La crisis de vivienda empobrece: casi 400.000 personas en Canarias se retrasan en gastos relacionados con su casa o con compras a plazos

El dato de personas en riesgo de pobreza y exclusión social se ha reducido en Canarias, pero aún afecta al 31,2 % de la población (unas 700.000 personas). Así lo pone de manifiesto el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN Canarias), que ha presentado su informe este viernes en el Parlamento de Canarias. Además, otra de las cuestiones que refleja el informe es que la crisis de vivienda es un factor que empobrece.

La cifra de personas en riesgo de pobreza y exclusión se ha reducido respecto al año pasado, cuando el porcentaje era de 33,8%. Si se atiende a los últimos diez años, el Archipiélago ha reducido esta tasa en 7,2 puntos, ya que en 2015 presentaba un porcentaje de personas en este riesgo del 38,4%.

En el conjunto del Estado la tasa AROPE se sitúa en el 25,8%, Canarias la supera en 5,4 puntos porcentuales.

El informe dedica un apartado a la crisis de vivienda, e incide en que es uno de los factores más determinantes en los procesos de pobreza y exclusión social.

Entre 2014 y 2024, el precio medio de los alquileres en Canarias ha aumentado un 68,1%, muy por encima del incremento estatal (39,3 %) y del aumento medio de las cuotas hipotecarias (20,1 %). “Este incremento de los precios y la consecuente dificultad de acceso a una residencia tiene su reflejo en el hecho de que dos de cada cinco residentes en Canarias sufran falta de espacio en la vivienda, una proporción que se ha triplicado desde 2018”, incide el informe.

El 17,7 % de la población (casi 400.000 personas) declara haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos.

El informe también detalla que la tasa AROPE en Canarias es más elevada entre quienes viven en hogares con menores económicamente dependientes (32,4 %), entre quienes residen en zonas rurales4 (39,5 %), quienes tienen vivienda en alquiler a precio de mercado (48,6 %), quienes están en desempleo (60,8 %) y quienes tienen alguna discapacidad5 (42,3 %).

La tasa de pobreza alcanza el 24,6% de la población, lo que equivale a 550.728 personas que viven con ingresos por debajo del umbral de pobreza (965€ al mes por unidad de consumo). A nivel estatal, esta tasa es del 19,7%, lo que evidencia una brecha de casi cinco puntos entre Canarias y la media nacional.

Impacto de género y de edad

Asimismo, el informe eviencia que la pobreza tiene un fuerte sesgo de género y edad. La pobreza afecta al 25,6% de las mujeres (unas 363.000), dos puntos más que entre los hombres (23,6%).

La pobreza infantil afecta al 40,2% de los niños, niñas y adolescentes de Canarias (unos 91.000) que viven en riesgo de pobreza o exclusión social, una de las tasas más altas del Estado.

Entre las personas mayores de 65 años, afecta al 23,4 % y entre la población desempleada alcanza el 60,8%, mientras que entre quienes tienen alguna discapacidad asciende al 42,3%.

“Reforzar la inversión social y un Pacto de Estado”

En un comunicado EAPN advierte de que la pobreza y la exclusión social son fenómenos estructurales y persistentes, que requieren respuestas estables y coordinadas entre administraciones.

La Red propone diseñar políticas integrales de pobreza y que se tengan en cuenta todas las administraciones públicas con competencias en materia de pobreza y todos los niveles de la administración. Se necesita un acuerdo amplio y a largo plazo en forma de “Pacto de Estado contra la Pobreza”.

También pide mejorar y desarrollar los mecanismos de implantación de políticas públicas que tienen que ver con: la garantía de rentas dignas en todas las etapas de la vida, el acceso y mantenimiento de la vivienda y la mejora de los servicios públicos como la educación, la sanidad, el empleo y los servicios sociales, en especial de las personas con mayor vulnerabilidad.

En este sentido, EAPN Canarias reclama el refuerzo de las políticas autonómicas de garantía de rentas, especialmente la Renta Canaria de Ciudadanía, cuya aplicación aún no ha desplegado plenamente sus complementos en materia de vivienda, pensiones no contributivas y educación.

Asimismo, reclama intensificar las políticas de protección social para alcanzar los objetivos marcados por la Agenda 2030, impulsando políticas sociales estructurales, que se consoliden como parte de los derechos sociales propios de un estado de bienestar y no solo respondan a situaciones de emergencia.