“La gente se muere esperando en Canarias por la Ley de dependencia”
El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha alertado este martes de que en Canarias y Cataluña “la gente se muere esperando” por la “desidia e impericia” de sus Gobiernos, dado que la lista de espera en dependencia supera la media nacional, con un 45,22 y 41,72 %, respectivamente.
Frente a esas dos Comunidades, Ramírez ha destacado el modelo de gestión de la Dependencia por el que ha apostado Castilla y León y ha hecho un reconocimiento expreso al buen resultado coste/eficacia, que ha considerado “ejemplarizante”, y al éxito de la descentralización en la prestación de servicios por parte de un Gobierno “que ha tenido alma”.
“La proximidad nos da eficiencia, esa es la clave para un modelo solvente e integrado plenamente en los servicios sociales”, ha asegurado Ramírez, quien ha aplaudido también la “reingeniería del proceso” llevada a cabo en Castilla y León con los CEAS como otra de las claves del desarrollo de un sistema “más simplificado” que, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del país, permite generar el derecho en un sólo acto administrativo.
Estas son las principales conclusiones que ha destacado Ramírez en su intervención este martes en una jornada que, bajo el título '10 años atendiendo a la dependencia en Castilla y León', ha analizado los avances y retos de la Ley de Promoción a la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
Tras recordar que la Asociación de Directores y Gerentes Sociales es una organización “municipalista,” “absolutamente independiente” y “muy crítica” tanto con el Gobierno central como con las distintas autonomías en materia de dependencia, Ramírez no ha dudado al expresar su “consideración, respeto y admiración” por la gestión de Castilla y León a la que ha marcado el “reto” y “responsabilidad” de servir de espejo en el que se puedan reflejar otras autonomías para que puedan ensayar con propuestas como el programa 'En mi casa'.
Entre los logros de la gestión de Castilla y León ha destacado el “envidiable” pacto social y el acuerdo marco alcanzado con los ayuntamientos y con las diputaciones para esa descentralización del modelo y ha confesado que en su día se “alió” con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ante la “amenaza” del Gobierno de la nación con su reforma local.
Ramírez ha asegurado que Castilla y León ha pasado también la “prueba del algodón” en lo que un día se vio como un “aspecto resbaladizo” de su modelo, en referencia al uso de la prestación vinculada de servicio, por la apuesta del Gobierno regional por una prescripción pública, una intervención en precios y un control público, “un tema muy interesante a seguir por otras comunidades”.
Tras refrendar el 8,9 conseguido por Castilla y León en la última evaluación de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Ramírez ha significado resultados concretos como el hecho de que un dependiente castellanoleonés tiene el doble de posibilidades de estar atendido que en otra comunidad o una lista de espera que ronda el 1 por ciento, frente a la media del 30 por ciento.
A esto ha sumado que Castilla y León lidera la creación de empleo por cada millón de euros de dinero público invertido --4.000 nuevos puestos en el último año--, con 50,1 puestos de trabajo “estables, directos y no deslocalizables”, frente a una media nacional del 34,8 o casos como Cantabria con un 20,7. “No es un gasto social sino la mejor inversión pública y de la mayor inteligencia que se puede plantear”, ha defendido.
Mejoras para el sobresaliente
Dicho esto, el presidente de este organismo ha considerado también que hay “margen de mejora” en el camino del “sobresaliente” y ha recomendado en concreto ahondar en la apuesta y blindaje del modelo a través de los CEAS, los ayuntamientos y de las diputaciones, mejorar la calidad de la atención con una mayor profesionalización ajustada a las necesidades individuales y recuperar la ayuda a domicilios, a la que se ha referido como “la joya de la corona en servicios de proximidad”.
Otras de las recomendaciones de Ramírez pasan por una mayor intensidad, flexibilidad y compatibilidad de los servicios y por una mejora de los plazos del reconocimiento de los derechos, si bien ha considerado que llegar a los tres meses comprometidos ya por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, será ya como hablar de “ciencia ficción” ante lo que ha augurado ese sobresaliente en la gestión de la dependencia en Castilla y León.
El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha reclamado también la recuperación de los derechos que se recortaron de forma “injusta” a las cuidadoras no profesionales, con especial atención a la incorporación de la cotización a la Seguridad Social, para “dignificar” esos cuidados y dar a esas personas “el reconocimiento que merecen”.
“Es de justicia”, ha reivindicado Ramírez quien, tras asegurar que llega a comprender algunas de las decisiones de recortes que se tomaron en la época de la crisis, ha hecho un llamamiento al Gobierno de la nación para que devuelva poco a poco esos derechos si bien ha expresado su temor ante la posibilidad de que el Ejecutivo central esté “volviendo a intentar engañar” al sector con una financiación para la Dependencia que no cumple.
Ramírez ha aprovechado la ocasión para recordar su empeño personal --“es casi un sacerdocio”, ha admitido-- por llevar la Dependencia a la agenda política, pública y mediática y para reclamar un Pacto de Estado por la Dependencia con la advertencia de que hay que mejorar la financiación ya que en el caso concreto de Castilla y León ha dejado de recibir 196 millones de euros desde el “maldito decreto de 2012”.
“El Ministerio tiene que comprometerse con la Ley de la Dependencia porque sino el quebranto lo sufren los otros dos financiadores, las comunidades autónomas y los dependientes” que, según ha advertido el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ya no pueden aportar más.
“El copago ya no da más de si y las comunidades autónomas lo han soportado --el esfuerzo-- de mala manera”, ha sentenciado Ramírez, para quien no es justo que el Estado aporte 1.455 millones a un sistema por el que se retornan a las arcas 2.241 millones en concepto de recaudaciones de impuestos.
