El Gobierno de Canarias anuncia que abonará este mes el 50 % de las ayudas covid al alquiler de viviendas

El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis. EFE/Ángel Medina G.

Efe

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El Gobierno canario adelantará desde la próxima semana el abono del 50 % de las ayudas extraordinarias al pago del alquiler de una vivienda aprobadas el pasado mes de mayo para hacer frente a la emergencia habitacional desatada por la propagación de la covid-19 en las islas.

Así lo ha avanzado este martes el consejero regional de Vivienda, Sebastián Franquis, quien ha recalcado que las catorce comprobaciones que hay que hacer por cada uno de los 7.500 expedientes susceptibles de beneficiarse de estas subvenciones, de los 18.000 presentados a esta convocatoria, explican que hasta ahora solo se hayan podido resolver favorablemente 280.

Por este motivo, y ante la premura con la que se pretende responder a la situación socioeconómica deficitaria que ha causado esta pandemia en muchos hogares canarios, el Ejecutivo regional ha decidido adelantar el abono de las ayudas correspondientes a seis meses de alquiler, que oscilan entre los 500 y los 900 euros, a 2.500 solicitantes que a 31 de diciembre estaban desempleados o afectados por un ERTE.

El otro 50 % de estas subvenciones se pagará cuando se confirme que la situación de los beneficiarios a finales de 2020 se correspondía con la exigida para poder percibirlas. Si esto no fuera así, se deberá devolver el dinero recibido, ha advertido Franquis.

En la presentación del decreto ley de medidas extraordinarias en materia de vivienda que el Ejecutivo canario prevé que convalide a finales de este mes el Parlamento regional y que ha promovido para agilizar la ejecución del Plan de Vivienda 2020-2025, Sebastián Franquis ha recalcado que este octavo programa autonómico dirigido a paliar la demanda habitacional existente en el archipiélago prevé la construcción de 5.974 casas en los próximos cinco años.

Franquis ha explicado que este octavo plan de vivienda, aprobado por unanimidad por el Parlamento canario el pasado 2 de diciembre, prevé la existencia de viviendas públicas de régimen especial, cuya construcción corresponderá al Instituto Canario de la Vivienda, y de régimen general, que podrán ejecutar la empresa pública Visocan o la iniciativa privada, que hará 500, siendo todas destinadas al alquiler.

La cuantía máxima del alquiler mensual de las viviendas de régimen especial será de 228 euros, mientras que la de las de régimen general oscilará entre los 330 y los 441 euros, en función del nivel de ingresos de sus arrendatarios.

El consejero también ha explicado que el decreto ley que se prevé que convalide este mes el Parlamento establece que, como ya hacen los cabildos, los ayuntamientos puedan intervenir en la gestión del plan de vivienda agilizando la concesión de licencias atendiendo al trabajo de calificación previo realizado por el Instituto Canario de la Vivienda, una cogobernanza con la que se aspira a agilizar su tramitación, de forma que se pueda ejecutar en el período de tiempo para el que se ha diseñado, y no mucho después, como ha ocurrido hasta el momento.

El nuevo plan de vivienda prevé la recuperación de 600 inmuebles vacíos, que se destinarán al alquiler y la puesta a disposición de otros 614 que permitirán luchar contra el abandono poblacional de ciertos municipios, ha destacado el consejero.

Además, el Gobierno canario pretende que el sorteo deje de ser el método por el que se adjudique las viviendas de este plan, al estimar que no es el sistema más justo, de ahí que aspire a pactar con las formaciones políticas y los agentes sociales otro mecanismo que atienda a las condiciones socioeconómicas de los núcleos familiares que sean potenciales beneficiarios.

Sobre la próxima convocatoria ordinaria de las ayudas al alquiler de viviendas 2020-2021, cuyas bases se darán a conocer en breve y que se estima que beneficien a unas 15.000 familias, Franquis ha confiado en que sea la última que promueve el Ejecutivo regional, que pretende que estas subvenciones se transformen en prestaciones económicas que complementen a las futuras rentas de ciudadanía, que Derechos Sociales estima que se puedan comenzar a abonar a finales de este año.

Consciente de que la demanda de vivienda en Canarias es de 18.000 inmuebles, con este octavo plan, que habilitará unas 6.000 que se comenzarán a licitar en un año, el Ejecutivo canario pretende paliar en parte esta emergencia habitacional, después de que en los últimos ocho años que no se hayan construido casas públicas en las islas, e impulsar la reactivación económica regional con la creación de 24.000 empleos, especialmente dirigidos a la rehabilitación, ha aseverado Franquis. 

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