Un gestor de expedientes y más subvenciones para superar los años de parálisis del sistema de Dependencia canario

El sistema de atención a la dependencia avanza con pequeños pasos en Canarias, comunidad donde este derecho ha tardado más en despegar tras años de parálisis. Un mal comienzo en su implantación, suspendiendo durante años en todos los dictámenes del Observatorio Estatal para la Dependencia, la estancó durante algún tiempo en una lista de espera que no bajaba de las 9.000 personas. Se trataba de ciudadanos que teniendo el derecho a percibir la ayuda reconocida aún no percibían su prestación. Según los datos de julio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) actualmente hay 7.600 personas esperando por su prestación reconocida. El director de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero, explica que en septiembre se espera que el gestor de expedientes ya sea licitado y poder contar con esta herramienta por la que ya han mostrado interés varios ayuntamientos, ya que les permitirá trabajar en red. Será el sistema “que revolucione la tramitación de expedientes de dependencia en las Islas”, asegura. 

Otra de las cuestiones anunciadas para mejorar el sistema es que hasta el próximo día 10 de agosto pueden presentarse a la línea de subvenciones convocadas tanto entidades como ayuntamientos que tengan proyectos en materia de dependencia y discapacidad. Montero asegura que la subvención inicial de 4,4 millones se ampliará lo que resulte necesario con el fin de que “ningún proyecto que cumpla los requisitos se quede fuera” y, aunque habrá un comité técnico que evalúe las propuestas, las entidades tendrán la tranquilidad de que si cumplen los requisitos serán financiadas. 

Pese a ello, el sistema sigue teniendo algunos puntos en los que resulta más complicado que se aprecie una mejora. Gran parte de los demandantes de ayuda a la dependencia requieren de un centro sociosanitario, de ahí la insistencia por ampliar el plan de infraestructuras. La falta de personal ha sido otra de las piedras en el camino. Durante este mes se incorporarán profesionales al equipo que ya se ha ido ampliando, hasta alcanzar un total de 30, pero Montero aclara que solo pueden ser contratados hasta el 31 de diciembre. 

Las valoraciones en los domicilios de las personas dependientes es una de las tareas que quedó paralizada durante la pandemia. Pese a ello, el informe de la COVID-19 en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia elaborado por el Estado situó al Archipiélago como tercera región en incrementar el número de personas beneficiarias. Las valoraciones ya han comenzado con un estricto protocolo para tranquilidad de las profesionales y de las familias. Además, las solicitudes se han puesto al día y se han incorporado al sistema aquellos expedientes olvidados por el anterior Gobierno, lo que ha engrosado las estadísticas. 

A pesar de la existencia de datos más alentadores, nuevas solicitudes siguen entrando en el sistema. De un total de 55.000 que han entrado, se han estudiado 38.360, por lo que a las personas que se encuentran a la espera de la ayuda se le suman las que aún no han sido valoradas: 16.640. Un reciente informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha alertado también de que 1.848  dependendientes han fallecido desde enero de 2020 en las Islas, la mayor parte de estas personas (1.256) sin haber sido valorada su solicitud y por lo tanto sin tener reconocida la ayuda y 592  en el llamado “limbo de la dependencia”. No obstante, Canarias registró uno de los porcentajes más bajos de personas fallecidas en residencias con la prestación reconocida (5%). 

En el conjunto de España el atraso en materia de dependencia sigue siendo evidente. Según el informe presentado la semana pasada por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, elaborado con datos oficiales, un total de 32.035 personas fallecieron en los seis primeros meses del año, mientras seguían en las listas de espera de la dependencia. Esto supone que cada ocho minutos un dependiente muere a la espera de poder recibir las ayudas que prevé la ley, es decir, 176 personas al día en el conjunto del país.