Incapacitado tras un alta 'prematura' y un accidente
Ernesto Paso asimila términos médicos y jurídicos con la familiaridad que le han aportado más de siete años de trasiego entre hospitales y tribunales. Desde que le detectaran una leucemia aguda, este joven grancanario de 31 años se ha enfrentado a una sucesión de contratiempos que han dejado maltrecha su rodilla izquierda, la causante de que le declararan la incapacidad total para el desempeño de su trabajo habitual, y le han sumido en un cuadro depresivo.
En abril de 2005, Ernesto causó baja en la empresa en la que trabajaba como conductor y repartidor para ser ingresado en el Hospital Universitario Doctor Juan Negrín, donde permaneció cerca de nueve meses con tratamiento de quimioterapia y complicaciones cardiacas. En marzo de 2006, el joven recibió el alta y se reincorporó a su puesto de trabajo, pese a que aún seguía recibiendo tratamiento. Apenas seis meses después, sufrió un accidente laboral al caer sobre su rodilla izquierda una carretilla pesada y metálica que estaba descargando del camión.
''Hasta ese momento repartía bien, trabajaba perfectamente, no cojeaba y hacía de todo“, relata Ernesto. Sin embargo, tras realizarle las pruebas oportunas y un tratamiento de rehabilitación, la mutua de accidentes laborales le comunicó que el traumatismo estaba relacionado con la enfermedad que padecía y la quimioterapia a la que estaba siendo sometido, por lo que remitió al paciente al Doctor Negrín.
Según le explicaron posteriormente, el hueso se había necrosado, es decir, había dejado de recibir flujo sanguíneo. ''Ningún médico lo ha querido poner por escrito, pero verbalmente me han dicho que no tendrían que haberme dado el alta porque los huesos estaban demasiado débiles por la quimioterapia“, sostiene Ernesto.
La lesión que le produjo el accidente le impidió ejercer su trabajo habitual, por lo que la empresa le ofreció la posibilidad de desvincularse y ser contratado por otra compañía donde realizaría labores que no implicaban ningún esfuerzo físico. Su nuevo periplo no duró más de dos meses. Los “graves dolores, hinchazones y limitaciones insoportables” que refiere haber padecido durante ese tiempo le llevaron de nuevo a Urgencias, iniciando un proceso que culminaría con la definitiva declaración de incapacidad total permanente el 22 de octubre de 2008.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) declaró que la incapacidad había sido consecuencia de la enfermedad de base, la leucemia, y no del accidente laboral sufrido por Ernesto, lo que implica que la pensión que está recibiendo sea sensiblemente inferior a la que percibiría si hubiera decretado la vinculación de su situación actual con el accidente. La base reguladora por enfermedad común se fijó en 715 euros.
El joven presento una demanda laboral en los Juzgados para reclamar que se anule la resolución del INSS en cuanto a la contingencia y que la base reguladora se incremente, por lo tanto, hasta los 1.200 euros. Para ello ha aportado un informe del Instituto Canario de Valoración del Daño Corporal (ICAV) que concluye que “existe relación de causalidad entre el accidente laboral sufrido, las lesiones sufridas y la incapacidad resultante, teniendo en cuenta la evolución de las lesiones y su estado previo”.
La pericial del ICAV determina que el estado previo al accidente “ha influido en las consecuencias del traumatismo sufrido ?una lesión ósea inestable de cuatro por cuatro centímetros-, pero hasta que sufrió el accidente no presentaba impotencia funcional manifiesta a nivel de rodillas”. De esta manera, concluye que el golpe sufrido “agravó el estado previo de la rodilla”.
El Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria desestimó la demanda interpuesta por Ernesto al estimar el argumento de la parte demandada (Tesorería General de la Seguridad Social, mutua de accidentes laborales y la empresa), que había alegado la caducidad de la instancia presentada. ''Mis abogados dicen que lo van a recurrir porque están en plazo“, afirma Ernesto.
''Me voy a ver en la calle“
Ernesto, que superó la leucemia y dejó de recibir quimioterapia a finales de 2007, ya ha dado su consentimiento para someterse a una cirugía con la finalidad de reemplazar las partes dañadas de la rodilla e, incluso, para la implantación de una prótesis “según el éxito de la intervención”. ''Debería haber sido operado ya y no con prótesis, porque existen injertos y una prótesis de rodilla se recomienda a personas mayores de 55 años“, destaca el joven, que se ve imposibilitado para realizar muchas labores cotidianas por los problemas de movilidad que le ha acarreado este accidente.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sufraga actualmente el 100% del alquiler de la vivienda donde reside Ernesto, que actualmente cobra una pensión de aproximadamente 460 euros. Sin embargo, el acuerdo con el consistorio, firmado hace casi dos años, vence en agosto. “No tengo dónde ir, ni ayuda familiar. Me voy a ver en la calle y en estas circunstancias no me lo puedo permitir”, concluye.
