La larga sombra de Ricardo Melchior
Un juicio a 42 bomberos, acusados de desorden público por haber irrumpido en el Cabildo de Tenerife en 2005, en un acto de protesta y en medio de una huelga por la que pedían más medios y más seguridad, ha desembocado en un enfrentamiento de posiciones entre los dos socios en el Gobierno insular, CC y PSOE, y ha devuelto a la palestra a Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo tinerfeño que durante décadas fue emblema de los nacionalistas de ATI.
Una simple llamada de Melchior bastó para que su sucesor, Carlos Alonso, mantuviera la acusación, pese a todas las voces en contra, y que hiciera oídos sordos al escrito que le entregó el actual consejero de Seguridad, el socialista José Antonio Valbuena, para que se eximiera a los acusados de toda culpa. También es cierto que Valbuena reaccionó tarde, al día siguiente de que arrancara el juicio, anunciando en medios de comunicación sus buenas intenciones y quedando su palabra, después, en entredicho.
Durante siete días, del 22 al 30 de enero, los 42 acusados tuvieron que declarar ante el juez titular del juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife, la fiscal Inmaculada Violán, los servicios jurídicos del Cabildo como acusación particular, y siete abogados y abogadas de la defensa. El Cabildo pedía para los insurgentes año y medio de prisión y dos multas. La Fiscalía, seis meses, además de una multa por dejar a un funcionario con dolor de oídos durante tres días.
La fuerte petición de condena por parte del Cabildo tinerfeño sacudió durante días las redes sociales y levantó quejas por la criminalización de esos profesionales de la seguridad, a los que se acusó de poner en riesgo a niños y mayores con un acto “desmesurado”.
Hubo peticiones de firmas a favor de los bomberos y en contra de la acusación particular hasta en change.org, y sindicatos como Comisiones Obreras consideraron que el verdadero telón de fondo es una campaña en contra de la libertad sindical y el derecho a la huelga. Y detrás de ese telón, la larga sombra de Melchior, que se habría negado en rotundo a que se retirara la acusación particular, pese a que estaban a favor y así lo pidieron tanto el PSOE como el único partido en la oposición insular, el PP.
Cuando en torno a un centenar de bomberos entraron en el palacio insular, el 21 de diciembre de 2005, con ruidos de sirenas, bengalas y botes de humo, montaron una escandalera muy llamativa que duró tres horas. Había un pleno extraordinario, justo para debatir los presupuestos del Consistorio para 2006, que quedó paralizado. Veintiséis escolares visitaban el belén navideño en el vestíbulo del edificio, y junto a ellos había otro grupo del Centro de Mayores Acaymo.
Ruido, mucho ruido, y humo naranja por las escaleras por las que subieron los bomberos, ataviados con sus trajes de faena, los cascos puestos y la intención de reunirse con el presidente de la institución, que entonces era Melchior; el presidente del Consorcio, Jorge Bonnet, y el consejero responsable de Seguridad, que era Dámaso Arteaga.
El motivo de la protesta era pedir un aumento de plantilla, la suficiente para cubrir las guardias. Según explicó a la prensa Luis Castro, que en la ocupación ejerció como portavoz de sus compañeros, fue la única manera que se les ocurrió para ser recibidos y escuchados por los responsables de los que dependen, después de haberlo intentado por los cauces normales y sentirse ninguneados. Lograron su objetivo, una reunión del comité ejecutivo del Consorcio, pero se ganaron un enemigo eterno: Melchior.
Una decisión política
El juicio a los 42 bomberos, cuatro de ellos de Gran Canaria, que viajaron a Tenerife junto con una treintena de compañeros para apoyar la huelga de los colegas tinerfeños, no sólo ha desvelado que quien mandó sigue mandando, sino que ha puesto de manifiesto una irregularidad tras otra en el intento de acusación, además de una falta de diálogo preocupante entre los servicios jurídicos, quienes dirigen a los bomberos y éstos.
Lo primero que llamó la atención es que al cabo de nueve años desde que ocurrió ese asalto, que se saldó sin más víctimas que la sordera pasajera de un trabajador, es que nadie, ni siquiera Valbuena, parecía saber que la vista oral iba a celebrarse y mucho menos, la fecha, de tal modo que al consejero le pilló por sorpresa la reacción popular en contra.
