Solo el 1,5% de las personas en riesgo de pobreza en Canarias recibió en 2019 una renta mínima

Canarias registró en 2019 un total de 488.819 en riesgo de pobreza o exclusión social (22,7 %) , según los datos del Instituto Nacional de Estadística. De ese número, solo el 1,5% percibió algún tipo de renta mínima. Es decir, solo 7.344  personas. Así lo destaca este viernes el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que indica que en el conjunto de España solo un 8% de la población en umbral de pobreza percibió el pasado año alguna prestación de este tipo.

En Navarra y el País Vasco las reciben más del 60% de las personas en esta situación, mientras que en nueve Comunidades ni siquiera una de cada diez personas. Le siguen Cantabria y Asturias, donde reciben estas rentas casi una de cada 5 personas bajo el umbral de la pobreza. Del resto, sólo cuatro Comunidades garantizan porcentajes superiores al 10% (Baleares, Aragón, Cataluña y Castilla y León). Las Rentas Mínimas de Inserción de las 9 Comunidades restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura, y en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias, sus porcentajes sólo llegan o están por debajo del 2%. 

En cuanto al gasto medio por titular en relación a la reta media por hogar en su comunidad autónoma, cabe destacar que es ligeramente superior. Es decir, un 12,52%, la quinta comunidad por la cola por encima de Baleares, Murcia, Galicia y Cantabria. Si la renta media en el Archipiélago es 29.254  euros, el gasto por titular de renta mínima de inserción es de 3. 663 euros.

Por otro lado, Extremadura con un 23,1%, es la Comunidad Autónoma cuyos perceptores de RMI perciben una cuantía mayor en relación con la renta de su comunidad. Le siguen Cataluña y Comunidad Valenciana con unas cuantías superiores al 20% de la renta media de su territorio.

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales considera que el ingreso mínimo vital ha sido una “magnífica noticia que todos los que trabajamos por la justicia social hemos saludado con esperanza. Pero lamentablemente, una vez más, las expectativas de la gente que peor lo pasa se están viendo frustradas”. A su juicio, “lejos de cumplir con los objetivos con los que se anunció, están generando angustia y frustración en el millón de solicitantes que se encuentran atrapados en el laberinto burocrático de una norma con diseño farragoso en los trámites, inadecuado por sus condicionalidades e inmisericorde en los procedimientos con las personas más vulnerables”. 

Además, solicita al Mnisterio que pongan en marcha la pasarela con los 297.183 solicitantes de las rentas mínimas de las comunidades y se integren de manera automática en el ingreso mínimo vital. La asociación pide además a las Comunidades Autónomas que los 1.686 millones de euros que invertían en rentas mínimas se orienten a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales, “para la lucha de la exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral”, concluye.