Las clínicas privadas se ofrecen a la Sanidad canaria
La patronal de la Sanidad privada en la provincia de Las Palmas ha vuelto a ofrecer al Servicio Canario de Salud (SCS) del Gobierno de Canarias sus recursos para “desbloquear algunas de las listas de espera que siguen creciendo de manera importante en las Islas”, según los datos facilitados el miércoles por los responsables públicos de la Sanidad canaria, con un incremento del 9% en los últimos seis meses, pero con mayor repercusión en los hospitales de Gran Canaria, con subidas superiores al 25%.
Horas antes de que el SCS diera a conocer ese repunte en la relación de pacientes en espera de ser atendidos, la Asociación de Clínicas y Centros Hospitalarios de Las Palmas insistió a la Sanidad pública canaria poner a su disposición -mediante el correspondiente convenio con la administración autonómica- “los recursos humanos y materiales capaces de atender todas las especialidades con mayores listas de espera”, entre las que cita traumatología, oftalmología, cirugía general, urología, rehabilitación, pruebas diagnósticas y otorrinolaringología.
Los empresarios de las clínicas de Las Palmas aseguran no entender “el riesgo de convertir en crónicos a algunos enfermos y, con ese agravamiento de las patologías, encarecer aún más el coste de su atención”, ante las cifras ofrecidas por la Asociación del Defensor del Paciente, de unas 27.000 personas pendientes en las listas de espera de las especialidades médicas.
Tanto pruebas diagnósticas como operaciones quirúrgicas requieren, a juicio de la patronal, de un “trabajo conjunto de la sanidad pública y la privada para el equilibrio en los niveles de atención a la población”, según explican los empresarios en un comunicado oficial, con el fin de evitar, también, “los efectos físicos y psicológicos que para los pacientes tiene esperar durantes meses a la resolución de sus patologías”.
La patronal de la Sanidad privada asegura que “es cuestión de marcar prioridades y de que se aborde de frente un problema social muy grave”, ya que “entre las instalaciones públicas y privadas existen los instrumentos necesarios para evitarlo”.
