Otro alto cargo señala a Ángela Mena
La directora general de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Nieves Pérez Marichal, imputada por acoso laboral, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, sostuvo en el juzgado que las propuestas para trasladar de su plaza a la funcionaria se hacían “según las directrices de la concejal, porque la concejal está arriba y todos dependen de ella”, en referencia a Ángela Mena, responsable del área de la Mujer entre 2007 y 2011.
Pérez Marichal, que ocupa su cargo de libre designación desde octubre de 2007 y que en la actualidad es directora general de Recursos Humanos, Tecnología y Calidad, contradijo así ante la titular del juzgado de Instrucción 4 las declaraciones de otros dos imputados, María del Cristo Díaz Méndez, directora general de Planificación Ciudadana y Mujer, y Miguel Ángel García de León, jefe de Recursos Humanos, su subordinado.
Ambos, investigados por prevaricación y acoso laboral, negaron que el informe que llevaba la consigna de “bajo las directrices de la concejal delegada”, en el que se propuso enviar a la víctima a una comisión no pedida ni querida, tuviese que ver con instrucciones de Ángela Mena, sino que era un simple formulismo, dijo Díaz Méndez.
Cinco meses en responder un correo
Lo que sí quedó claro con la declaración de Nieves Pérez Marichal el pasado jueves, y según fuentes judiciales, es que el caso de esta funcionaria con plaza en el Centro Municipal de la Mujer, a la que le fueron vaciando de funciones hasta dejarla sin trabajo encomendado a su cargo, según una sentencia de lo contencioso, ha ido saltando de mano en mano a lo largo de cinco años, sin ponerle remedio.
La misma Pérez Marichal admitió que tardó cinco meses en responder a un correo electrónico de la afectada, lo que a ella misma le pareció “no deseable. Desconozco los motivos por lo que ocurrió”, igual que señaló que las dos trabajadoras, una interina y otra con funciones adscritas, ocupadas de gran parte del trabajo que correspondía a la denunciante, “dependen directamente de Ángela Mena”.
Asimismo dijo que no tuvo conocimiento del vaciamiento de funciones que sufría la afectada hasta 2009 y que en mayo de ese año, dos meses después de una reunión con la funcionaria, llegó a su departamento una propuesta de Díaz Méndez para que, bajo las directrices de la concejal delegada, se modificara a largo plazo la Relación de Puestos de Trabajo, pero de manera inmediata y con carácter urgente, se la trasladara a la polémica comisión de servicios en Juventud y Educación, lo que hizo estallar el caso.
Tras la sentencia que anuló ese traslado forzoso, la imputada afirmó que al menos en dos ocasiones le fue comunicado que no se cumplía el fallo judicial, “pero Recursos Humanos no tiene medios para saber si la sentencia se ejecuta o no”.
“No advertí el más mínimo indicio”
Nieves Pérez Marichal, que es psicóloga especializada en Psicología laboral, insistió en que era totalmente desconocedora de que la información que tenía entre sus manos se refería un posible acoso laboral, sino que creía que se trataba de un problema sin más de distribución de funciones. “En ningún momento advertí el más mínimo indicio de que (la denunciante) pudiera estar en una situación de acoso laboral. No lo percibí”, y añadió que “si hubiera tenido atisbo de que se estaba produciendo un acoso laboral no lo hubiera tolerado”.
En marzo de 2011, el Comité de Seguridad y Salud, del que la directora general de Recursos Humanos era presidenta, recordó este caso de posible mobbing y pidió que se active el protocolo de acoso laboral, pero la directora voto en contra. “Lo que interesaba era la coacción de un expediente informativo en el marco de un expediente disciplinario. Para un expediente disciplinario hacía falta la denuncia de la trabajadora”.
La imputada sostuvo ante la juez que creía que el problema ya estaba en vías de solucionarse, tras crearse una comisión, que es una jefatura, justamente para las funciones propias de su plaza. Esa jefatura se creó en 2010 pero ha sido ofertada recientemente a la denunciante.
“Ofertarle ese puesto, una vez que se esta instruyendo esta causa? ¿no tendrá la intención de mitigar la actuación judicial y solapar las consecuencias jurídicas de los delitos que aquí se instruyen?, preguntó la magistrada Lorenzo-Cáceres. ”No, no, no“, dijo Pérez Marichal. ”Es una propuesta del concejal de Atención Social (José Manuel Arocha), de quien ha pasado a depender la funcionaria“.