Ello, a su vez, puso de manifiesto la falta de diálogo entre el consejero y el director insular de Seguridad, el también socialista Carlos González Segura, ex subdelegado del Gobierno central en la provincia tinerfeña, y cuyo cargo, al menos con los pliegos y el reglamento del Consorcio de Bomberos en la mano, debería ocupar el propio Valbuena.
Los servicios jurídicos del Cabildo intentaron llegar dos días antes de la celebración de la vista a una conformidad de seis meses de prisión por desorden público para la totalidad de los encausados, la misma pena que solicitaba la fiscal, pero los abogados de la defensa se negaron en rotundo, pues como dijo la representante de uno de ellos, la letrada Ágora Rosales Merenciano, “para eso, es mejor pelear por la absolución o por reducir el delito a una falta en el propio juicio. Tenemos mucho más por ganar que por perder”.
Jugaban una baza: la prescripción de los hechos, un punto sobre el que se pronunciará el magistrado de lo Penal 3 en la sentencia que dicte. Para la fiscal, los hechos no prescribieron por cuanto en los últimos cuatro años no ha habido vacío de actuaciones, sino que se señaló la vista para verano de 2012, pero quedó suspendida justamente porque la escasez de personal en el Consorcio no permitía que, en plena temporada de incendios, 38 efectivos estuvieran siete días laborables sentados en el banquillo.
Así las cosas, al segundo día de la vista oral, hubo reunión del Consejo de Gobierno insular y posterior reunión de la Junta de Portavoces, de la que salió un escrito que Valbuena hizo llegar al presidente de la Institución, Carlos Alonso, respaldado por los consejeros del PSOE, del PP y algunos de la propia formación nacionalista. Pero Alonso, según informó el periodista David Cuesta en la web de la cadena de televisión local Mírame TV Mírame TV, consultó con Ricardo Melchior, quien se habría negado en rotundo al perdón.
En la entrevista con David Cuesta en la televisión local, Valbuena dijo sin tapujos que “la decisión de continuar es política”, y apuntó directamente a la figura Ricardo Melchior, al que vinculó con una supuesta venganza contra los bomberos. “Alonso me confirmó que le ha preguntado [a Melchior] y su opinión es la de seguir adelante”, dijo el consejero ante las cámaras.
Para rizar el rizo, el gabinete de prensa remitió un comunicado en el que el Cabildo intentaba explicar las razones de la dura acusación judicial, y por qué no daba su brazo a torcer. Entre otros argumentos, se esgrimía que “al no llegar a un acuerdo (de conformidad de pena), se mantuvo la solicitud inicial de 18 meses de prisión que consideró el servicio jurídico del Cabildo tras valorar la envergadura de los hechos que el Ministerio Fiscal ha calificado como delito de desorden público en su escrito de acusación”.
Además, aclaraba que “el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife es una entidad supramunicipal asociativa con personalidad jurídica propia”, por lo que se daba a entender que era el Consorcio y no el Cabildo el que acusaba a sus trabajadores, sin conocer que el juzgado que instruyó la causa, el de Instrucción número 4, rechazó por dos ocasiones la personación del Consorcio y la entidad que figura como denunciante, desde el minuto cero, es el propio Cabildo.
Ese comunicado de prensa molestó a los socialistas, que pidieron que se rectificara, pero según explicó Valbuena en la entrevista en televisión, el propio Carlos Alonso le dijo que la nota de prensa “no partía de él”.
Una irregularidad tras otra
Mientras la Presidencia del Cabildo insistía en justificar su postura, dotando de gravedad a la protesta de los bomberos, los abogados de la defensa fueron desmontando uno tras otro los argumentos de la acusación. “No sabíamos que había un grupo de escolares en el interior del edificio”, dijo uno de los encartados, “pero les hicimos un pasillo para protegerlos y pudieron salir sin problema”.
Felipe Bentancor, que participó en el “asalto” al palacio insular, negó que se hubiera asustado a los menores, sino que “nos vitoreaban y querían hacerse fotos con nosotros”, lo que ratificó la maestra que les acompañaba. Otro bombero, Ramón Morín, dijo que nunca como ese día había estado el Cabildo más seguro, “porque había más de cien bomberos dentro”, y consideró que lejos de darse una situación de riesgo, lo que hubo fue “una situación sorpresiva” para los presentes.
