Morir esperando

“Dos de cada tres dependientes canarios en lista de espera morirán sin ser atendidos”. Así de contundente se ha mostrado José Manuel Ramírez, director de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, respecto a la dramática situación que vive una ley de Dependencia cuya merma no cesa bajo la yugo de la tijera de las administraciones.

Esta tesis la sustenta con la objetividad de los datos: de los 24.301 dependientes canarios que han solicitado acceder a las prestaciones de la ley, tan solo 11.926 han recibido la ayuda. Esto deja la lista de espera en 12.375 dependientes, quienes, según el director de los Gerentes Sociales, “podrían estar esperando más de tres años” por acceder a las mencionadas prestaciones. Si tenemos en cuenta que la esperanza de vida media de estas personas no suele sobrepasar los tres años, según datos del INE a partir de la encuesta sobre Discapacidad y Estado de Salud, tan solo hay que relacionar cifras para sacar conclusiones.

“Un dependiente canario tiene tres veces menos posibilidades de ser atendido que uno de cualquier otra comunidad autónoma” sostiene José Manuel Ramírez, cada vez más alarmado por una “derogación encubierta de la ley de Dependencia” que cada vez toma más cuerpo. No en vano, el Archipiélago Canario se sitúa a la cabeza en el limbo de la Dependencia, o sea, esas personas a las que se les ha reconocido el derecho pero no se les ha dado ninguna prestación o el servicio que le corresponde.

La consejera de Políticas Sociales del Gobierno canario, hace algunas semanas, aseguraba que en los presupuestos autonómicos se garantizará el sistema de Dependencia canario, punto en el que los Gerentes Sociales siembran sus dudas. “No entiendo como Inés Rojas puede decir eso”, apunta Ramírez, “para garantizar la Dependencia en Canarias habría que, como mínimo, doblar la partida económica destinada a esta”. Lo cierto es que sí se ha aumentado, pero en apenas un 0,59%.

El 15 de julio el Gobierno de Rajoy aprobó un real decreto que, según los Gerentes Sociales, “encarna el destrozo definitivo a la ley de Dependencia”. En este, entre otros puntos, suprimen el pago estatal de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes, invitándoles a pagársela ellos mismos si quieren cotizar. Si a esto le sumamos que se ha reducido un 15% sus retribuciones y que se da poder a las comunidades autónomas a ampliar esta merma hasta un 80%, no son de extrañar los datos que arroja el último informe de los Gerentes Sociales: en apenas un mes, el número de estos cuidadores que cotizan en la Seguridad Social en Canarias ha disminuido un 83%.

De los 2.782 que había en el mes de octubre -1.638 en la provincia de Las Palmas y 1.144 en la de Santa Cruz de Tenerife- se ha pasado a 476 en el mes de noviembre -269 en Las Palmas y 207 en Santa Cruz de Tenerife-. En el territorio nacional, se ha pasado de 171.713 a 25.350. “En Canarias, si eres dependiente, ser beneficiario de las prestaciones es una lotería y encima, si te toca, te recortan las ayudas”, apunta Ramírez.

Este último informe de los Gerentes Sociales aporta varios datos que evidencian el deterioro a la Dependencia que sigue sufriendo España: en el territorio nacional, y en tan solo un mes, hay casi 4.000 dependientes menos con derecho a prestaciones, 2.308 beneficiarios menos, 2.262 grandes dependientes menos y 146.363 cuidadores han dejado de cotizar en la Seguridad Social.

“La destrucción y total paralización del sistema es tan evidente que no merece que le dediquemos más cálculos”, sostienen los Gerentes Sociales, quienes aseguran que “los fallecimientos ?de los dependientes- financian el déficit del Estado”.

“En la actualidad hay en espera 230.203 personas con derecho reconocido, no se mantiene la tasa de reposición y se reduce el número de grandes dependientes a la vez que se restringe el derecho a atención a las personas con dependencia moderada. El Gobierno Rajoy advirtió de que la Dependencia es inviable y esta será la única promesa que van a cumplir”, concluyen.