La juez ve nuevos delitos por amenazas y contra la Administración de Justicia
El juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife ha abierto una pieza separada con motivo de la amenaza de muerte al empleado público que es uno de los principales testigos en el caso de la funcionaria víctima de acoso laboral, en el Centro Municipal de la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, ya que la juez considera que se ha cometido un delito de amenazas y otro contra la Administración de Justicia.
El amenazado, delegado en Prevención de Riesgos Laborales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, relacionó ante la Fiscalía las posibles conexiones entre el acoso laboral y las contrataciones irregulares desde el área de la Mujer a la empresa Innova. El pasado 12 de marzo, sobre las diez de la noche, fue amenazado de muerte y, según ha podido saber CANARIAS AHORA, ya hay un detenido por esa causa, aunque ahora que sea identificado en una rueda de reconocimiento.
La juez titular de Instrucción 4, María de los Ángeles Lorenzo Cáceres, considera que se ha dado un delito de amenazas y otro contra la Administración de Justicia, dado el carácter de testigo principal de la causa del amenazado.
El empleado público ha ampliado la denuncia inicial, ya que considera que la amenaza está directamente vinculada con sus actividades sindicales y ha interpuesto denuncia contra la vigilante de seguridad que trabajaba en el Palacete de Coviella, sede del Centro Municipal de la Mujer (en la actualidad inoperativo), por calumnias y daños al honor, ya que la vigilante le acusó de actuación delictiva por distribuir información sindical en los tablones de anuncios del Centro.
El mismo día en que ocurrió ese suceso, el testigo fue amenazado de muerte con la posibilidad de sufrir un accidente de moto de fatales consecuencias, relación que puso en conocimiento del juzgado.
