Caso Mascarillas

Anticorrupción presenta una querella contra el Servicio Canario de la Salud por la compra de mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, y el responsable de la empresa RR7 United Limited SL, Rayco Rubén González Sánchez, por el pago de cuatro millones de euros en mayo de 2020 por una partida de mascarillas que nunca se entregó a la sanidad pública.

Anticorrupción aprecia indicios de que en esa operación se cometieron delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales, según ha informado a Efe el Ministerio Público.

En la querella, registrada este martes, la Fiscalía pide que también se investigue por esos hechos a la entonces directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez.

En los últimos meses, Anticorrupción ha solicitado a la Consejería de Sanidad los contratos con RR7 United, la empresa adjudicataria del contrato de emergencia con el SCS para la compra del material sanitario, del 25 de mayo de 2020.

Además, también ha demandado resoluciones o informes jurídicos en el marco de unas diligencias preliminares de investigación en las que tomó declaración a los implicados, así como a varios funcionarios, sobre el contrato, además de al denunciante de los hechos, el empresario Juan Manuel Pérez León.

Este último había pedido que se investigaran 59 operaciones de compra de material contra la covid-19 realizadas por la Dirección General de Recursos Económicos del SCS entre 2020 y 2021, por valor total de 32 millones de euros.

Investigación abierta desde abril

El caso se investiga desde abril de este año y el propio consejero de Sanidad, Blas Trujillo, compareció en el Parlamento regional en mayo para dar explicaciones.

El dirigente socialista detalló y defendió los pormenores del contrato de emergencia que el Servicio Canario de Salud (SCS) adjudicó por cuatro millones de euros en mayo de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia de COVID-19, para la adquisición de un millón de mascarillas FFP3, de máxima protección.

La directora de Recursos Económicos decidió resolver el contrato adjudicado a RR7 United, al no haber recibido la partida de un millón de mascarillas por las que había abonado por anticipado cuatro millones de euros y exigió el reitengro de los fondos, lo que se notificó a la empresa el 31 de mayo, según información recogida por Efe del Portal de Transparencia.

Posteriormente, RR7 United presentó el 29 de junio de 2021 un escrito en el que exponía su intención de cumplir con lo pactado y efectuar cuanto antes la entrega del material contratado.

Ante la imposibilidad de suministrar las mascarillas N95 de la marca 3M, como se había comprometido, solicitó autorización para el cambio de modelo por otras tipo FFP3 NRD, del fabricante Honeywell, y que se dejase sin efecto la resolución del contrato.

Según recogen los documentos publicados en el Portal de Transparencia, el SCS accedió a ese cambio al estimar que “se mantenía la necesidad del material objeto de contratación” y por “principios de interés público, racionalidad y eficiencia”.

Para ello, el 14 de julio de 2021 contactó con la empresa a efectos de valorar la modificación propuesta y ajustar el contenido de la prestación a los precios actuales de mercado, considerando que se mantenía el equilibrio económico del contrato con un incremento en el número de unidades a suministrar del 20% (se pasaba de 1 a 1,2 millones de mascarillas).

Sin embargo, RR7 United tampoco entregó las mascarillas Honeywell, por lo que Sanidad volvió a resolver el contrato.

El Gobierno canario no llegó nunca a poder usar las mascarillas ni tampoco recuperó el dinero adelantado a RR7, que, además, carecía de experiencia en el sector sanitario.

Trujillo detalló que la Agencia Tributaria Canaria había realizado hasta mayo al menos diez intentos de embargo al contratista, que han resultado infructuosos.

La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas abrió diligencias en abril para investigar la presunta comisión de un delito de estafa por parte de la empresa y de prevaricación y malversación en el seno del Servicio Canario de Salud. Dicha investigación ha desembocado ahora en la presentación de esta querella contra el SCS y la empresa adjudicataria.

Al darse a conocer el caso, el director del SCS, Conrado Domínguez, explicó que el organismo que dirige había iniciado todos los procedimientos administrativos para recuperar el dinero adelantado y recordó que en esa época se efectuaron más de 15 contratos de este tipo y que todos se completaron “con una satisfacción importante, porque todo el material llegó y fue utilizado para proteger a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos”.