Los graduados sociales achacan el retraso de la gestión de los ERTE en Canarias a “cuestiones ajenas al colectivo”

El presidente en funciones del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura (GRASOLPA), José Ramón Dámaso, niega que este colectivo sea responsable del retraso en la tramitación de las prestaciones derivadas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y achaca esta situación a “cuestiones ajenas al trabajo y funciones desempeñado por este colectivo”.

De esta manera, Dámaso responde a las palabras del coordinador regional y director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Pedro Duarte, quien no nombra “directamente” al Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, pero sí achaca los retrasos “a errores en la tramitación de ERTE”, cosa que a juicio del colectivo “no puede justificar la demora”.

Dámaso declara que desde el 15 de marzo, el día después de la declaración del estado de alarma, los graduados sociales realizan “jornadas maratonianas de 15 horas diarias, interpretando normas imprecisas, tramitando ERTES, solicitando prestaciones por desempleo, ceses de actividad, grabando altas, bajas y reducciones de jornadas, remitiendo aplazamientos, contabilizando facturas y, sobre todo, tranquilizando a más del 80% de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que son gestionadas por los despachos”, matizando que algunas de estas funciones son propias de la administración.

Dámaso asegura que el colectivo está haciendo “verdaderos malabares para tramitar los expedientes tal como recoge la normativa vigente” y, “hasta el momento”, asegura que han gestionado “más del 80% de los ERTES de Canarias, así como las prestaciones colectivas de desempleo de los trabajadores afectados (más de 130.000), sin que se haya incurrido en errores en dicha tramitación que impidan el abono de las prestaciones”.

En un comunicado, Dámaso explica que, al igual que las empresas y los trabajadores, el colectivo ha padecido “el colapso administrativo sin precedentes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), así como los constantes bandazos de la normativa con el fin de ir corrigiendo los errores del inicio”.

Así, detalla que durante los primeros días del estado de alarma “se indicó que la situación personal del trabajador, es decir, de la unidad familiar, no iba a ser tenida en cuenta en el reconocimiento de la prestación, sin perjuicio de que, una vez concedida, se regularice la misma”. Y en estos momentos, el Colegio Oficial de Graduados Sociales en Gran Canaria y Fuerteventura asegura que el SEPE envía “notificaciones de reconocimiento de prestación a los trabajadores para que que pongan en conocimiento la situación personal para proceder a su regularización”.

Por ello, Dámaso lamenta y rechaza que se trate de culpar al colectivo de la demora en el pago de las prestaciones derivadas de los ERTE, ya que “ha dedicado todo el esfuerzo posible e imposible para cumplir con los reales decretos” y achacar esta responsabilidad a los graduados sociales contribuye a añadir “mayor inquietud y disgusto a la ya de por sí desesperante situación en la que se encuentran empresarios y trabajadores”.

Dámaso ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a empresarios y trabajadores porque el colectivo continúa “muy atento” a las resoluciones “para ofrecer toda la información” posible y trasladar las gestiones que se puedan llevar a cabo. También recalca el agradecimiento a los graduados sociales “por el esfuerzo intensivo que están realizando en estos momentos, por su profesionalidad y por su trabajo silencioso pero indispensable”.