La Fiscalía pide 38 años de cárcel para ocho miembros de una red nacional que organizaba peleas de perros en Canarias
La Fiscalía pide un total de 38 años de cárcel para ocho personas acusadas de maltrato animal por organizar peleas de perros en Canarias. Los procesados, según el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Mírame Televisión, formaban parte de una red criminal más amplia que operaba de forma simultánea en varios puntos de la geografía nacional.
La solicitud de la Fiscalía puede parecer descafeinada si se compara con las peticiones de las acusaciones populares, representadas por la Asociación Salvando Ángeles Sin Alas y por Podemos, que reclaman penas de cárcel para los representantes de la red en las islas que alcanzan los 217 y 123 años, respectivamente. Los ocho miembros del brazo canario de la trama nacional se sentarán en el banquillo por un presunto maltrato animal continuado y por pertenencia a organización criminal. Entre los encartados figura un policía local de Adeje, que también está procesado por una supuesta omisión de su obligación de perseguir delitos.
La operación policial que desarticuló la trama tuvo su actuación decisiva el 18 de febrero de 2017, cuando una intervención en una finca del municipio tinerfeño de Güímar, donde se había organizado una destacada competición de peleas de perros, marcó el inicio de un operativo que permitió rescatar en toda España a 226 animales, la mayoría en mal estado de salud, de los que 42 fallecieron. Junto a las ocho personas de la banda que operaban en Canarias, otras 14 procesados tendrán que ocupar el banquillo señalados por la Fiscalía y las dos acusaciones populares, tras las investigaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Torrejón de Ardoz, en Madrid.
En el escrito de acusación de la Fiscalía se relata que, al menos desde 2016, “ha estado operando en España y a nivel internacional un grupo organizado de personas dedicado al maltrato animal, en concreto, a organizar, promover y participar en peleas de perros con ánimo de enriquecimiento injusto”. Una red que, además de en Canarias, actuaba en Madrid, Alicante, Murcia, Almería y Málaga. Los tentáculos de la trama se extendían también hacia territorio internacional, ya que hay indicios de su actividad en Francia, México, Tailandia o Emiratos Árabes.
La Fiscalía explica que, de cara a la organización de competiciones, en las que se apostaban “grandes cantidades de dinero”, los acusados se dedicaban a la crianza de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas, a los que adiestraban para ser más agresivos y aumentar su musculatura mediante sustancias “muy perjudiciales para los canes”.
El Ministerio Público asevera en su escrito que la situación de “cruel maltrato” se producía desde el nacimiento de los perros, ya que desde entonces eran castigados, recibían una alimentación inadecuada y eran sometidos a duros entrenamientos físicos en los que se llevaba a los animales “hasta su extenuación”. Una vez que estaban aptos para las distintas competiciones, el destino al que se veían abocados era, en el mejor de los casos, terminar gravemente heridos. Muchos morían durante las peleas o cuando ya no eran de utilidad para la trama, según las pesquisas realizadas en la instrucción de la causa judicial.
La red criminal tenía una organización establecida y una estructura jerarquizada. En el primer nivel se encontraban los acusados que se encargaban de dirigir a la banda y de organizar las peleas, que también ponían en contacto al resto de miembros de la trama y tomaban decisiones sobre el futuro de los perros; en un segundo escalón aparecían los responsables de la crianza y el entrenamiento de los animales, que seguían las instrucciones de los cabecillas de la organización; y en último lugar, las personas que participaban en las competiciones y realizaban las apuestas.
Los miembros de la banda llegaron a desarrollar una jerga propia y solo permitían acudir a los eventos que organizaban a otras personas vinculadas con la red o apadrinadas por ellos. Antes de las peleas, los participantes pactaban, incluso por escrito, las condiciones del combate, el dinero que se jugaban, el peso de los perros o la penalización en caso de no comparecer.
Los procesados
El principal acusado por las actuaciones que la trama desarrolló en Canarias, considerado el líder de la organización en las islas, es E.P.C., para quien la Fiscalía solicita un total de siete años y cuatro meses de cárcel por dos delitos continuados de maltrato animal y otro de pertenencia a organización criminal. Cuando la Policía registró su domicilio en la isla de Tenerife, ubicado en el barrio capitalino de Añaza, encontró 32 perros “en un estado lamentable, rodeados de suciedad y de excrementos, atados a cadenas sin espacio para moverse y sin estructuras para guarecerse de las inclemencias del tiempo, presentando muchos de ellos heridas abiertas e infecciones mal curadas” provocadas por su participación en las peleas, según consta en el escrito de acusación.
