Canarias encabeza la lista de rupturas matrimoniales después del confinamiento

Las demandas de rupturas matrimoniales han incrementado de manera generalizada durante el tercer trimestre de este año. Este aumento se produce después del impacto que el confinamiento, la suspensión de plazos procesales y la adopción de medidas de seguridad e higiene para hacer frente al COVID-19 tuvieron en la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre del año, que se tradujo en importantísimas reducciones en todos los tipos de demandas. Según las estadísticas, Canarias y la Comunidad Valenciana son las regiones que han recogido el mayor número de demandas, con 6,6 casos por cada 10.000 habitantes.

Los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran que el número total de demandas de separaciones y divorcios ha aumentado un 16,6% con respecto al tercer trimestre de 2019.

Tras las fuertes disminuciones observadas en el trimestre anterior, se han observado incrementos interanuales en todas las formas de disolución matrimonial. Las 14.835 demandas de divorcio consensuado son un 17,7% más que las presentadas en el mismo trimestre del año pasado y las 9.809 demandas de divorcio no consensuado son un 15% más. Por lo que respecta a las demandas de separación, las 783 demandas de separación consensuada representan un incremento del 19,7%, y las 305 no consensuadas un 6,6% más que las presentadas el año anterior. Por su parte, las demandas de nulidad presentadas han ascendido en un 16,7% en comparación con 2019.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a uno de enero de 2020, el CGPJ advierte que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en Canarias y en la Comunidad Valenciana, con 6,6. Le siguen Baleares, con 6,1; Andalucía, 5,9; Asturias y Cantabria, 5,7; Galicia, 5,6; y Murcia, 5,5.

Todas estas Comunidades Autónomas superan la media nacional, que es de 5,4. Las cifras más bajas se han dado en Castilla y León y País Vasco, con 4,3; Madrid, 4,4; y Aragón, 4,6, que se quedan por debajo de la media nacional.

Procedimientos durante el estado de alarma

El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en la Administración de Justicia, contiene la “regulación ex novo de un procedimiento especial y sumario para la resolución de cuestiones relativas al derecho de familia directamente derivadas de la crisis sanitaria” que estuvo operativo durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización. Los datos relativos a este procedimiento se incluyeron en el apartado “juicios verbales relativos al derecho de familia” de los boletines trimestrales.

Si bien no es posible determinar cuántos procesos de este tipo ingresaron en los órganos judiciales, al no tener reflejo individualizado, sí se observa un incremento en el ingreso de los juicios verbales relativos al derecho de familia, tanto en el segundo trimestre como en el tercero.

Ascenso de las medidas consensuadas

Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las consensuadas, han mostrado importantes incrementos interanuales respecto al mismo trimestre del año 2019.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 2.991, se han incrementado un 28,3%, y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 7.376, lo han hecho un 8,6% respecto al mismo trimestre de 2019.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 5.930, han tenido un incremento interanual del 56,8%, mientras que las no consensuadas, 6.981, se han incrementado un 21,3%.