Oramas pide prohibir a condenados cobrar de las televisiones
La diputada de Coalición Canaria y Nueva Canarias (CC-NC), Ana Oramas, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno central a cometer las reformas legislativas pertinentes para impedir que los condenados y sus familiares puedan “lucrarse” por relatar sus testimonios en los programas de televisión.
Oramas pide que la Adminsitración central inicie los cambios normativos precisos, bien por modificación de la Ley de Televisión Privada y la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, o por su desarrollo reglamentario, para ilegalizar cualquier tipo de pago o prestación desde los medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión a las personas que, tras ser condenadas por la justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas económicas que les fueron impuestas. Una prohibición que alcanzaría también a los familiares o allegados de los afectados, precisa en un comunicado.
En la misma iniciativa, plantea también que se “estudie la posibilidad” de que la prohibición de remuneraciones se extienda a las personas imputadas o condenadas por cometer delitos sin penalización económica pendiente, que “podrían ejercer su derecho a la libre expresión en los medios, pero sin recibir remuneración de ningún tipo por declaraciones referidas a los delitos probados o presuntos con los que se les ha relacionado”, indica.
Asimismo, denuncia que “la controversia que siempre han generado los pagos realizados por las cadenas de televisión a delincuentes convictos o a sus familiares se ha multiplicado en las últimas fechas con la aparición de nuevos personajes”. Algo que, según advierte, ha contribuido subrayar “la perversión de valores que supone que, por ejemplo, un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a una televisión a hablar de ello”.
La diputada nacionalista enumera en la iniciativa algunos de los casos que más polémica han suscitado en los medios de comunicación y afirma que “todos ellos supusieron la reiteración de unas prácticas que, paradójicamente, premian con sustanciosos emolumentos a delincuentes condenados por contar directamente en televisión sus particulares versiones sobre los delitos que cometieron”. Sin embargo, no consta que “hayan restituido a las arcas públicas las cantidades robadas o las multas e indemnizaciones impuestas”, apostilla.
Para Oramas se da la circunstancia de que los medios televisivos que prestan el servicio público en base a concesiones públicas realizadas por el Estado “vienen a premiar a la postre a delincuentes con cantidades que ningún profesional de la televisión percibe por aparecer en pantalla una o varias horas”.
Añade que desde el ejercicio del servicio público de televisión en régimen de concesión administrativa “se está financiando de esa forma a personas que, lejos de restituir las cantidades defraudas a la administración pública, mantienen ocultos los recursos obtenidos con sus delitos”. Algo que califica de “contrasentido, ante el que los poderes públicos no pueden permanecer impasibles”; con independencia de que corresponda a las organizaciones profesionales de la comunicación y el periodismo la autorregulación debida para que se restablezcan las buenas prácticas deontológicas, declara.
Oramas reitera que la iniciativa se basa en que “los delincuentes no puedan percibir beneficios económicos por sus apariciones, no ya sólo en los medios audiovisuales beneficiarios de una concesión administrativa de las administraciones públicas, sino en cualquier otro tipo de medio de comunicación impreso o digital”.
Concluye diciendo que “la extensión continuada de pagos a personas condenadas o relacionadas con condenados o imputados por ocupar tiempos de pantalla y ganar determinadas audiencias se ha convertido además, en muchos casos, no ya sólo en un circo, donde no se respeta ninguna regla informativa, sino en un trampolín para la comisión de otros delitos de calumnias o injurias”.
