Más de 1.000 familias acceden a una vivienda de alquiler social en Canarias
Más de un millar de familias canarias han conseguido una vivienda de la Empresa Pública de Vivienda del Gobierno de Canarias pagando una mensualidad adaptada a sus ingresos.
La consejera de Vivienda, Inés Rojas, destaca la “voluntad” del Gobierno por buscar una solución a las familias con dificultades, y para ello se ha priorizado el alquiler social de las familias con menores a su cargo.
En esta línea, la consejera se refiere a las diferentes acciones que se han desplegado para combatir los efectos adversos de la crisis sobre las familias, y destaca tanto las medidas normativas como la modificación de la Ley de Vivienda, “hasta la transformación de la empresa pública de vivienda en una empresa social que gestiona alquileres para las familias con más dificultades, o los convenios y acuerdos con entidades bancarias”.
Rojas destaca también en una nota las novedades de la recién modificada Ley de Vivienda de Canarias, y asegura que a pesar de que en 2014 las islas fueron la cuarta comunidad autónoma con más ejecuciones hipotecarias, no hubo un gran número de lanzamientos, “porque solo con el anuncio de la puesta en marcha de esta ley, muchas entidades bancarias ya han llegado a acuerdos con las familias para que puedan permanecer en sus casas en régimen de alquiler”.
La responsable de Vivienda asegura que hay muchos casos de desahucios que se solucionan sin que tenga reflejo en los medios de comunicación o en las redes sociales, ya que lo principal es velar por la intimidad de las familias en especial cuando tienen menores a su cargo.
“Los desahucios son la cara más dramática de esta crisis pero siempre que nos lo permiten mediamos para evitar que las familias se queden en la calle”, explica.
Así señala que en los casos que se han presentado, la Consejería recurre para evitar que las familias se queden sin hogar, a las ayudas que contempla el Plan de emergencia social con los ayuntamientos, los acuerdos con las entidades bancarias o busca un alojamiento en las viviendas que Visocan tenía para la venta y que ahora ha dispuesto en alquiler social.
“El primer handicap para buscar soluciones es que no podemos dar a dedo una vivienda del Gobierno a una familia desalojada ya que el procedimiento, tanto para la primera como para la segunda adjudicación, está perfectamente regulado en la normativa canaria”, señala.
En lo que se refiere a las medidas para evitar los desahucios en el ámbito de las viviendas en protección, tanto de promoción pública como privada, Rojas recuerda que desde el comienzo de la crisis, en el año 2009, el Gobierno ya reguló en el decreto del Plan de Vivienda la dación en pago para las viviendas protegidas en venta y “se dio la orden desde el Gobierno de no desahuciar a ninguna familia en alquiler social por motivos económicos”.
Entrega de 183 viviendas nuevas
En este sentido, se incluyó una disposición en el decreto 77/2012, de 30 de agosto para que las familias que no pudieran pagar el alquiler pudieran solicitar las ayudas, incluso con efecto retroactivo desde enero de 2001, y de este modo aliviar las posibles deudas.
En cuanto las viviendas que construye el Gobierno para entregar en alquiler a familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM, y se adjudican a través del decreto 138/2007 de 24 de mayo, el Gobierno de Canarias ha entregado 183 viviendas nuevas de promoción pública: la promoción de 26 viviendas en Valverde, El Hierro; 20 viviendas en Pájara y 40 de Tuineje, ambas en Fuerteventura; 21 en Tazacorte, La Palma; 65 en La Orotava y 11 en Los Realejos, en la isla de Tenerife. En breve se entregarán otras 40 en el municipio palmero de Los Llanos de Aridane que ya están sorteadas.
A través del sistema de segunda adjudicación de viviendas del parque público que quedan vacantes, y que también regula este mismo decreto para familias con graves dificultades e ingresos inferiores a 0,75 veces el IPREM, el Gobierno ha entregado otras 107 viviendas.
El coste de las mensualidades que deberán abonar estas familias adjudicatarias está subvencionado por el Gobierno de Canarias en un porcentaje que se adapta a las condiciones económicas y sociales de cada familia, y llega a cubrir hasta el 99% de la cuota mensual cuando la situación es muy precaria. Tal y como se establece en la Ley de Vivienda de Canarias, ninguna familia destinará más del 12% de sus ingresos al pago del alquiler
También, a través de la empresa pública VISOCAN se ha alquilado 725 viviendas protegidas que se construyeron para la venta pero que ante la situación de crisis económica se pusieron en alquiler.
