Admitido el recurso canario contra el recorte educativo
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat de Cataluña y los Gobiernos del País Vasco y Canarias contra el Real Decreto ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los tres recursos admitidos coinciden en impugnar los artículos 3 y 4 de este texto normativo. El primero de ellos se refiere a la ampliación de la jornada lectiva semanal de los profesores, estableciendo un mínimo de 25 horas, en Infantil y Primaria, y de 20 horas, en Secundaria.
Asimismo, el artículo 4 establece que la sustitución de profesores únicamente podrá realizarse por funcionarios interinos cuando hayan transcurrido diez días lectivos, pues hasta entonces será atendido con los recursos del propio centro docente.
Además de los artículos anteriormente mencionados, la Generalitat de Cataluña ha incluido en su recurso los artículo 6 (apartados uno, tres y cuatro) y el artículo 7, que también ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
El artículo 6 modifica la ley Orgánica de Universidades. En concreto, el apartado uno establece que el Gobierno es el que determinará con carácter general los requisitos básicos para la creación de centros y estructuras; el apartado tres dispone alianzas entre universidades, entre éstas y Organismos públicos de investigación o empresas para desarrollar enseñanzas conducentes a títulos; y el cuatro establece un nuevo régimen de dedicación del profesorado universitario.
El artículo 7, también objeto de recurso por la Generalitat, fija un nuevo sistema de financiación de las becas y ayudas al estudio universitarias, de manera que el Estado financiará la cantidad que corresponde al límite inferior de la horquilla establecida para el precio público de cada enseñanza y las comunidades autónomas financiarán con sus presupuestos la diferencia entre el precio público que fijen y el límite mínimo que corresponda a cada enseñanza.
Atención a 'sin papeles'
El Tribunal Constitucional ha admitido también a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de Canarias y el interpuesto por el Gobierno del País Vasco contra algunos de los artículos del Real Decreto Ley sobre Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Público de Salud, aprobado el pasado mes de abril por el Gobierno.
El pasado mes de enero el consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, anunciaba la intención de su gobierno de llevar finalmente al Constitucional el real decreto ley sanitario al considerar que vulneraba “competencias y la atención sanitaria que recoge la Constitución”, al excluir a inmigrantes 'sin papeles' del sistema de la atención no urgente y vincular la tarjeta sanitaria a haber cotizado a la Seguridad Social.
Por su parte, diez días antes el Gobierno de canarias anunciaba también el recurso amparándose en que el contenido de la nueva norma podría “rebasar” los límites materiales establecidos por el artículo 86 de la Constitución Española, al afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos recogidos en el Título I de la Carta Magna.
Finalmente, unos meses antes que las anteriores CCAA, el Gobierno vasco autorizaba el recurso, entre otro motivo señalaba que la norma “supone la implantación de un sistema centralizado de gestión que impide a las comunidades autónomas cualquier decisión de reconocimiento del derecho de acceso a la asistencia sanitaria”.
