En contra de la custodia compartida impuesta judicialmente

Representantes de las organizaciones agrupadas en el Foro contra la Violencia de Género y en la Plataforma de Acción Feminista Canaria se han reunido con el Grupo Nacionalista Canario y el Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias para proponer un pronunciamiento de la Cámara a favor de mantener la actual regulación legal en los casos de procedimientos de guarda, custodia y alimentos de hijos extramatrimoniales, separación o divorcio.

En concreto, solicitan que el modelo de custodia compartida siga dependiendo de las necesidades de los niños -en función de cada situación familiar- y no haya un modelo preferente de custodia impuesta judicialmente.

Estas organizaciones, que también se han dirigido a cabildos y ayuntamientos, informaron a los grupos parlamentarios sobre la campaña de recogida de adhesiones asociativas y de firmas personales dirigidas al ministro Gallardón para el mantenimiento de la actual legislación. De hecho, han indicado que es la primera vez que una propuesta de movilización política de los grupos feministas del Estado sale desde Canarias hacia el resto de las comunidades autónomas.

En este sentido, han criticado la campaña de “desinformación” desarrollada por los colectivos que defienden un cambio legislativo para que la custodia compartida sea impuesta judicialmente como modelo preferente. Igualmente, han denunciado la actitud “poco responsable” con los derechos de los menores del Gobierno del Estado tras el anuncio hecho por el ministro Gallardón en el sentido de aceptar dicha modificación del Código Civil vigente.

Las organizaciones argumentaron que el actual ordenamiento ya establece la posibilidad de que los padres y madres compartan las labores de crianza de los menores una vez se ha disuelto el vínculo conyugal o sentimental, en caso de acuerdo o sin éste, puesto que el juez o jueza puede acordar la custodia compartida con informes de fiscalía y de acuerdo con el interés del o la menor.

También explicaron que se estima como la situación más beneficiosa para el niño, siempre y cuando permita un adecuado desarrollo integral del menor. “Podrá adoptarse dicha medida cuando los progenitores reúnan condiciones similares de disponibilidad para el cuidado de los hijos, con respuesta positiva de éstos, siendo requisito, entre otros, que vivan cerca para facilitar los cambios de vivienda sin que perjudique a las relaciones sociales del o la menor (escolares, de amistades, actividades)”, añadieron.

Porcentajes

Según el informe aportado por la Plataforma y el Foro, “no es cierto que se esté denegando sistemáticamente la custodia a los hombres, simplemente no se concede lo que no se pide”. Es más, aseguran que las cifras indican que las sentencias de custodia compartida se solicitan en “muy pocos casos”, pues, según los estudios consultados, no llegan al 8 por ciento los padres que lo solicitan.

Los colectivos argumentan que introducir una modificación a favor de la custodia compartida impuesta judicialmente “no aportará mejoras a la convivencia social y sí perjuicios a los derechos de los y las menores”. “Creemos que las razones que inducen a exigir cambios en esta materia se relaciona con cuestiones que no tienen que ver con el supremo interés del menor, y se basa en los problemas económicos de los progenitores y no en los problemas afectivos y educativos de los hijos”.

En el transcurso de la reunión también se valoró el hecho de que Save the Children se haya pronunciado por el mantenimiento del modelo de custodia vigente hasta hoy como garantía de la mejor forma de proteger los derechos de los hijos. “Y que las experiencias europeas de custodia compartida impuesta judicialmente están provocando un elevadísimo nivel de conflictividad familiar y daño a los niños”, denunciaron las organizaciones.

“No estamos en contra del modelo de custodia compartida pero sí rechazamos que sea la única alternativa y que se imponga frente a la negativa de una de las partes”, añadieron la Plataforma y el Foro, que apuestan por “una coparentalidad responsable que garantice el bienestar de los menores antes y después de una separación”.