Jueces y fiscales denuncian indefensión
Varias asociaciones de jueces y fiscales han mostrado en un comunicado su preocupación por la indefensión en que se encuentran en el ejercicio de sus funciones y su apoyo al juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arucas, Mariano López Molina, que el pasado 16 de enero fue amenazado por un vecino que, armado con tres cuchillos y un martillo, le destrozó el coche sin que el vigilante de seguridad pudiera evitarlo.
Jueces para la Democracia en Canarias, El Foro Judicial Independiente y la Unión Progresista de Fiscales han expresado su malestar por la agresión ocurrida. A ellos se les ha unido la asociación judicial Francisco de Vitoria.
Los jueces y fiscales manifiestan que “mediante este comunicado pretendemos poner en conocimiento de la ciudadanía las deficientes condiciones en las que desarrollan su trabajo numerosos jueces y fiscales, expresar nuestro apoyo y solidaridad al compañero amenazado, así como exigir de las administraciones competentes que asuman sus propias responsabilidades y adopten las medidas necesarias para evitar este tipo de sucesos”.
Asimismo, recalcan, como ha han hecho en manifiestos anteriores para denunciar “las deficientes condiciones materiales en que trabajamos”, la inseguridad en que deben ejercer sus funciones, que deben acudir a diario a su trabajo “en su vehículo particular y a menudo no disponen siquiera de una plaza de aparcamiento en lugar cerrado o vigilado”.
La indefensión es más grave, como parece demostrar la agresión contra el juez López Molina, en el caso de los jueces y magistrados instructores, que “deben adoptar ”decisiones particularmente delicadas en relación con presuntos delincuentes imputados y procesados por todo tipo de hechos criminales, y a menudo con personas aquejadas de trastornos psíquicos que no reciben la atención y tratamiento adecuados por las instituciones competentes“.
Recalcan que esos jueces de juzgados de Instrucción no disponen “de medios de protección frente a determinados tipos de reacciones a las que se ven expuestos con más asiduidad que la que trasciende a los medios. La situación resulta llamativa en comparación con la de otras autoridades que no adoptan decisiones de tanta responsabilidad que desgraciadamente conllevan un cierto riesgo personal”.
Las asociaciones de jueces y fiscales trasladarán este escrito de malestar al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio Fiscal, a la sala de gobierno del TSJC, Delegación del Gobierno en Canarias, Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias, Junta de Personal de la Administración de Justicia y Colegios de Abogados y Procuradores de Las Palmas, así como a las asociaciones profesionales de jueces, fiscales y secretarios judiciales.
