La Agencia Tributaria canaria en Las Palmas entorpece la labor del Defensor del Pueblo

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.
Madrid —

Canarias, junto a la Secretaría de Estados de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, las comunidades de Madrid y y una treintena de ayuntamientos entorpecieron el año pasado la labor del Defensor del Pueblo.

Una administración entorpecedora es aquella que ha dificultado u obstaculizado el trabajo del Defensor del Pueblo, ya que por ley están obligadas a contestar sobre la información que esta institución precisa para sus actuaciones.

Pero la contestación ofrecida no es siempre inmediata y, en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones.

En Canarias, la Agencia Tributaria canaria en Las Palmas no ha contestado en 2016 tras el tercer requerimiento, a raíz de una petición formulada en agosto de 2015 sobre la exención de pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana de una vivienda perdida como consecuencia de un procedimiento de ejecución tributaria.

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