Su mano derecha en Canarias era F.C.G., policía local del Ayuntamiento de Adeje, que también se enfrenta a siete años y cuatro meses de cárcel por dos delitos continuados de maltrato animal y otro de pertenencia a organización criminal, además de a una pena de inhabilitación especial de un año y tres meses para cargo o empleo público por su condición de miembro de un cuerpo de seguridad y haber omitido su deber de perseguir actuaciones delictivas. También criaba perros, participaba junto a E.P.C. en la organización de los eventos y se encargaba de suministrar al grupo sustancias anabolizantes. En el registro de una de sus fincas, en el municipio de Arona, se descubrieron 11 cachorros y 34 perros adultos, también en un “lamentable estado higiénico y sanitario”.
El tercer miembro destacado de la banda es J.A.L.G., para quien el Ministerio Público pide cuatro años y diez meses de prisión por dos delitos continuados de maltrato animal y uno de pertenencia a organización criminal. Al igual que E.P.C. y F.C.G. se encargó de preparar el evento previsto para el 18 de febrero de 2017, el día en que se vino abajo la trama gracias al operativo policial. Además de dedicarse a la crianza, en una de sus propiedades tenía su propio ring para el combate de los animales, en donde también se llevaban a cabo peleas clandestinas de perros.
La Fiscalía solicita para otro de los acusados, J.A.R.T., la misma pena que para J.A.L.G: cuatro años y diez meses de prisión por iguales delitos. En su finca del municipio de La Laguna se encontraron nueve perros, dos de los cuales fallecieron debido a su mal estado de salud. El procesado se encargaba de suministrarles medicación sin someterles a control veterinario.
En un escalón inferior al que ocupaban los cuatro miembros más destacados del brazo canario de la red, de ahí la diferencia en la petición de penas, se encuentra G.M.R., para quien la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel por un delito de maltrato animal y otro de pertenencia a organización criminal. La misma condena se pide para otro de los encartados, que responde a las iniciales de S.M.E.B.
En una finca de la que es titular G.U.G.G., otro de los acusados, que se enfrenta a una pena de tres años y cuatro meses de prisión, se rescataron 29 perros, de los que cuatro fallecieron. El procesado también disponía de un ring para celebrar sus propias peleas y en la propiedad se encontraron cintas de correr que usaba para entrenar a los animales.
Una pieza clave para el funcionamiento de la trama era el uso de medicamentos para drogar a los perros y mejorar sus condiciones físicas. Un papel en el que tenía una posición destacada J.C.H.V., veterinario colegiado en Santa Cruz de Tenerife. La Fiscalía considera que es autor de un delito de pertenencia a organización criminal y cooperador necesario de otro de maltrato animal, por los que solicita tres años y cuatro meses de prisión. Era el encargado de supervisar el tratamiento médico de los perros, “procurando su recuperación tras las peleas”, según el escrito del Ministerio Público, y de extender las recetas necesarias para que el resto de miembros pudieran acceder a las sustancias dopantes que suministraban a los animales.
La convención canaria
El 18 de febrero de 2017 se celebró en el municipio de Güímar un evento que la presunta trama criminal bautizó como Convención Canaria de Peleas de Perros. Los principales acusados prepararon el acto con todo detalle, hasta el punto de someter a los asistentes a un celoso control de seguridad, retirada de móviles incluida, para evitar que se pudieran difundir las prácticas de maltrato animal que estaban previstas en la finca. A la cita acudió desde Madrid A.O.R., considerado por los investigadores el cabecilla nacional de la trama. En el segundo combate, toda la planificación de semanas se vino abajo.
En el momento en el que se celebraba la segunda pelea de la tarde, un operativo policial entró en la finca y puso fin al evento. La intervención se saldó con la detención de los participantes, que incluso llegaron a ingresar en prisión provisional, aunque todos se encuentran en la actualidad en libertad con cargos. Los agentes no llegaron a tiempo de evitar el primero de los combates, que no llegó a concluir tras el abandono de J.A.L.G., que primero retiró a su perro de la lucha y luego le fracturó el cuello para provocar su muerte. El cuerpo del animal fue encontrado, aún caliente, en una bolsa.
En la convención estaba prevista la celebración de un total de cuatro peleas. A la isla se habían desplazado, además de A.O.R., otros miembros de la red a nivel nacional. Los detenidos tenían en su poder dinero en efectivo destinado a las apuestas en cantidades que iban desde los 650 a los 2.000 euros por bolsillo. En el acto se encontraban dos menores de edad, de 17 años, hijos de dos de los acusados.
Además de la privación de libertad, la Fiscalía también pide que se aplique una pena de inhabilitación especial para los encartados que les impida desarrollar profesión alguna relacionada con los animales o su tenencia durante un período de entre tres y seis años.
