Ciudadanos por Santa Cruz se personará como acusación popular contra la refinería
El partido Ciudadanos por Santa Cruz ha solicitado personarse como acusación popular en las diligencias abiertas por el Juzgado número 5 de Santa Cruz de Tenerife respecto a la refinería de Cepsa tras la denuncia de la Fiscalía por un presunto delito medioambiental por contaminación.
Ciudadanos, a través de su concejal en el Ayuntamiento, Guillermo Guigou, y del letrado Ángel Isidro Guimerá han presentado este lunes la petición para personarse en la causa como acción popular así como para que se amplíe la denuncia.
Alude este partido a diferentes informes que, según manifiestan, avalan los daños en la salud de la población por las emisiones de la refinería y subraya que respirar aire con esos niveles de contaminación “acarrea, de forma incuestionable, ya por definición legal, exponerse a una situación de riesgo de afecciones cardiorrespiratorias”.
Ciudadanos de Santa Cruz critica que el resto de los grupos municipales no se hayan personado en la causa judicial y considera de “extrema gravedad”, la permisividad histórica, con la que, en su opinión, han actuado las diferentes administraciones públicas.
Además atribuye a la denuncia de la Fiscalía el hecho de que la Refinería haya estado parada durante casi cuatro meses.
En su escrito, el partido político hace alusión, entre otros, a un estudio de un centro de supercomputación catalán, en el que se indica que, frente a la teoría de que los alisios limpian de contaminación la ciudad llevándola hacia el mar, el 64 por ciento de los días del año las condiciones meteorológicas en la ciudad son desfavorables para que las emisiones de la refinería se dispersen sin afectar a la población.
Para este partido, sorprende que el Plan de Calidad del Aire específico del área metropolitana tinerfeña de 2013, que, a su juicio, intenta corregir los incumplimientos de la legislación por superaciones de los límites legales de dióxido de azufre (SO2) del año 2011, “pese a tratarse de un riesgo sanitario, haya tardado más de dos años y medio en tramitarse”.
En su opinión, ello constituye una grave dejación o irresponsabilidad, “dando a Cepsa un injustificado periodo de gracia tan largo antes de imponerle, como no podía ser menos, una reducción de sus emisiones de SO2”.