La acusación de poner en riesgo la vida de otros es lo que más ha dolido a los bomberos, los que fueron denunciados y los que no, y no sólo a los de Tenerife, sino que también ha dolido a sus compañeros de otras islas. “Nos dedicamos a proteger y salvar vidas”, declaró uno de ellos. “Protegemos las vidas de los demás, aún a costa de la nuestra”, aseveró otro. “Si hubiera ocurrido algo, que no ocurrió, lo habríamos solucionado sobre la marcha”, matizó un tercero.
Incluso el operario de mantenimiento que sufrió una otalgia quitó hierro a lo que las acusaciones pública y fiscal califican como falta de lesiones. “El médico me manó ibuprofeno, pero no necesité un tratamiento específico”. Ha renunciado a la posible indemnización que pudiera corresponderle.
Pero la mayor irregularidad se dio desde el inicio de la instrucción por parte del Cabildo, a la hora de identificar a quienes “asaltaron” el edificio, y de nuevo aparece Melchior detrás, empeñado en dar castigo ejemplar, como él mismo afirmó en rueda de prensa al día siguiente de la protesta, que calificó de “coacción intolerable”, “acto de violencia” e insistió en que se creó “una situación de pánico y peligro”, justo los argumentos que esgrimió el representante jurídico del Cabildo.
La primera irregularidad fue abrir expedientes disciplinarios a 92 bomberos, pese a que sólo se acusó a 38, lo que no se explicaba Pedro Zurita, que en 2005 era el gerente del Consorcio y fue quien “identificó” a los asaltantes, aunque llevaba solo cinco meses en el cargo y se tuvo que valer de la ayuda de un oficial jefe y un sargento para llevar a cabo esa identificación.
Esa identificación es la que ha sentado en el banquillo a los acusados, pese a que en 2006 Zurita ya advirtió al juzgado de Instrucción que la misma podía estar sujeta a errores y que “entendemos que sería prudente verificar la identificación”, lo que no se hizo. Incluso dos de los bomberos aseguraron que no habían participado en los hechos. Para el juez, los fallos que puedan darse en ese señalamiento “son para todos los acusados”.
Todos los abogados de la defensa han impugnado esa prueba principal, porque “ha quedado claro que no fue el gerente quien hizo la identificación”, aunque fue quien la firmó en la acusación ante el juzgado, según dijo el abogado de una parte de los bomberos, José Pérez Ventura.
La fiscal Violán, una fiscal dura, que en la actualidad es responsable de delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, la misma que ha apretado las tuercas al ex alcalde de Arona José Alberto González Reverón y su equipo de gobierno entre 2003 y 2007, por múltiples delitos relacionados con la corrupción en su forma urbanística, admitió que pocas veces es tan “benévola” y rebajó la petición de condena a dos meses de prisión sustituibles por una multa de tres euros diarios, además de retirar la acusación contra seis de los encartados.
El Cabildo, pese a Melchior, se vio empujado a pedir la misma pena y dejó libre de cargos a doce bomberos. Si el juez sentenciara que no hubo delito de desorden público, sino una simple falta, ésta sí estaría prescrita.
El duro de Melchior
Por lo que reveló el consejero de Seguridad del Cabildo de Tenerife al periodista de Mírame TV, el empecinamiento de los servicios jurídicos respondería a la orden dada por el ex presidente de la Institución, Ricardo Melchior, que sigue influyendo de forma definitiva en su sucesor Carlos Alonso (al que él mismo nombró despachos adentro), al igual que influye en su apuesta para la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al que hace unos días echó un capote con un artículo de prensa en defensa de la inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas.
Desde la protesta de 2005 hasta su retirada de la Presidencia del Cabildo, en septiembre de 2013, las relaciones entre Melchior y los bomberos no han sido buenas. Los efectivos del Consorcio no sólo no lograron sus objetivos de más plantilla, sino que ésta se ha visto mermada progresivamente.
Para muestra, un botón. En 2010, ante otro preaviso de huelga por parte de los bomberos, Ricardo Melchior se mostró excesivamente duro incluso en público. “Todos tenemos que apretarnos el cinturón y a ellos también les toca”.
En ese momento, la plantilla del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife era de 44 trabajadores. Ellos pedían que se aumentase en cuatro trabajadores más, pero lejos de ello, Melchior quiso reducirla a 40. “Si se puede prestar el servicio de forma correcta con 44 profesionales, muy probablemente se podrá hacer con 40”, lanzó a la prensa.
