20 años para acabar con la lista de dependientes

El presidente de la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez Navarro, indicó que Canarias la lista de espera de personas a las que se le ha reconocido el derecho a acogerse a los beneficios de la Ley de Dependencia, pero que no han podido recibir ninguno de sus beneficios, suma más de 12.535 pacientes, casi el 52% de las 24.291 incluidas en el grupo.

De esta manera, un dependiente canario tiene en la actualidad tres posibilidades menos de percibir estas ayudas que uno de otra comunidad cualquiera de la geografía española. La culpa la atribuye Ramírez a la dejadez del ejecutivo autónomo y a los recortes del central a la hora de aplicar esta legislación.

Por lo tanto a este ritmo y si se diera la situación absolutamente improbable de que ninguna persona más se incluyera en el listado, el ejecutivo tardaría 20 años en darles atención. Lo cual estadísticamente resulta imposible ya que el 74% de los pacientes tienen más de 80 años con lo cual su esperanza de vida se sitúa entre cuatro o cinco años. “Podemos decir que en Canarias habrá decenas de miles de personas que van a morir en situación de dependencia reconocida pero sin darle la atención a la que tenían derecho”.

Ramírez ofreció el jueves en el Aula Magna de la Universidad de La Laguna una conferencia, en el transcurso de la cual informó que se encuadran en este grupo a aquellas personas que requieren de ayuda para desempeñar una vida normal. Estos pacientes son sometidos a un reconocimiento oficial y según la legislación en vigor desde hace seis años se les ofrece una prestación a la que tienen derecho.

Esta puede pasar o bien por una asistencia en su propio domicilio, en un centro de Día, en una residencia o bien la entrega de ayuda económica a familiares para que cuiden al paciente y que asciende a una media de 370 euros mensuales. Sin embargo, tras los recortes aplicados por el Gobierno central se ha procedido a una disminución del 15%, lo implica alrededor de 50 euros menos.

En todo el Estado se localiza una población que se puede encuadrar en este grupo y que efectivamente recibe ayudas de alrededor del 1,6%, mientras que en Canarias la cifra es tres veces menor hasta apenas llegar al 0,55%, pese a que la problemática es similar a la del resto del Estado. Los pacientes reconocidos pero a los que no se les da ayuda se engloban en lo que se denomina “limbo de la dependencia” que en el Archipiélago afecta a un 51,6% de los afectados, la mayor lista de toda España.

En estos momentos, 10.387 personas están a la espera de ser valoradas, lo que supone un 26 % cuando la media española es tan solo el 6%, por lo que también en esta cifra el Gobierno de Canarias presenta el dato más negativo. Igualmente es la que menos empleo ha generado y está a la cola de inversión con 38,7 euros por habitante y año frente a los 113 de la media española.

Desde su aprobación la Ley de Dependencia ha pasado por varias fases. Así a partir del mes de mayo de 2009 se va implantando en toda España de una forma que es calificada por este experto de “más o menos ágil y eficaz”. No obstante, Canarias, Valencia, Baleares y Murcia se han situado desde un principio a la cola de esta prestación en cuanto a casi todos los datos. A partir de 2011, tras las elecciones autonómicas se entró en otra fase caracterizada por la ralentización y finalmente desde el último medio año se puede hablar ya de auténtico retroceso.

Ramírez considera que el gobierno central del Partido Popular (PP) ha llevado a cabo “una derogación encubierta” de la ley y a un “desmantelamiento absoluto del sistema” que se había comenzado a implantar aunque fuese de manera embrionaria. Este experto tiene pocas esperanzas de que la normativa se mantenga en los próximos años: “Si la última palabra recae en los gobernantes españoles o canarios, estoy seguro de que esta legislación fracasará totalmente y se derogará. Pero no nos podemos permitir ese lujo”.

Y ello es así por cuatro motivos: el primero porque tanto España como Canarias registran un incremento progresivo de la población mayor, en segundo lugar porque se ahorra en costes sanitarios y la tercera porque este sistema genera beneficios económicos y sobre el empleo “tremendamente importantes”.

Así por cada millón de euros invertidos se crean treinta empleos y unos retornos económicos del 43% por los impuestos tales como pagos a la Seguridad Social, de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el General Indirecto Canario (IGIC). La última razón, según Martínez, “sólo va dirigida a políticos con alma” y sería que esta normativa, “se debe mantener por pura justicia social”. En estos momentos son muchas las familias españolas que sobreviven gracias a estas ayudas por mínimas que sean, aunque en Canarias apenas se cifran en 11.756 pacientes. “

Lo que sí vemos es que como se sigan haciendo recortes brutales ponemos en quiebra el sistema social y generamos un sufrimiento a las familias y personas más vulnerables que no se merecen un trato semejante en un Estado de Derecho como en el que supuestamente tenemos“. Martínez pide a la ciudadanía que presione para que le otorgue a este asunto la importancia que se merece en cuanto afecta a un millón de familias en toda España.

Para este colectivo, en definitiva, el Sistema de Atención a la Dependencia evidencian que “la desidia del Gobierno canario condena a miles de dependientes que residen en las Islas a morir sin las prestaciones y servicios a las que tienen derecho. A la vez, Canarias es la Comunidad que menos empleo ha generado con solo 3.500 trabajadores en el sector y que proporcionalmente menos cuidadoras no profesionales se han incorporado al sistema. ”El Gobierno de Canarias añade a los recortes estatales del Sistema de Atención a la Dependencia, el cruel porcentaje del limbo de la dependencia, el de la espera para ser valorados, y un sistemático incumplimiento de la Ley.

A los continuos recortes que se han ido aprobando a nivel estatal y que alcanzan el 15% en las prestaciones económicas a los cuidadores familiares, supresión de la cotización a la seguridad social por ellos o moratoria de 2 años para la efectividad de las prestaciones, entre otras, el Gobierno canario suma por su cuenta una absoluta paralización en la aplicación de la Ley. Canarias es, en este sentido, la Comunidad que evidencia un mayor incumplimiento de la Ley“, señaló este especialista.