Ley de Seguridad: innecesaria y sancionadora
Este lunes tuvo lugar en Café d`Espacio (Las Palmas de Gran Canaria) un debate público sobre la Ley de Seguridad Ciudadana que planea el Gobierno de España organizado por Acción en Red-Canarias y Alternativa Antimilitarista-MOC Las Palmas.
La cuestión jurídica fue expuesta por Victoria Rosell, magistrada de Jueces para la Democracia, y Juan Manuel Brito, activista e investigador social ofreció una visión sociopolítica acerca de la Ley.
La magistrada Victoria Rosell valoró el interés mostrado por los movimientos sociales hacia el aspecto jurídico de la Ley de Seguridad Ciudadana y afirmó que “los responsables políticos parecen olvidar que deben garantizar el derecho de manifestación, no limitarlo. La evocación del orden público no puede convertirse nunca en un pretexto para eliminar el ejercicio de un derecho fundamental”.
Inseguridad “vendida”
La criminalidad no ha parado de descender durante los últimos años. Los delitos y faltas registrados en España en 2012 se han reducido un 0,7% con respecto al año anterior, lo que mantiene el índice de criminalidad en nuestro país como uno de los más bajos de la Unión Europea, según cifras del propio Ministerio de Interior. Aún así, el Gobierno se ampara para sacar adelante esta Ley, en los altos índices de inseguridad que hay en España.
“Nos están vendiendo que existe un problema de seguridad, cosa que no es cierta, y que manifestarse requiere una autorización porque si no lo haces recurres a un comportamiento antisistema”, explicó Rosell.
Durante el debate se hizo hincapié en el retroceso que han sufrido los derechos de los ciudadanos. Para la magistrada, la medida de la gravísima situación en la que nos encontramos es que “la Constitución parece el lugar donde queremos llegar, no nuestra base”.
Una ley “sancionadora” y “antiprotesta”
Ambos ponentes coincidieron en que la Ley de Seguridad Ciudadana es “totalmente innecesaria”. Para Brito, se trata de una norma “ideológica que responde un interés por moldear la realidad según sus propias ideas que responde al intento de mantener el poder y controlar a la sociedad, no una ley que pretenda dar respuesta a un problema”. Afirmó que esta legislación es consecuencia del impacto de los movimientos sociales, por ello, se la ha denominado como Ley Antiprotesta.
Para Rosell, “es desproporcionada, ilegítima y sancionadora. En la que la Administración es juez y parte y en la que dos tercios de su texto son infracciones”. Brito destacó que “esta Ley forma parte de un paquete más amplio de contrarreformas dirigidas a satisfacer a una parte importante del electorado del Partido Popular. En concreto, el sector más conservador”.
Para el activista e investigador social, la Ley de Seguridad Ciudadana tiene entre sus objetivos la deslegitimación de las organizaciones de los movimientos sociales y las nuevas redes de protesta, “esta norma es un impacto del ciclo de protesta que se viene desarrollando desde 2011. Procesos sociales en los que surgen nuevos actores y en el que se producen relaciones entre organizaciones de los movimientos sociales que anteriormente no se producían y en el que se dan situaciones de experimentación en relación a los repertorios de acción colectiva”.
Para la magistrada Victoria Rosell, en esta Ley “hay mucha criminalización de la disidencia política y social”. En lo referente a la cuantía de las multas previstas, que pueden alcanzar hasta los 600.000 euros, destacó que no se tiene en cuenta la capacidad económica de las personas, “es un factor discriminatorio”.
La difusión de imágenes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones serán consideradas infracciones muy graves. Rosell aseguró que el derecho a la intimidad y contra las amenazas o insultos “ya están garantizados” con las leyes actuales.
Actuaciones judiciales
Ambos destacaron el importante papel que juegan los jueces en este sentido. “Las actuaciones de los jueces pueden favorecer o limitar las oportunidades políticas de los movimientos Como la decisión de la Audiencia Nacional de absolver a los acusados del 25S, pero también otras actuaciones como anular prohibiciones de manifestaciones o acciones de protesta han favorecido el alcance de la protesta social en contra de los intereses del Gobierno”, comentó Brito.
El descontento del Gobierno hacia algunas de las actuaciones de los jueces fue otro punto común en las reflexiones de Brito y Rosell, para la magistrada, la Ley de Seguridad Ciudadana denota una cierta desconfianza hacia los jueces “no hemos respondido a las expectativas del Gobierno”.
Brito aseguró que las actuaciones judiciales “se han presentado como muy tolerantes y favorables a proteger el derecho ciudadano a la protesta, lejos de lo que le gustaría al Gobierno”.
Consecuencias y alternativas
En la unidad está la clave. Rosell planteó la posibilidad de encontrar “una brecha jurídica” para defender los derechos. Una defensa que tendrá que ir de la mano de un bloque homogéneo en el que “solo puedes dejar fuera al fascismo y a la gran empresa. Un bloque plural como vacuna contra el sectarismo”.
Rosell invitó a los asistentes a que se acercaran al mundo del derecho, “una de las tareas del bloque ciudadano podría ser la lucha jurídica por los asuntos que verdaderamente importan”, aseguró.
En cuanto a las consecuencias que tendrá la Ley, Brito afirmó que “el aumento de las restricciones en materia de libertades y derechos civiles y de la represión policial, suelen suponer una mayor dificultad para la movilización social, que, por cierto, creo que está pasando por un momento difícil por cierto agotamiento”.
Brito destacó que esta norma traerá “más conflictividad que puede derivar en una mayor restricción de la protesta”.
“Esta situación afecta de manera directa a las organizaciones de los movimientos sociales y a las nuevas redes de protesta que en la actualidad se presentan como los principales actores de oposición política, muy por delante de los partidos políticos y los sindicatos”, añadió Brito.
Ante este panorama, Brito aseguró que “las organizaciones de los movimientos sociales, las nuevas redes de protesta y la izquierda política están avocadas a tomarse en serio la desobediencia civil, a recurrir a la resistencia no violenta y a echar mano de la creatividad y la imaginación para desarrollar acciones colectivas que sean capaces de superar las restricciones y conectar con las necesidades y demandas de amplios sectores de la ciudadanía”.
