''Derogación encubierta'' de la Ley de Dependencia
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales considera que el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el viernes y publicado este sábado en el BOE supone “la práctica destrucción del sistema de atenciones y el retroceso de los derechos de personas en situación de Dependencia y de sus familias”.
Para la asociación, se trata de una “derogación de la Ley de Dependencia burdamente enmascarada en la falsa necesidad de sacrificios a que se está sometiendo al conjunto de la sociedad española”.
En un comunicado emitido este sábado, los gerentes de servicios sociales inciden en que algunas de las medidas adoptadas en este decreto son “inútiles y sangrantes”. Entre ellas cita la suspensión de la incorporación de dependientes con Grado I (moderados) hasta el 1 de julio de 2015 y la simplificación del baremo a tres grados (sin niveles). “Esto tendría sentido desde una óptica de respiro al sistema para propiciar su reordenación, pero no es más que parte de la maniobra de desmantelamiento. La eliminación de niveles pone en peligro a las personas valoradas que, si son sometidas a revisión de grado a la baja, como ya se está haciendo, perderán derechos”, explican.
Por otra parte, se incrementan las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir, “llevando al límite de la capacidad real de las economías familiares”. El borrador de Real Decreto sobre copago pendiente de aprobación incrementa de manera importante las aportaciones, lo que “afectará al patrimonio de las personas dependientes”.
“A cambio de este sacrificio”, añade la asociación, “se empeoran las atenciones y la intensidad de los servicios de proximidad, especialmente de la ayuda a domicilio”.
Para los gerentes sociales, será “imposible” obtener recaudaciones por encima de 15% del total del coste actual del sistema, “habida cuenta el bajísimo poder adquisitivo medio de la mayor parte de las personas atendidas (pensionistas)”.
Otra de las medidas incluidas en el decreto es la reducción de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%. “Si bien siempre hemos considerado y dicho que evidentemente se ha abusado de esta fórmula, convirtiendo la atención a la dependencia en una errónea política de rentas, hay que aclarar que el abuso de la misma ha sido provocado por las propias Administraciones Públicas, incapaces de ofrecer una red de servicios sociales profesionalizados con suficiente cobertura y flexibilidad”.
Critican además que el Ministerio, por boca de su Secretario de Estado, “se haya permitido incluso el lujo de criminalizar a los familiares que atienden a las personas dependientes hablando públicamente de fraude en estas prestaciones”. Los profesionales exigen una rectificación pública del Secretario de Estado por “poner en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de miles de familiares de afectados en España”.
El recorte afecta a 435.180 personas que verán reducidas las prestaciones que reciben en una media de 55 euros al mes. El ahorro obtenido (estimado en 285 millones en el primer año) “no se reinvierte en servicios o mejoras del sistema, sino que se volatiliza”.
Suspensión de la retroactividad
Con este decreto, también se suspende la retroactividad de las prestaciones para aquellas personas que ya se encontraban en situación de generar derechos por las mismas. Las cuantías devengadas hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley se podrán abonar por las administraciones a plazos durante los próximos ocho años.
En materia de financiación del sistema, se reduce en más de un 13% las cuantías a entregar por parte de la Administración Central a las Comunidades Autónomas, de manera que “se abunda en el recorte que pone en claro peligro la sostenibilidad del sistema”. Según la asociación, esta medida es “especialmente sangrante por cuanto afecta con mucha más dureza a las Comunidades Autónomas que hicieron mejor los deberes y atienden a más ciudadanos y mayoritariamente con servicios. Resulta insólito y constituye una flagrante deslealtad institucional que esta reducción del nivel mínimo no se haya siquiera negociado en el seno del Consejo Territorial, sino que se ha tratado de una medida sorpresiva para el conjunto de Comunidades Autónomas”.
A los 283 millones recortados del nivel acordado, se suman, por tanto, 227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores que se dejarán de abonar, y, al menos, otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado, para un total de ahorro en un año de 700 millones de euros. Por su parte, las CCAA dejarán de gastar en su conjunto un total de 300 millones en prestaciones económicas y eliminación de retroactividades.
“La reforma de la Ley 39/2006 es un atentado contra las personas dependientes, contra sus familias, contra el colectivo de profesionales, contra las empresas del sector y contra las administraciones autonómicas y un destrozo en la política social de España”, concluyen.
