Los jueces canarios deciden el viernes si hacen paros o van a la huelga
Los jueces y magistrados canarios han sido convocados este viernes a debatir en juntas generales qué acciones emprender frente a la reforma de su estatuto orgánico que ha proyectado el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón y el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las juntas tendrán lugar en la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria a las 10:00 de la mañana, y en la de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 13.00. Fuentes judiciales han adelantado a este periódico que no se descartan medidas como paros parciales e incluso la huelga, aunque no se pronunciarán sobre las mismas hasta el viernes.
Según el magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete (Jueces para la Democracia, JpD), “no se trata ya solo de que se pretenda controlar las licencias de que disponemos, o nuestros días de baja por enfermedad, sino que tampoco estamos de acuerdo con la reforma del Consejo General del Poder Judicial”.
En esta ocasión, como hace cuatro años frente al ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, los jueces y magistrados de las diferentes asociaciones se han unido como un bloque al se que se han sumado fiscales y secretarios judiciales. Este mismo miércoles se ha difundido un comunicado interasociativo en el que expresan su “patente malestar” por las reformas, y que firman Jueces para la Democracia, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación Independiente de Fiscales, y Unión Progresista de Fiscales.
Consideran que se les pretende imponer un estatuto “incluso más perjudicial que el de la Función Pública”, y entre sus principales quejas destacan que tengan que justificar tres días de asuntos propios; que carezcan de un catálogo de enfermedades profesionales, para las que el Ministerio pretende establecer un baremo, y que se les quiera controlar las licencias por estudios o por enfermedad.
En contra de la remodelación del Poder Judicial
Astor Landete también considera que es “inaceptable” la reforma de la composición del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, que en el anteproyecto de reforma se pretende que esté constituido por 12 vocales elegidos por los propios jueces, y los restantes, por Las Cortes, lo que para la Asociación Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia supondría un control de los conservadores sobre el Poder Judicial.
En la reforma de Ruiz-Gallardón se contempla que sólo el presidente del Consejo tenga dedicación exclusiva y que el resto de los vocales perciban únicamente dietas (en la actualidad cobran un salario bruto de 112.000 euros), lo que las asociaciones consideran “inconstitucional” y un peligro en cuanto a la imparcialidad de los jueces.
Otro punto conflictivo es que las decisiones del Pleno del Consejo se tomarán por mayoría simple y no por dos tercios de los votos. Tampoco están de acuerdo con que una figura al margen del CGPJ, “un promotor de acción de la Justicia”, sea quien proponga las sanciones disciplinarias.
Jueces para la Democracia considera que la reforma “pretende despojar de funciones al Poder Judicial”. Para la Francisco de Vitoria, “supone la eliminación del CGPJ al dejarlo sin competencias”.
