La Fiscalía pide cárcel para los padres que no escolarizaron a sus hijos
La Fiscalía ha solicitado tres años de cárcel para unos padres de Gran Canaria que no inscribieron en el Registro Civil ni escolarizaron a sus hijos, un niño y una niña que como consecuencia de ello no saben leer ni escribir, presentan problemas de adaptación y nunca han sido vacunados.
El padre y la madre de esos dos niños, que hoy tienen 12 y 14 años, decidieron ocultar a su nacimiento para evitar que los servicios sociales o la Fiscalía de Menores les retiraran su custodia, como había ocurrido con sus hermanos mayores.
Para ello, asegura el Ministerio Público, contaron con la complicidad del abuelo paterno, una tía y una prima del padre, que les ayudaron durante distintos períodos a mantenerlos ocultos.
En un escrito de cargos al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público acusa a M.A.Q. (la madre) y a Y.C.C. (el padre) de haberse “desentendido totalmente del cuidado y atención de sus hijos”, que cuando fueron localizados por los servicios sociales eran analfabetos e, incluso, “carecían de hábitos alimentarios y de orden social” y presentaban falta de hierro.
El fiscal acusa por ello de abandono de familia a los dos progenitores, que ya tienen antecedentes penales por robo y tráfico de drogas (ella) y por robo con violencia y malos tratos (él).
La misma acusación dirige contra los tres familiares que les ayudaron a esconder a los niños: P.G.G. (su abuelo paterno), A.C.C. (tía por parte de padre) y D.H.C. (prima del padre). Cada uno de ellos se enfrenta a una posible condena de dos años de cárcel.
El Fiscal subraya en su acusación que, debido al abandono del que fueron objeto ella y su hermano, la niña presenta hoy problemas de relación con terceros y síntomas depresivos, tiene dificultades para adaptarse al colegio y al centro donde está acogida y padece sentimientos de estigmatización y soledad.
El niño, añade, también ha sufrido problemas de adaptación escolar y social y presenta sentimientos de estigmatización.
Además de las penas de prisión, el Ministerio Público demanda al Juzgado de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria que juzgará el caso que retire a los padres cualquier derecho de tutela, guarda o acogimiento sobre los dos menores por un período de diez años.
