
Y en datos económicos esta situación tiene un resultado. Según el informe Tomillo, puesto que los centros docentes públicos que constituyen oferta diferencial son el 19,6% del total, “el coste público de la ultraperiferia en la educación sería igual a 30.577 millones de pesetas en 2001”.
Transporte aéreo
El número de aeropuertos españoles, en 2001, ascendía a 42, por los que transitaron 144 millones de pasajeros y se dio el transporte de 583.351 toneladas de mercancías.
Canarias cuenta con 8 aeropuertos por donde transitaron, en 2001, un total de 30 millones de pasajeros.
Por tanto, las Islas son la región española con mayor participación en el número total de aeropuertos (tiene un 19% del total de aeropuertos españoles). Su peso, en el número de pasajeros, era del 21%, y en las mercancías transportadas del 14,8%.
La doble insularidad está generando importantes exigencias de infraestructuras aeroportuarias, que no serían necesarias en ausencia de fragmentación
“Canarias, con algo más de doce millones de usuarios potenciales, sería la tercera región española (tras Cataluña y Andalucía) con mayor peso en el número total de usuarios potenciales de aeropuertos”, afirma el informe.
El mismo estudio aprecia que, en el conjunto nacional, hay 2,1 millones de usuarios potenciales por aeropuerto y, en Canarias, hay sólo 1,5 millones y, por tanto, el Archipiélago “tiene una dotación de aeropuertos relativamente superior a la media nacional”.
Evidentemente, existe una gran disparidad en el número de pasajeros entre los aeropuertos de las islas capitalinas, Lanzarote y Fuerteventura y los de las restantes islas.
Si los primeros tienen un número de pasajeros similar o muy superior a la media nacional, en los aeropuertos de La Palma, El Hierro y La Gomera, el número de pasajeros es muy reducido.
Los datos anteriores ponen de manifiesto el extraordinario desarrollo de la oferta aeroportuaria de Canarias, pero también apuntan a que “la doble insularidad está generando importantes exigencias de infraestructuras aeroportuarias, que no serían necesarias en ausencia de fragmentación de las islas”.
En definitiva, y como siempre se reivindica desde Canarias sin que sea totalmente escuchada por las autoridades centrales o europeas, el Informe concluye que el sector público “soporta costes de ultraperiferia de una magnitud considerable”.
Tan considerables que no sería posible sobrevivir sin una ayuda permanente de fondos estatales y de la Unión Europea.
