Acusan al PP de engañar a los dependientes
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios advierte de que los 117 millones aprobados por el pasado Consejo de Ministros para garantizar el nivel mínimo de protección de las personas en situación de dependencia no es fruto de una “sensibilidad especial”, sino que obedece al obligado cumplimiento de la financiación de las comunidades autónomas en función de las personas dependientes reconocidas y atendidas.
“Lamentamos profundamente que ante un asunto tan serio y delicado como es este, lejos de tener la prudencia de callar, se intente hacer una venta política tan desatinada y manipuladora de la realidad. Exigimos pleno respeto a la inteligencia de la ciudadanía, especialmente, de las personas dependientes y de sus familias”, indica esta organización.
Por ello, critica la “triste demagogia” del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por decir que ha puesto en marcha esta medida a favor de las personas con discapacidad y señala que la lectura técnica de esta ampliación de crédito es la de la “falta de rigor en la previsión, provocando un desfase entre presupuesto y gasto de un 8,3 por ciento en dicha partida”.
Los directores y gerentes de Servicios Sociales recuerdan que el “demoledor” Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio, que supuso la reforma de la Ley de Dependencia, redujo este nivel mínimo de financiación en un 14 por ciento y advierten de que, de no haber sido así, para las 21.252 personas incorporadas al sistema, el Estado tendría que haber ampliado su aportación no en 117 millones de euros sino en algo más de 136 millones.
Además, indican que si la reforma de julio hubiese ido en el sentido de “cumplir lealmente con una financiación paritaria (50%)”, entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, el ministerio debería aportar 3.000 millones de euros, una cifra “muy lejana” de los 1.405 que se dice abonará en 2012.
Esta asociación pone de relieve que en la actualidad hay en espera 231.854 personas con derecho reconocido y que el dato de 21.252 incorporados en todo 2012 supone, a ese ritmo, “una espera de casi once años para atender la totalidad de expedientes acumulados”. “La presunta nueva agilidad (74.000 personas menos en espera) es sobre todo fruto de restringir el derecho a atención a las personas con dependencia moderada”, aseguran.
