La ley de Costas incumple directivas europeas
WWF ha presentado una queja ante la UE porque considera que la modificación de la ley de Costas, aprobada por el Consejo de Ministros a finales del pasado año, va en contra de los pilares básicos defendidos por la UE en materia de medio ambiente. De hecho, la organización denuncia que la reforma de la Ley de Costas podría vulnerar varias directivas europeas.
La modificación incumpliría la legislación relativa al riesgo de inundaciones. WWF insiste en su queja en que la reforma conllevaría la ocupación de zonas susceptibles de inundarse. De hecho, omite lo que se refleja en el Atlas de Áreas Inundables (1) encargado por el propio MAGRAMA. Además, ignora las previsiones realizadas por los expertos sobre los impactos del cambio climático en los próximos 75 años (período ampliado a las concesiones a particulares e industrias en la costa), sobre los bienes e infraestructuras situadas en el litoral. Esto podría dar lugar a daños en “personas y bienes” de los que se derivarían responsabilidades legales para sus promotores.
Para WWF, también incumpliría la obligación de garantizar la buena calidad de sus aguas. No en vano, la reforma de la ley fomenta la desprotección de la franja costera, poniendo en riesgo importantes ecosistemas litorales, como salinas, dunas y marismas. Todo ello a pesar de que estos espacios impiden la regresión de playas y aseguran un buen estado de los recursos pesqueros, etc. Asimismo, no se han evaluado las consecuencias que sobre este aspecto tendría también el fomento del urbanismo en la costa y de los usos industriales.
WWF destaca que tampoco ha respetado lo que refleja la normativa sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. La organización pide al gobierno que no se plantee generar más residuos. De hecho, sigue sin resolver los problemas que ya existen en esta materia por la insuficiencia de sistemas de depuración. La estacionalidad de la población en la costa y el urbanismo excesivo han supuesto que las infraestructuras estén mal dimensionadas y no sean útiles, especialmente en verano.
Por último, WWF recuerda que no se ha permitido a las ONG acceder a la cartografía ni a los criterios usados por el Gobierno para la exclusión de los diez núcleos urbanos y Formentera del Dominio Público.
Desde que se presentó, WWF ha alertado de que su aprobación supondría un varapalo para la riqueza de nuestro litoral y fomentaría la inseguridad jurídica. De hecho, el proyecto favorece los intereses privados en detrimento de un bien público y del interés general, reduce la servidumbre de protección y amplía el plazo de concesiones.
Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España, ha declarado: “Fomentar la ocupación del litoral es una temeridad que con seguridad dará lugar en el futuro a responsabilidades”. Y añade: “La reforma va en contra de la legislación europea y es de tal calado que resulta urgente que la Comisión Europea y el Parlamento europeo se pronuncien sobre ella antes de su aprobación en el Parlamento español”.
