El comité de empresa de Política Territorial advierte de que “el mal funcionamiento del área” puede atascar proyectos
El comité de empresa de la Consejería de Política Territorial advierte este lunes de que los proyectos de distribución de gas propanado tienen que someterse a evaluación de impacto ambiental y que, por como funciona el área, “difícilmente pueden tramitarse en menos de dos años”.
En un comunicado, la fuente destaca que esta problemática no es nueva, sino que se suma a la “deficiencia de operatividad que se lleva arrastrando desde hace varios años”, ya que, desde la incorporación efectiva del nuevo equipo directivo, la situación de la Consejería “se ha agravado notoriamente”.
Tras constituirse hace más de un año, el nuevo comité de empresa de Política Territorial, se han mantenido distintas reuniones con sus órganos directivos para transmitir las inquietudes del personal laboral sobre el estado de funcionamiento y que se puede resumir en: una plantilla insuficiente para las competencias de la Consejería.
Así, apunta que algunos servicios son casi inoperativos, que hay vacantes de Jefaturas de Servicio y Sección, la inmovilidad en materia de personal, inseguridad y falta de transparencia de los procedimientos administrativos, la obsolescencia del parque móvil y hasta las deficiencias de los baños del edificio.
A todo esto se suma la reciente aprobación de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias que, en su opinión, “ha creado un nuevo galimatías jurídico que atasca la evaluación ambiental, pues no se sabe quién asume las competencias para emitir los correspondientes informes”.
Todo ello se suma a la falta de desarrollo reglamentario, en concreto, el que debe regular la composición y funcionamiento del órgano colegiado que debe emitir el informe único y las evaluaciones ambientales estratégicas de los instrumentos de ordenación que a fecha de hoy ni siquiera se ha iniciado, añade la nota.
Esto supone una “paralización absoluta” en la tramitación, entre otros, de los Planes Generales de Ordenación y de los Planes Insulares de Ordenación ya que se trata de informes preceptivos y vinculantes lo que supone una evidente contradicción con los criterios de simplificación, racionalización y eficacia promulgados en el preámbulo de esta norma.
Ante estos hechos, el comité de empresa denuncia la “incapacidad de gestión” del equipo directivo de la Consejería, “incompetente” para organizar lo que mandatan las leyes y evitar que se retrasen los procedimientos de los expedientes que se eternizan y acumulan.
También afirma que la plantilla es insuficiente y está en precario, y que la Consejería no ha activado medidas para ocupar las plazas vacantes de funcionarios -la mitad de las jefaturas se encuentran sin cubrir-, el personal laboral actual no es suficiente para asumir el volumen de trabajo y el 50 % del personal se encuentra en situación temporal o interina.
Apynta asimismo que los expedientes se acumulan sobre mesas y armarios en el pasillo de las oficinas, sin estar debidamente custodiados, lo que no garantiza ni el control ni su confidencialidad.
A su juicio, las medidas para paliar la situación pasan por cubrir las plazas vacantes de funcionarios, estabilizar la plantilla, revisar las funciones del Reglamento Orgánico tras la reciente aprobación de la Ley del Suelo, dotar de personal a los servicios deficientes, reactivar el sistema electrónico de expedientes en consonancia con la Ley de Transparencia y reorganizar los espacios de almacenamiento para una mejor custodia.
El comité de empresa pide una reunión con al actual equipo directivo de la Consejería para impulsar las soluciones, reajustando la relación de puesto de trabajo a las necesidades reales de la empresa.