Y de nuevo, pese que habían pasado cinco años, dejó entrever que no se había olvidado de la “toma” del Cabildo y de que se hubiera visto coaccionado a hablar con los “insurrectos”. No sólo no se había olvidado sino que, tras dar la orden de denunciar a los bomberos, ordenó que el Cabildo se personara como acusación, al no poder hacerlo el Consorcio. En 2012, cuando se fijó fecha para el juicio oral luego suspendido, se negó en rotundo a retirar la acusación como ahora se lo prohibió a Carlos Alonso.
Lejos de estar apartado de la política, este juicio ha dejado claro que el histórico Ricardo Melchior sigue mandando, y mucho, en la “nueva” CC de Clavijo, en la que él mismo se ha empeñado, tras sumar todos los esfuerzos para empujar a un lado a Paulino Rivero.
En Tenerife es vox populi cómo se las gasta con quienes le llevan la contraria. Tiene fama de controlador, autoritario, y de mal genio. También de tesón y constancia. Y fuentes de la coalición nacionalista niegan que irse del Cabildo fuese un acto de renuncia a seguir mandando en la institución insular, solo que ahora manda en la sombra.
Su intención, según algunos nacionalistas, es regresar al Senado tras las elecciones generales de noviembre próximo, para lo que sigue muy presente en la Ejecutiva insular y nacional de CC. Ya fue senador entre 2004 y 2008. El camino parece allanado tras quitarse a Rivero de en medio. Desde que anunció que dejaría el Cabildo, en 2012, no paró de lanzarle puyas al todavía presidente del gobierno autonómico para que hiciera lo mismo. Con tal de llevarle la contraria, se ha posicionado a favor de las prospecciones “si son beneficiosas para las islas”.
Le criticó que fuera presidente del Gobierno y del partido al mismo tiempo, o incluso pidió en 2013 a los diputados nacionalistas de Tenerife que boicotearan los presupuestos. Todo con tal de darle en la eslora en un trabajo sin fin para apartarle de su camino y que su gente, Clavijo y Ana Oramas, le tengan de su lado para seguir mandando, aunque sea desde Madrid. Visto lo visto, no es de extrañar que sus enemigos teman venganza.
Las claves de la acusación, una a una
¿Hubo desorden público que alterase la paz pública cuando un centenar de bomberos accedieron al interior del Cabildo de Tenerife en 2005? Es una de las claves del delito del que son acusados, y que intentó desmontar la abogada Ágora Rosales Merenciano en su escrito de conclusiones definitivas. Estos fueron sus puntos más importantes:
Orden público: De acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo 78/02/1998, un delito de desorden público “es una actuación en grupo” con una finalidad, como la de “atentar contra la paz pública”. Es decir, que la paz pública tiene un alcance mayor que el orden público. “Dentro de la paz pública pueden coexistir desórdenes accidentales y perturbaciones del orden social” (sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya 9/9/08), por lo que “no todo desorden público supone una alteración de la paz púbica”.
Gravedad de los hechos: “Aunque la acción de los bomberos fue muy llamativa no revistió la gravedad que pretenden las acusaciones pública y particular. En los escritos de acusación se dice que los bomberos actuaron puestos de común y previo acuerdo, pero no se ha podido demostrar que acordaran otra acción que la de dar a conocer a los políticos y a los ciudadanos su falta de medios”.
Manifestación ilegal: “Es irrelevante desde el punto de vista jurídico-penal. Nadie dudó de la legalidad de la misma y había sido comunicada”.
Irrumpieron en avalancha: “Una testigo no recordaba si eran muchos bomberos o pocos”. “Un testigo se refirió a dos o tres bomberos”. “Un testigo declaró que no hubo violencia”.
Ocupación del vestíbulo y las escaleras: “Ha quedado demostrado que la mayoría de los bomberos permanecieron en el hall y fuera del edificio mientras se negociaba, y sólo los que negociaron subieron por las escaleras, porque fueron invitados a subir
Desalojo de niños y mayores: Los testigos dijeron que “salimos sin ningún problema. Nos hicieron un pasillo hasta el exterior”. “No sentí pánico. No temí por mi vida ni por mi integridad física”. “No tuve ningún problema ni viví una situación de tensión”. Para Rosales Merenciano, “estos testimonios son incompatibles con un acto de violencia, o una irrupción en avalancha”.
Uso de petardos, bengalas, extintores, sirenas y botes de humo: En la inspección ocular se encontró un extintor sin su anilla, pero no se comprobó si se había usado. Los siete restantes tenían la anilla. Se encontró el resto de una bengala. Los ruidos de sirenas u otros entran en el derecho de manifestación.
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