El Gobierno español prefiere la Policía Canaria a la Guardia Civil en los juzgados
“Que sea la Policía Canaria”. Esa ha sido la respuesta del Gobierno de España al Ejecutivo autónomo canario para decidir qué cuerpo de seguridad del Estado debe asumir la custodia del recién inaugurado Edificio Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, vigilado desde hace semanas solo por la empresa de seguridad privada que ganó en su día el concurso para todas las dependencias de la Administración de Justicia en las Islas, Seguridad Integral Canaria.
La respuesta se produjo la semana pasada, en una reunión formal entre el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Alejandro Parres, y la delegada del Gobierno de España en Canarias, Mari Carmen Hernández bento, según han expllicado este martes a Canarias Ahora fuentes oficiales de la Viceconsejería de Justicia, que desde el cierre del viejo inmueble de la calle Granadera Canaria, espera a la Guardia Civil en el Edificio Judicial.
“Nos han dicho que sea la Policía Canaria quien custodie”, afirmaron sobre la ausencia de seguridad pública en la Ciudad de la Justicia de la capital isleña, cuando en el anterior recinto era la Guardia Civil quien se encargaba de la vigilancia principal, con el apoyo secundario de la empresa privada de Miguel Ángel Ramírez, que cuenta con 22 vigilantes, en diferentes turnos de mañana, tarde y noche, para el servicio contratado por la Comunidad Autónoma.
Las fuentes oficiales del Gobierno canario han añadido que “verbalmente, el viceconsejero ha trasladado al responsable de la Guardia Civil que en el nuevo Edificio tienen un espacio reservado para ellos, y que sería un honor seguir contando con su excelente servicio”, hasta la fecha llevado a cabo en los viejos juzgados, ya cerrados, de Granadera Canaria, que se ha terminado de vaciar en un traslado programado durante meses a la Ciudad de la Justicia.
Además, el Gobierno de Canarias ha especificado que efectivos de la Policía Canaria -en las siete islas no alcanzan el centenar de miembros- ya “ejercen labores en Menores”, dentro del Edificio Judicial de la Vega de San José, por lo que sería imposible asumir las funciones de custodia que, por otra parte, están asignadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a pesar de que haya transferencias de competencias judiciales a las autonomías españolas.
Este periódico ha intentado recabar la versión de la Delegación del Gobierno español, a lo largo de este jueves, sin que haya sido posible, en una semana en la que ha trascendido la queja de los jueces de instrucción, por la falta de custodia pública del nuevo edificio judicial, también inmerso en la polémica porque el propietario de la empresa de seguridad privada ganadora del concurso tenga vivos en ese recinto que vigila decenas de pleitos judiciales.
