Solo la compañía del agua de Santa Cruz de Tenerife incumple la ley que obliga a tener teléfonos gratuitos para los usuarios

Facua-Consumidores en Acción ha presentado una batería de denuncias ante la dirección general de Consumo del Ministerio y diferentes autoridades de protección al consumidor autonómicas tras comprobar que 6 de cada 10 suministradoras de agua, entre ellas, la de la capital tinerfeña, Emmasa, incumplen la ley que obliga a tener teléfonos gratuitos. Así lo afirma la organización en un comunicado, en el que asegura que las denuncias las ha presentado tras un análisis realizado por la asociación sobre las páginas web de 42 empresas suministradoras de agua, que abarcan todas las capitales de provincia además de cientos de localidades a las que también abastecen. De ellas, solo 17 cumplen con la normativa al facilitar teléfonos gratuitos que aseguran la atención al consumidor en un sentido amplio, entre las que se incluyen Aguas de Barcelona, cuya filial local es Canaragua, que participa como parte privada en Teidagua y en Aguas de Telde, y Emalsa, en Las Palmas de Gran Canaria.

Otras 17, explica Facua, solo disponen de teléfonos con prefijo geográfico o numeraciones móviles. Se trata de Emalcsa (A Coruña), Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia, Aguas de Burgos, Acemsa (Ceuta), EMA (Gijón), Aguas de Soria, Aguas de Teruel, Tagus (Toledo), Emivasa (Valencia), Amvisa (Vitoria), Aqualia (su oficina en la Mancomunidad del Órbigo, en León), Facsa (Castellón), el Ayuntamiento de Huesca, el Ayuntamiento de Logroño, Servicios de la Comarca de Pamplona, Aguas del Añarbe (San Sebastián) y el Ayuntamiento de Segovia.

Ocho suministradoras, por su parte, también incumplen la normativa al disponer de numeraciones gratuitas pero restringidas a determinadas gestiones específicas, en lugar de facilitar un teléfono gratuito que garantice una atención amplia de los consumidores: Emmasa (Santa Cruz de Tenerife), Aquona (Ciudad Real, Palencia y Zamora), Aigües de Girona, Aquara (Zaragoza), Emacsa (Córdoba), Aguas de Cuenca, UTE Guadalajara y el Ayuntamiento de Melilla.

Las 17 restantes que sí cumplen con la normativa son Emalsa (Las Palmas de Gran Canaria), Aguas de Albacete, Aguas Municipalizadas de Alicante, Aguas de Barcelona, Aguas de Cádiz, Canal de Isabel II (Cáceres y Madrid), Emasagra (Granada), Emasa (Málaga), Emuasa (Murcia), Aqualia, Aguas de Huelva, Aguas de León, Viaqua (Orense, Pontevedra y Santiago de Compostela), Emaya (Palma de Mallorca), Ematsa (Tarragona), Emasesa (Sevilla) y Aquavall (Valladolid).

Este análisis se trata del segundo que ha realizado Facua sobre el grado de cumplimiento de la normativa de las empresas que prestan servicios básicos de interés general.

Facua ha indicado este jueves que en la ley se señala que “en los supuestos de servicios de carácter básico de interés general, las empresas prestadoras de los mismos deberán disponer, en cualquier caso, de un teléfono de atención al consumidor gratuito. A estos efectos, tendrán la consideración de servicios de carácter básico de interés general los de suministro de agua, gas, electricidad, financieros y de seguros, postales, transporte aéreo, ferroviario y por carretera, protección de la salud, saneamiento y residuos, así como aquellos que legalmente se determinen”.

En cuanto a las empresas que no ofrecen servicios básicos de interés general, la normativa recoge que “en caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior al coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar”.

Según la organización, si utilizara una línea de tarificación especial que supone un coste para el consumidor, el empresario debe facilitar “junto con la información sobre dicha línea telefónica de tarificación especial y en igualdad de condiciones, información sobre un número geográfico o móvil alternativo”.

Antecedentes en la gestión de Emmasa

En diciembre de 2005 se adjudicó a la empresa Sacyr la gestión del ciclo integral del agua en Santa Cruz de Tenerife durante 25 años a cambio del abono de 59 millones de euros por el canon para gestionar la infraestructura pública y otro millón por la adquisición de 212 acciones de Emmasa.

El acuerdo, que se firmó en la etapa de Miguel Zerolo (Coalición Canaria, y en prisión por el caso Las Teresitas) al frente de la alcaldía, incluía una cláusula por la que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le devolvería esa cantidad a la empresa a razón de más de dos millones de euros al año. Todo ello salió a la luz después de 30 años de gobiernos nacionalistas en la capital una vez que el PSOE, con Patricia Hernández al frente, se hizo con el bastón de mando. Hernández ordenó paralizar los pagos, aunque ya se habían abonado más de 27 millones. El Gobierno que duró solo unos meses acabó tras una moción de censura, liderada por Coalición Canaria y apoyada por el Partido Popular y una concejala tránsfuga de Ciudadanos.

En julio de 2020 se inició el proceso de interpretación del contrato, en el que Emmasa y Sacyr aportaron sus alegaciones, que fueron desestimadas en septiembre, por lo que el expediente fue remitido al Consejo Consultivo el 24 de septiembre, y cuyo dictamen llegó en abril de este año, con la imputación de Zerolo por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.