Morales recurre para evitar su expulsión
El activista uruguayo José Morales ha presentado a primera hora de este viernes un recurso ante la sede de la Delegación del Gobierno en Lanzarote para intentar paralizar su expulsión del país.
El pasado 2 de mayo la Delegación del Gobierno de España en Canarias comunicó a este ciudadano uruguayo residente en Lanzarote desde hace más de 10 años, con una hija de nacionalidad española y plenamente arraigado en España, que tenía 48 horas para abandonar el país o sería arrestado y repatriado por formar parte de una protesta contra las prospecciones petrolíferas ante la sede del PP en Lanzarote. El plazo expira a las 12.00 horas.
Morales señaló, en declaraciones a San Borondón, que el movimiento social de Lanzarote acordó elevar varias iniciativas para ayudarle en la lucha por evitar su expulsión, entre ellas realizar una concentración pacífica este sábado a las 12.00 horas qnte la sede del Gobierno estatal en la isla, con la que se pretende convocar a la máxima cantidad de gente posible a los efectos de manifestar el rechazo a esta dura medida adoptada por la Delegación del Gobierno y en repulsa a este tipo de iniciativas.
Anunció igualmente que en las últimas horas ha tomado contacto con varios parlamentarios con el objetivo de que se presenten iniciativas de repulsa tanto en la mesa del Congreso de los Diputados como ante la Unión Europea, pero también con organizaciones pro derechos humanos y organizaciones sociales, inclusive a nivel internacional, para denunciar “esta situación abusiva, esta persecución y vigilancia extrema” a la que se está viendo sometido.
Morales dijo que también se llevarán a cabo iniciativas para que la representación de Uruguay en España tome cartas en el asunto, tanto en la Embajada en el Estado español como ante el Consulado en las islas, porque “a muchas personas les llama poderosamente la atención que hasta el momento no haya un pronunciamiento oficial ni asistencia por parte de la representación de su país en España para evitar este duro golpe”..
El activista insiste en que esta situación es un “claro atropello” a los derechos fundamentales, por lo que “no tiene lógica democrática y humanitaria que el Gobierno estatal siga adelante con la desmedida expulsión” porque, insiste, “se trató de una protesta pacífica para manifestar el rechazo del pueblo a la industria del petróleo”.
